La nueva forma de obtener energía que impone la lucha contra el cambio climático producirá una luz más barata: una factura eléctrica un 12% más baja antes de impuestos para el año 2030, según las previsiones que el Gobierno ha incluido en su Plan de Energía y Clima que ha presentado este viernes junto al anteproyecto de ley de Cambio Climático la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Frenar el calentamiento global de la Tierra y contenerlo en 1,5ºC exige recortar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) a la atmósfera, como dejó patente el Panel Internacional Científico en octubre pasado. España ofrece rebajar un 21% el CO que lanza al llegar a 2030: son 114 millones de gigatoneladas menos (de 340 a 226 millones), según el plan del Gobierno y enviado, con retraso, a la Comisión Europea. El objetivo consensuado en la Unión Europea es un recorte del 40%. “Los años entre 1990 y 2005 se echaron a perder en España desde el punto de vista ambiental”, justifican fuentes del Gobierno.
Afrontar las crisis climática planetaria exige replantear la manera en que se consigue la energía, ahora muy dependiente de los combustibles fósiles corazón de las emisiones. Sobre ese sistema energético (para obtener electricidad, para calentar las casas o el agua o para el transporte) es donde actúa el Plan de Energía y Clima.
La estrategia del Gobierno contra el cambio climático de cara a 2030 se va a traducir, según las previsiones del Ejecutivo, en un abaratamiento de la factura eléctrica del orden del 12% antes de impuestos en 2030 con respecto a los precios actuales, gracias al espectacular abaratamiento de las tecnologías de generación renovable, que van a tener un papel protagonista en el parque de generación en la próxima década.
Para reducir un 60% hasta 2030 las emisiones del sector eléctrico, responsable de un 25% de las emisiones de efecto invernadero, el borrador del PNIEC, tal y como estaba previsto, incluye la penetración masiva de la potencia eólica, al pasar de los 22,9 gigavatios (GW) de 2015 a 50,2 en 2030; mientras que la potencia fotovoltaica, la que más ha abaratado sus costes en los últimos años, pasará de 5 GW a casi 37 GW. Por su parte, se contempla que el carbón pase de 10,5 GW en 2020 a entre 0 y 1.000 megavatios (MW) en 2030, año en el que estarían cerradas (según la previsión que maneja el Ejecutivo) las 14 centrales actuales.
Respecto al cierre de las nucleares que el Gobierno ha “pactado” con las eléctricas, se contempla la clausura paulatina de los reactores a partir de 2025 de forma que en 2030 quedarían en funcionamiento 3,1 GW nucleares y “no se va a alterar el orden cronológico” en la secuencia de cierres, de forma que las últimas centrales en cerrar serían Cofrentes (que empezó a operar en 1984), Vandellós (1987) y Trillo (1988).
Fuentes del Gobierno aseguran que un eventual cambio de signo político tras las próximas elecciones tendría especial impacto sobre el resultado final del borrador que hoy se ha remitido a Bruselas, que ahora deberá hacer sus observaciones, dados los compromisos de España con sus socios europeos.
El plan, que contempla ayudas de 1.000 millones de euros para facilitar el despliegue del vehículo eléctrico en la primera parte de la próxima década, insiste en la prevision de que los turismos y vehículos comerciales nuevos que se vendan en 2040 tengan cero emisiones de dióxido de carbono.
El PNIEC contempla elevar al 42% la cuota de las renovables en el consumo de energía primaria, 10 puntos por encima de la media europea, y supondrá una inversión de más de 236.000 millones de inversión estimada de la que aproximadamente el 40% irá a renovables, el 15% a redes de transporte y distribución y el 40% a la mejora de la eficiencia energética, acondicionamiento de edificios e instalaciones industriales. De esa cifra, las Administraciones públicas (españolas y europeas) deberán aportar del orden del 20%. Las medidas contempladas implicarán reducir la dependencia energética del 74% al 59%, con una reducción de 13.000 millones en las importaciones energéticas del exterior.
“Cambio radical en la forma de vida”
Este plan supone un “cambio radical que va a transformar nuestra forma de vida, pero no podemos hacer otra cosa”, sentencian desde el Ejecutivo al analizar su propuesta. El objetivo final es que en 2050 el país se convierte en neutro en cuestión de carbono, es decir, que la manera de producir, desplazarse y vivir no emita CO2 con la idea de que se frene el calentamiento global.
Porque todo este movimiento normativo responde a la necesidad de dar respuesta a la crisis climática que supone el calentamiento acelerado del planeta fruto de la emisión de gases desde la era industrial. Una respuesta comprometida al firmar y ratificar el Acuerdo de París de 2015.
De hecho, el texto de París hacía una referencia global al calentamiento de 2ºC y añadía la idea de dejar el fenómeno “bastante por debajo”. El panel científico fue encargado de analizar las diferencias de impactos que había entre esas dos temperaturas y sus conclusiones de 2018 fueron un nuevo golpe de alarma: esas diferencias eran demasiado grandes para no intentar ser lo más ambiciosos posible.
España es uno de los países europeos, al estar en la zona sur mediterránea, con mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. El primero de todos la previsible mayor escasez de agua disponible y la progresión de terreno desertificado.
Pero no el único. Las emisiones contribuyen a la polución de aire que provocan unas 14.000 muertes prematuras al año, según la Organización Mundial de la Salud. El plan de recorte de emisiones dice que moverse hacia un sistema energético más limpio evitará hasta 2.200 de estos fallecimientos tempranos.