'Libertad educativa', horas lectivas, ratios y condiciones laborales: las mareas verdes se reactivan contra PP y Vox

Por las ratios en Andalucía; por las horas lectivas en Madrid; contra la ley de 'libertad' educativa en la Comunitat Valenciana, a favor del catalán en Illes Balears; por un poco de cada, contra los recortes en general y por unas mejores condiciones laborales en todas ellas. La comunidad educativa siente cómo se le acumulan los agravios y, tras una temporada de calma, vuelve a echarse a la calle.

Las políticas de los nuevos gobiernos autonómicos de derecha y ultraderecha en algunos casos, o la inacción de los que han repetido a la hora de revertir los tijeretazos de la anterior crisis en otros, han provocado una suerte de reactivación de las mareas verdes que inundaron las ciudades a principios de la década de 2010.

“La desinversión educativa ha empeorado las condiciones laborales. Se subieron las ratios (de alumnos por clase), se subieron las horas lectivas (de clase que imparte el profesorado cada semana) y en algunas comunidades autónomas no se ha revertido aún. Sobre eso se ha producido la implantación de una reforma, la Lomloe, que aumenta la burocracia, el trabajo no relacionado con la educación, lo que le genera un mayor estrés al profesorado. Y sobre todo esto llegan los gobiernos autonómicos de derecha, o con la ultraderecha, que generan nuevos recortes (sea en condiciones laborales o educativas), lo que está provocando que crezca la inquietud en estas comunidades. Vivimos una situación muy compleja”, reflexiona Francisco García, secretario general de la Federación de Educación de CCOO. El curso se acaba, pero las protestas no, vaticina.

Algunas administraciones están consiguiendo que sindicatos con ningún o casi ningún punto en común más allá de la defensa de la escuela pública actúen conjuntamente. No necesariamente revueltos, pero sí a la vez y por la misma causa. Ha sucedido en Madrid, donde las siete principales organizaciones, entre ellas sindicatos tan dispares como CGT y Anpe, han respaldado las dos últimas jornadas de huelga.

También en la Comunitat Valenciana, la última en echarse a la calle, este pasado jueves. La Plataforma per l'Ensenyament Públic, que engloba a sindicatos y entidades ciudadanas como STEPV, Escola Valenciana, CCOO, UGT, CGT Ensenyament, Fampa–València y Adep–PV, les convocó a todos ellos para protestar contra, entre otras cuestiones (casi nunca hay sola razón en Educación), la nueva ley de libertad educativa que tramita el nuevo Gobierno de PP y Vox en el parlamento autonómico. Una norma “innecesaria, discriminatoria y regresiva”, según la Universitat de València. Antes de ellos, Madrid acumula ya cinco jornadas de huelga este curso y Andalucía otra. También ha habido protestas –sin paros– Balears, y también en Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por los socialistas.

La expansión del distrito único

La plataforma valenciana protesta entre otras cuestiones, y esto es común a otras autonomías donde ha desembarcado el PP, con o sin Vox, contra la implantación del distrito único educativo en la región. Esta medida, exportada de Madrid para España, se basa en la teórica “libertad de elección de las familias”. Pero Madrid es la región de España que más segrega a su alumnado, según un estudio realizado en la Universidad Autónoma de Madrid, y en parte se debe a su modelo, con un papel preponderante del distrito único. El informe señalaba que tiene una lógica mercantil en la que “los centros conforman un mercado para las familias” y que “beneficia a las familias que pueden elegir, que tienen acceso a la información y que pueden desplazarse” cada día hasta el colegio de su elección, según Javier Murillo, uno de sus autores.

Los nuevos gobiernos de derechas han recuperado (o implantado por primera vez, según dónde) esta medida en varias autonomías con mayor o menor entusiasmo: en la citada Comunitat Valenciana, en Aragón, en Baleares y en La Rioja.

García, de CCOO, sostiene que en ese modelo “no da a las familias mayor capacidad de elección, sino que da a los colegios mayor capacidad de selección del alumnado”. El distrito único escolar es una medida que habitualmente critican las asociaciones y sindicatos que defienden la escuela pública y reivindican los centros concertados y las asociaciones católicas de familias (en el caso valenciano la La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA).

El “ataque a la lengua”

También señala la comunidad educativa valenciana que la nueva ley “margina el valenciano en la enseñanza y la sociedad” y dejará la lengua en “situación de inferioridad”, según la Acadèmia Valenciana de la Llengua. La proposición de ley, sostiene la AVL, “no es que se limite a equiparar las dos lenguas, sino que va en la dirección contraria a la normalización de la lengua propia de la Comunitat Valenciana: en lugar de promover el valenciano, favorece el castellano”, algo “especialmente significativo en el caso de las comarcas castellanohablantes en las que los alumnos se ven impedidos de acceder a un conocimiento suficiente del valenciano”.

