El 1 de marzo de 2023 entraba en vigor la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Tras ese largo nombre, una batería de medidas que incluía la autodeterminación de género: la posibilidad de cambiar el sexo legal en el Registro Civil sin necesidad de cumplir con requisitos médicos, esto es, sin necesidad de hormonarse durante dos años y presentar un informe de disforia de género, como hasta entonces. Un año después, los datos de los registros muestran que durante su primer año en vigor, la norma ha propiciado que más personas trans accedan a la rectificación. En 2023 hubo al menos 5.139 modificaciones registrales del sexo, cuatro veces más que el año anterior.
Los datos aportados por el Ministerio de Justicia, a los que ha accedido elDiario.es a través de una petición al Portal de Transparencia, muestran un crecimiento sostenido desde 2007, año en el que se aprobó la anterior ley que regulaba la rectificación registral de la mención al sexo. En 2008 fueron 46 los cambios, mientras que diez años después, en 2018, ya eran 699. Desde 2020, año en el que el debate sobre la norma empieza a ocupar espacio político y mediático, las modificaciones crecen muy significativamente: 1.091 en 2021, 1.306 en 2022 y, finalmente, 5.139 en 2023, año en el que entró en vigor la autodeterminación de género.
Las cifras, no obstante, no están completas: son las que constan en las dos bases de datos que recogen los cambios hechos en los Registros Civiles informatizados. No incluyen, por tanto, los de los Registros no informatizados. De las 5.139 modificaciones hechas en 2023 el 61% fue de sexo masculino a femenino, mientras que el 39% fue al revés: del femenino a masculino.
La sexóloga y responsable de atención de la Asociación de Familias de Menores Transexuales de Navarra y Euskadi Naizen, Beatriz Server, cree que el aumento era de esperar porque los datos acumulados de los cambios registrales no estaban reflejando la prevalencia que se calcula que tienen las personas trans en la población. “Otra cosa que nos encontramos es que la gente desconoce sus derechos, y el hecho de que se haya hablado tanto de esta norma en los últimos años ha ayudado a que mucha gente sepa que puede acceder a esto. Eliminar el requisito de hormonarte dos años ha aligerado la situación de personas que quizá tenían la duda de si hacerlo o no, o que directamente no quería meterse en ese proceso”, explica.
Server recuerda que las legislaciones autonómicas ya permitían cambiar el nombre en la tarjeta sanitaria o en los centros educativos, entre muchos otros trámites. En muchos casos, basando los trámites en la autodeterminación de género, es decir, en base a la libre voluntad. El cambio en el Registro Civil es el que da acceso a la modificación en el DNI, el pasaporte y la Seguridad Social.
Que “probablemente” muchas de las personas que ahora han iniciado este proceso de rectificación registral ya habían hecho antes uso de las leyes autonómicas es lo que cree el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Sergio Siveiro. “Partíamos de un modelo legislativo sumamente restrictivo para acceder al reconocimiento legal del género, pero ahora un marco más favorable al ejercicio de los derechos y que se ajusta mucho más al estándar internacional hace que muchas personas que no habían querido pasar por un proceso patologizante ahora sí lo hagan”, interpreta el experto sobre el incremento de los cambios.
El sociólogo Lucas Platero coincide en que la Ley LGTBI ha hecho “muy visible” la posibilidad de hacer el cambio legal y cuál es la nueva situación. “Ha habido abogados que asesoran a personas y asociaciones o que les ayudaban a hacer el trámite frente a los registros que han aconsejado esperar unos meses a hacerlo porque con la norma nueva sería más fácil y podían ahorrarse un proceso que, en función del lugar de España, podía tener dificultades extra”, afirma. Esas dificultades extra, cuenta, podían ser, por ejemplo, presentar informes forenses que la ley no solicitaba, algo que tanto Platero como Server aseguran que sigue sucediendo en algunas comunidades, lo que dificulta los cambios y hace en ocasiones necesaria la intervención de abogados.
La rigidez de las normas de género, prosigue el sociólogo, hace que más jóvenes rompan con el binarismo y quizá se animen a utilizar una norma que despatologiza lo trans. “También suele suceder que cuando se aprueba una norma que ofrece nuevos derechos se empieza a utilizar mucho y luego esa curva baja”, añade. La anterior norma hacía que mucha gente que quería hacer el cambio evitara a hacerlo, bien por enfrentarse al proceso médico, bien porque esos requisitos extra de algunos registros echaban atrás a algunas personas: “No me extraña que se usara menos que esta. Además, la visibilidad que hay ahora puede hacer que más gente se sienta identificada”.
