El Consejo de Ministros aprobará en segunda vuelta la 'ley trans' el próximo lunes y enfilará así su trámite parlamentario para la aprobación definitiva, según ha adelantado Público y confirman fuentes del Ministerio de Igualdad a este medio. El Gobierno le dará luz verde a la Ley para la Igualdad real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI un año después de la aprobación del proyecto y en plena semana del Orgullo LGTBI, cuyo día oficial es el 28 de junio.
Las mismas fuentes confirman que el texto mantiene “los derechos fundamentales reconocidos” en la primera versión, pero también que se han incorporado algunos cambios que no detallan a la espera de la versión final. De hecho, aún el proceso no está culminado porque todavía falta el informe del Consejo de Estado, aunque el ministerio prevé que llegue en estos días. Una vez pase de nuevo por el Consejo de Ministros, la norma irá rumbo a las Cortes, donde “será el turno de los grupos parlamentarios para mejorarlo”, apuntan estas fuentes. El informe del Consejo Fiscal se emitirá tras ser renovado el órgano, a finales de junio, por lo que llegará a posteriori, informa Alberto Pozas.
La ley contempla la autodeterminación de género, una pelea histórica de las personas trans, que ya no tendrán que declararse enfermas para modificar su sexo legal en el DNI. Lo harán en base a la libre manifestación de su voluntad y reafirmarán la decisión ante el Registro Civil a los tres meses. Esta fue la fórmula elegida en su momento que desencalló las tensas negociaciones que se dieron entre los socios de la coalición.
La norma reconoce que toda persona mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo sin aportar informes psicológicos ni demostrar un mínimo de dos años de hormonación, como se exige actualmente. Por debajo de esta edad, la primera versión permitía el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, no antes, y estipulaba diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial.
El texto vuelve al Consejo de Ministros después de recabar los informes de los órganos consultivos. El más crítico fue el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que avaló la autodeterminación de género, pero reclamó más controles en ámbitos como el del deporte o la violencia de género. Además, pidió más requisitos para el cambio de sexo legal de los menores de entre 14 y 16 años más allá del consentimiento de sus progenitores. En el otro lado están los colectivos LGTBI, que reclaman precisamente lo contrario y que la autodeterminación de género sea para todos los menores de edad. Además, piden que se reconozca a las personas no binarias y que no se excluya a las personas refugiadas y migrantes con papeles.
Aunque todas las miradas se han centrado estos meses en el cambio de sexo legal, que ha desatado una fuerte oposición por parte de un sector del feminismo, la ley también incorpora otras medidas. Así, incluye protocolos específicos en el ámbito de la salud para la atención a las personas trans, prohíbe las llamadas terapias de conversión, que normalmente en forma de terapias psicológicas se destinan a modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, o prohíbe las cirugías por motivos no médicos a personas intersexuales.