La misma reivindicación tienen en Balears, donde hace 11 años ya se vivió una manifestación histórica con 100.000 personas exigiendo en la calle que se retirara la ley del Tratamiento Integrado de las Lenguas de José Ramón Bauzá, expresidente balear del PP. Ahora, buena parte de la comunidad educativa ve cómo los populares han pactado con Vox lo que el partido de Abascal llama “libre elección de lengua”, un plan para que las familias puedan elegir si sus hijos estudian en catalán o castellano durante las primeras fases educativas de la enseñanza, así como aumentar el castellano en los colegios e institutos. La mayor parte de la comunidad educativa, en cambio, defiende que se trata de un plan para “segregar” al alumnado en función de la lengua y denuncia que al poner la decisión inicial de si adherirse o no al plan en manos de los centros, “toda la presión será para los docentes”.

De ratios y horas lectivas

El número de alumnos por clase y las horas que el profesorado dedica a impartir clase cada semana son otros elementos compartidos por algunas comunidades en sus protestas. El primero es universal y una de las principales luchas de los docentes: menos estudiantes en el aula suponen una mejor atención a cada uno de ellos o incluso algo tan simple como gestionar mejor la disciplina en clase. Y en muchos colegios están viendo cómo pese a la caída de la natalidad, o precisamente por ella debido al cierre de colegios, están aumentando las ratios, según han explicado manifestantes por todo el territorio.

Aunque esta reivindicación es transversal, ha sido la principal en Andalucía, donde el profesorado hizo huelga la semana pasada para exigir al Gobierno de Moreno Bonilla que baje las ratios, para lo cual la fórmula más sencilla es aumentar las plantillas docentes. “La comunidad educativa reclama, desde hace años, que el descenso de la natalidad no se utilice como pretexto para mermar la red pública, sino que se aproveche la oportunidad para bajar las ratios: una reivindicación histórica y unánime de la comunidad educativa”, explican desde el sindicato Ustea.

La gota malaya privatizadora

La privatización del sistema es otro de los puntos de protesta transversales a casi todas las manifestaciones. Comunidades como Madrid llevan años favoreciendo a la escuela concertada y algunos nuevos gobiernos populares se están apuntando a ese camino. Aragón ha destinado este año 112 millones de euros más a los centros privados sostenidos con fondos públicos (el presupuesto ha subido un 33%). Muchos ejecutivos regionales están dilatando o maniobrando entre los resquicios de la ley para evitar quitar los conciertos a colegios privados que segregan por sexo, práctica que la ley prohíbe y los cheques para cursar estudios no obligatorios en la privada corren con libertad.

La ampliación de la FP, una de las apuestas del Gobierno pero sobre la que no tiene competencias, se está realizando a base de centros privados y con una gran presencia de fondos de inversión. En el sector universitario no se abre un centro público desde 1998, mientras solo en los últimos años Andalucía ha aprobado o está tramitando cuatro centros, Euskadi uno, Galicia otro y en Madrid van camino de perder la cuenta con cuatro ya aprobadas en los últimos años y otras cuatro en estudio para llegar hasta las 17 universidades privadas.

¿Y el Ministerio de Educación?

Por el momento las protestas se están dirigiendo a los gobiernos autonómicos, que tienen las competencias en materia educativa, pero los sindicatos son conscientes de que hay elementos en los que el Ministerio de Educación podría hacer más. Las ratios, por ejemplo, fueron subidas por el exministro del PP, José Ignacio Wert, por Real Decreto y para todos sin excepciones. Luego muchas comunidades autónomas las bajaron, pero las titulares socialistas de la cartera, primero Isabel Celáa y ahora Pilar Alegría, nunca han querido revertir aquella subida por la misma vía y con la misma universalidad.

Algo parecido sucede con los criterios de escolarización que establece la Lomloe, que apuntan a reducir la segregación pero que algunas comunidades autónomas se podrían estar saltando. En un plano más puramente de condiciones laborales del profesorado, el ministerio está comprometido por ley a sacar adelante el Estatuto Docente que regule la carrera profesional, una reivindicación histórica del profesorado que nunca acaba de llegar. Educación sacó una primera propuesta con 24 meses para comenzar desde ahí hace más de dos años, pero los sindicatos denuncian que no han vuelto a saber nada.

García advierte que, aunque el curso esté a punto de concluir, “las banderas están en alto”. “No va a haber retirada a los cuarteles. Vamos a exigir al Ministerio que cumpla con lo pactado. Si no lo hace, habrá movilizaciones”.