Cambios por edad
A pesar de que elDiario.es ha solicitado al Portal de Transparencia los datos de las rectificaciones registrales desglosados por edad, el departamento dirigido por Félix Bolaños ha evitado aportarlos. Aún así, Beatriz Server tiene la hipótesis de que la franja más beneficiada por la nueva norma han sido los menores de entre 16 y 18 años. “Si no habían iniciado la hormonación o no la habían terminado, han podido hacer aún así el cambio, que en esa edad es muy importante: puede que estuvieran a punto de acabar la secundaria con su nombre cambiado desde hace un tiempo pero estaban a punto de ir a la prueba de acceso a la universidad con un DNI o recibir un título con su nombre anterior o de irse de viaje y tener que enfrentar el momento en el que tienes un aspecto y en tu pasaporte pone otra cosa”, señala.
La situación, dice, ha sido la opuesta para los menores de 12 años, a los que la norma deja, hasta los 14, en manos de una decisión judicial. La sexóloga califica en este sentido la Ley Trans como “un retroceso” porque aunque en la legislación anterior, la de 2007, los menores no estaban incluidos, una sentencia del Tribunal Constitucional abrió la puerta en 2019 a que cualquiera con “suficiente madurez” y “en situación estable de transexualidad” pudiera hacer el cambio. Sin embargo, la nueva ley solo lo permite a partir de los 12. “Hubo gente que, al saber que esto iba a ocurrir, fueron a pedir corriendo el cambio”, apostilla la experta.
Siveiro, sin embargo, no cree que el incremento de modificaciones esté especialmente influenciada por los menores de edad debido a que, de hecho, gracias al fallo del Constitucional “ya podían acceder a la rectificación”, aunque lamenta que los datos no sean públicos “para poder analizarlo con profundidad”.
Que el posible fraude no anule el derecho
Desde la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTB) el balance que hacen de la Ley Trans es positivo y apuntan a cómo los cambios de sexo legal han estado protagonizados por “personas trans ejerciendo un derecho” frente a la idea esgrimida por algunos sectores feministas para oponerse a la ley, para los que iba a ser usada sistemáticamente por hombres con objetivos espurios. “Lo primero es dejar claro que las cifras de posibles fraudes son más anecdóticas que reales y, sobre todo que, si hay que hacer algo, no es dificultar la vida de las personas trans sino perseguir a los presuntos defraudadores”, cree el secretario de Organización de la FELGTB Ignacio Paredero.
Paredero cree que “ninguna norma es invulnerable a la mala fe o la voluntad de aprovecharse”, pero asegura que “hay mecanismos para perseguir el fraude” como en cualquier otra legislación. “Que alguien haga un cambio registral para obtener beneficios en el ascenso en la carrera militar es un claro indicio de fraude de ley. También lo es salir en medios criticando la ley para burlarte de las personas trans. O decir que has hecho el cambio para obtener la custodia de tu hijo”, ejemplifica.
Siveiro, por su parte, apunta a la importancia de “hacer un seguimiento con cierta profundidad” por parte de la Fiscalía y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que, a su juicio, debería elaborar una instrucción “que unifique criterios para que los registros civiles identifiquen el fraude”. Aún así, cree que “aunque hay casos de fraude en todo, también en los matrimonios o en el ámbito fiscal, eso no implica que se deba anular una norma que viene a proteger a un colectivo vulnerable” y tiene claro que estos casos “son claramente minoritarios y se reducirán con el paso del tiempo”.
Sobre este asunto el director general para la Igualdad de las personas LGTBI, Julio del Valle, asegura que los posibles fraudes no son significativos, pero aún así el Ministerio de Igualdad “está vigilante y recopilando información por si hay que actuar en algún caso”. En general, el departamento dirigido por Ana Redondo considera que la nueva ley ha facilitado a muchas personas hacer su cambio: “Es un entorno legislativo y político más favorable y es normal que mucha gente esperara a que esta norma se pusiera en marcha”. Un ambiente social, insiste, que hace que las personas jóvenes y las familias sean más conscientes y también más favorables a acompañar cambios que antes.