El Juzgado de Guardia de Oviedo ordenó este miércoles el ingreso en el hospital de una mujer embarazada de 42 semanas para “de ser preciso” inducirle el parto. La policía se presentó en su casa para ejecutar la orden y desde el miércoles a media tarde la mujer está ingresada el Hospital Universitario Central de Asturias. La mujer, que ya tenía contracciones y síntomas de parto, había seguido todos los controles médicos. En el último, ayer mismo, los médicos le recomendaron la inducción del parto por haber superado ya las 42 semanas de gestación. Ella, sin embargo, decidió pensarlo. El Subdirector de Servicios Quirúrgicos y Críticos del HUCA acudió entonces al juzgado a informar de la situación.
“A las 13,15 horas de ayer se recibió en el Juzgado de Guardia de Oviedo (Instrucción nº 1) una solicitud firmada por el Subdirector de Servicios Quirúrgicos y Críticos del Hospital Universitario Central de Asturias, previniendo acerca de la necesidad de ingreso en el Hospital para la inducción inmediata del parto de una señora domiciliada en Oviedo 'sugiriendo, la adopción de orden de ingreso obligado para la práctica inmediata de parto inducido', en dicho centro sanitario”, asegura el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
En esa solicitud se incluía un informe del Jefe de Sección de Obstetricia del hospital en el que aseguraba la mujer había interrumpido los controles médicos en la semana 35+2 de gestación. La familia ya ha puesto el caso en manos de una abogada, Francisca Fernández, que asegura que la mujer había seguido sus controles médicos en un centro privado y el juzgado en ningún momento se puso en contacto con ella para hacer comprobación alguna.
Este miércoles, al sobrepasar ya la semana 42 de embarazo, la mujer volvió a acudir al hospital público para seguir los controles de monitores. Allí, le recomendaron la inducción. “Ella dijo que quería pensarlo, se fue a dar un paseo y cuando volvió encontró la sala cerrada. Ya tenía contracciones y los resultados de las pruebas habían salido bien, el niño estaba bien. Decidió irse con tranquilidad a casa y, puesto que ya tenía síntomas, esperar que el parto se desencadenara”, relata la abogada.
La siguiente noticia que la mujer tuvo del hospital, asegura, fue la llegada de la policía a su domicilio: “Le dijeron que tenían una orden judicial y una ambulancia abajo para llevarla al hospital”. En el informe que el subdirector presentó ante el juzgado, aseguraba que, puesto que la mujer se encontraba en la semana 42+3 de gestación, si el parto se realizaba en casa existía “riesgo de hipoxia fetal y muerta fetal intrauterina”
“Valorando exclusivamente el contenido de dicho informe, el Juzgado acepta la solicitud y dicta a las 3 de la tarde un Auto en el que ordena el traslado en un vehículo medicalizado y posterior ingreso de la mujer en el hospital para un pacto inducido si procediera”, continúa el Tribunal Superior en un comunicado.
En el autor del juzgado, al que ha accedido eldiario.es, la magistrada alude a la Ley de Autonomía del Paciente, aunque ninguno de los artículos que menciona hace referencia a un caso como este. También menciona el artículo 9 y el 158 del Código Civil: “Establece que el nasciturus gozará de los mismos derechos del nacido, en todo lo que le resulte favorable (...) las medidas que puede adoptar el juez y, en general, abriendo el catálogo a todas las que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios”. En el auto, la jueza insiste en que la decisión de la mujer, a pesar de ser informada, “podría poner en inminente y grave peligro la vida de su hijo”.
La abogada Francisca Fernández subraya que el parto en casa es legal en España y que ningún médico puede ir contra la ley. “Puede tener sus criterios médicos, pero esto que han hecho no entra dentro de las excepciones al consentimiento informado de los pacientes. No puedes coger a una mujer por la fuerza para que dé a luz”, apunta. La mujer había manifestado su intención de parir en casa, aunque la decisión final iba a depender, dice la letrada, de las circunstancias finales que se dieran.
La policía acompañó a la mujer al hospital, que fue ingresada y a la que no le indujeron el parto, puesto que ya tenía contracciones. Al cierre de esta pieza, se encontraba en la fase final del parto. “No se puede obligar a nadie a que siga un tratamiento médico. Ella ni siquiera se había negado. El juzgado no hizo ninguna indagación, a esta mujer ni le han pedido pruebas ni se le ha permitido hablar”, dice la abogada. Una vez pase el parto, la mujer y su representación legal decidirán si emprenden algún tipo de acción. Varios colectivos han convocado este jueves por la tarde una concentración frente al hospital para protestar por lo sucedido.