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El debate sobre juzgar a menores de edad como adultos toma fuerza en El Salvador
Dos órganos del Estado y la Fiscalía de El Salvador han avivado el debate sobre la posibilidad de juzgar a menores de edad como adultos por la participación de estos en las pandillas; la discusión podría llevar al país centroamericano incluso a denunciar tratados internacionales.
La última voz que se ha sumado a este coro, que urge la “necesidad” de revisar la legislación local y los tratados suscritos por El Salvador, es la del fiscal general, Douglas Meléndez, quien además ha pedido al Congreso la potestad de ordenar la captura de menores involucrados en la comisión de delitos.
Para el jefe fiscal es menester “revisar la penalidad de ellos y la forma de actuar (legalmente) contra los menores” porque en la actualidad “nos vemos limitados”.
“Aun y cuando respetemos los convenios internacionales de protección” de la niñez, “el ámbito de El Salvador es distinto al de otros países y no hay manera de que ataquemos el crimen, si no es aceptando nuestra realidad” de que hay menores miembros de pandillas, señaló durante una conferencia de prensa este miércoles.
De igual forma, el portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas, destacó esta misma semana que El Salvador debe “valorar” su legislación y los tratados porque tienen “una parte de esa niñez involucrada en graves delitos y hay que decirlo con franqueza: niños que están matando”.
No obstante, Chicas lanzó el balón al terreno de la Asamblea Legislativa al asegurar que debe “debatir a profundidad este tema para encontrar los mecanismos mediante los cuales (...) podamos establecer mayores mecanismos de control sobre aquellos infantes que están cometiendo crímenes”.
Las declaraciones recientes y anteriores propuestas dejan ver que el Congreso del país centroamericano es tierra fértil para transformar este debate en legislación sustantiva.
El pasado 30 de abril, el diputado de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Norman Quijano señaló que los tratados internacionales sobre derechos de niñez y adolescencia son “para suizos, para escandinavos”, pero no para los menores pandilleros.
Aseveró que con su Ley Penal Juvenil El Salvador está congraciada “con la comunidad internacional” pero “nuestro pueblo aporta la cuota de sangre” que se cobran los menores de 18 años involucrados con las pandillas.
“En Estados Unidos (a los menores) los meten a la cámara de gas, los ponen en la silla eléctrica, ¿cómo la primera democracia del mundo hace esas cosas y nosotros tenemos que tolerar?”, manifestó. Sin embargo, en 2005 el Tribunal Supremo estadounidense abolió la pena capital contra los menores de 18 años.
En esa misma ocasión aseguró que preguntó al vicepresidente, Óscar Ortiz, y al Gabinete de Seguridad si no habían contemplado “la posibilidad de renunciar” a los tratados sobre derechos de la niñez; El Salvador es signatario de al menos 10 de estos convenios.
Pero todo indica que el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén quiere dejarle el tema al Congreso.
Este miércoles, el vicemandatario Ortiz señaló que el país no está “en la discusión (de que se juzgue a menores como adultos)” porque “es un tema que está en la Asamblea Legislativa” y que entre un conjunto de “medidas extraordinarias” con las que se pretende frenar la ola de violencia “no tenemos eso”.
Quien buscó allanar y simplificar el camino para aplicar esta iniciativa fue el diputado de la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA) Guillermo Gallegos, quien aseguró que cuando el Constitucional del Supremo consideró a las pandillas como terroristas dio esa prerrogativa.
“Creo que con la declaración de la Sala de lo Constitucional en la que dice que los pandilleros son terroristas da como para procesar a los menores como adultos”, sostuvo el diputado de centroderecha, quien también apoya medidas como el estado de excepción y la pena de muerte.
No obstante las cifras oficiales permiten señalar que la participación de menores en crímenes no es un asunto que vale para renunciar a los tratados y juzgarlos como adultos.
Entre todo el año 2015 y el 7 de marzo de 2016 fueron procesadas 156.250 personas por algún delito, de los que los menores de 18 años solo representan el 6,38 %.
De igual forma, en este período fueron condenados 12.231 salvadoreños, de estos el 8,79 % fueron niños o adolescentes.
En contraste, en ese tiempo 13.627 menores fueron víctimas de algún delito y desde 2014, cada día, 10 menores de edad han sido víctimas de delitos sexuales, de estos más de 4 han sido violados.
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