El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a suspender la privatización de hospitales en Madrid. Esta medida se une al parón que decretó un juzgado de Instrucción madrileño el pasado 3 de septiembre y repite la medida que los mismos magistrados dictaron el 10 de julio -levantada más tarde-. Así, la adjudicación de seis centros a tres empresas que inició la Comunidad de Madrid en noviembre de 2012 y que se concretó en agosto tiene encima dos frenos judiciales: uno por la vía penal -la de inicios de mes- y esta que sigue la vía de lo contencioso.
El escrito de los magistrados del TSJM establece que el cambio en la fianza que introdujo la Consejería de Sanidad -del 5% del contrato total de diez años al 5% de una anualidad- “puede exceder de la posibilidad de rectificación de errores materiales”. Además, el auto señala que “sin verter consideración alguna acerca del nuevo modelo de gestión sanitaria elegido, considera que el cambio (...) del modelo de atención sanitaria especializada es de unas dimensiones tan extraordinarias que haría imposible volver a la situación anterior”.
Con esta decisión, la entrada de empresas contratistas en los hospitales queda doblemente paralizada. Además, el TSJM sí considera a los recurrentes, la Asociación de Facultativos AFEM, competente para entrar en el proceso. La Comunidad de Madrid había iniciado su defensa legal aduciendo que los médicos no podían siquiera recurrir. Con ese mismo argumento habían conseguido sacar a los diputados del PSM del proceso después de que los mismos magistrados decretaran la primera supensión de las adjudicaciones el 10 de julio. En esta ocasión sí se entrarará en el fondo de la cuestión.
La privatización está desarrollándose en medio de una intensa batalla legal en contra. La subasta de gestón sanitaria tiene pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por el PSOE. Además, la querella de AFEM que aún está en fase de instrucción y el recurso contencioso-administrativo de la misma asociación que hoy ha logrado frenar los planes privatizadores del Gobierno de Ignacio González y el consejero Javier Fernández-Lasquetty.
Los magistrados del Tribunal Superior también han establecido que las acciones penales no interfieren con las contenciosas. El consejero Lasquetty trató de quitar legitimidad al juez instructor a comienzos de septiembre y aseguró que el asunto ya había sido ventilado por el TSJM al levantar el primer parón. Ahora, esos mismos jueces a los que Lasquetty puso como argumento de que su nuevo modelo ya contaba con el visto bueno legal han puesto, de momento, una nueva traba a la entrada de las empresas en los hospitales.