Las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo en Madrid fueron un “caos”, según muestran las crónicas que publicó eldiario.es a la mañana siguiente. Pasadas las 20.30, la Policía Nacional cargó contra algunos manifestantes mientras se estaba celebrando la clausura de la protesta y la orquesta Solfónica tocaba música clásica.
“La Policía comenzó cargar de forma indiscriminada cuando miles de personas se encontraban todavía en las calles. Muchas de ellas ni siquiera estaban cerca de las vallas, y tampoco formaban parte de los grupos que habían lanzado objetos”, relataban los videoreporteros Juan Ramón Robles, Gabriel Pecot y Olmo Calvo. Hubo 101 heridos (de ellos, 67 policías) y 24 detenidos, y un mando de los antidisturbios fue destituido al mes de los incidentes. El inspector jefe Francisco Javier Viseda, fue premiado en agosto con un destino privilegiado como agregado policial de la Embajada española en Chile.
Iñaki, de 19 años, quedó tuerto por culpa de un impacto, supuestamente, de pelota de goma. Gabriel, de 23 años, perdió un testículo por un impacto similar. Susana Sanz, periodista de streaming (o livestreamer), recibió un porrazo en el brazo y tres en una pierna en dos agresiones diferentes en las inmediaciones de la sede del PP en la calle Génova. El trabajo de Susana, conocida bajo el nick SuySuLucha, es ampliamente reconocido.
Con un teléfono móvil y una conexión de datos, Susana Sanz retransmite en directo concentraciones, manifestaciones, actos de protesta y todo tipo de actos que defiendan la justicia social. A menudo, el streaming de SuySuLucha es una de las fuentes más fiables para saber qué está sucediendo en la calle. Ella acompaña las retransmisiones de sus sensaciones y comentarios como activista.
El primer porrazo se lo llevó a la salida de un bar en el que había parado a descansar, a las 20.15. “La zona estaba tranquila, no había cargas pero aparecieron los antidisturbios gritando que nos fuéramos y sin darnos opción empezaron a pegar porrazos”, explica Susana a eldiario.es, un día después de la celebración del juicio de faltas, el 16 de septiembre, que ha sentado a dos policías nacionales en el banquillo gracias a su denuncia. El primer agente le propinó tres porrazos en la pierna derecha e inmediatamente se fue.
Susana siguió retransmitiendo. 20 minutos después, ya se habían producido las primeras cargas y decidió grabar a un chico que, tocando un tambor, intentaba detener el avance de una furgoneta policial. “Llegó una unidad, bajaron dos policías y se liaron a porrazos con el chaval del tambor, otro chico y yo”. La primera le había pillado de sorpresa pero, para la segunda, Susana ya estaba “física y mentalmente más preparada”. Sin dejar de grabar, gritó repetidamente el número de identificación del agente que la estaba golpeando en el brazo.
“Lo radié para no olvidarme y que quedara registrado –recuerda– porque ya me había pasado en otras ocasiones y, cuando he querido denunciar, la causa se ha archivado porque, como dice la coletilla de los jueces, sí hay agresión pero es anónima”. Gracias a las grabaciones de otros livestreamers, que han sido aportadas en el juicio, el número que el primer policía llevaba en su chaleco también ha podido identificarse. El vídeo, a pesar de ser de baja resolución, tiene la suficiente claridad para que el número pueda leerse.
“Este juicio para mí es una victoria independientemente de la resolución”, explica Sanz, quien asegura que pocas veces se puede ver a un policía frente al juez por una agresión a la prensa. “Esta vez se les pudo llevar a juicio no porque [una agresión como esta] no ocurra con frecuencia, sino porque se les ha identificado”. Sanz iba, aquella noche, acreditada con un chaleco de color naranja y la palabra prensa escrita en su espalda. Además, colgaban de él las acreditaciones proporcionadas por los medios Tele K y Diagonal.
En el juicio, los policías hicieron “declaraciones coherentes”, según explica Susana. Admitieron que sí estaban allí esa noche y que sí portaban chalecos identificativos pero que no recordaban esta agresión. “Insinuando –dice– que pegaban a tanta gente que no podían recordar a quién. Decían que ellos no fueron pero que, en el caso de serlo, me lo había buscado yo por meterme ahí”. “También sugirió su defensa” añade Sanz, “que las agresiones me las hice yo misma u otra persona”.
El abogado de Sanz pide una compensación por los tres días de baja y una multa de diez euros al día durante dos meses para los agentes. En total, unos 700 euros. “No me interesa lo que pedimos, el dinero me da igual” admite Susana, “lo que quiero es que se visibilice la violencia que están ejerciendo los antidisturbios y haya más denuncias. Y, a ser posible, condenas”.
“Lo que no me esperaba” revela Susana, “es que la fiscal, una mujer, negara que hubiera una agresión, pues yo me siento maltratada como mujer, además de como ciudadana”. “Me duele como mujer que el Estado no se ponga de parte de las maltratadas, a pesar de los dos partes médicos y de las 30 fotos que enseñamos con la evolución de los moratones. Es verdad que los vídeos son de baja calidad, pero se ve claramente que los policías tienen el gesto de tirar la porra contra mí”.
Un móvil y una conexión de datos son herramientas suficientes para convertirse en informador. Lo importante es estar en el lugar de la noticia y contarla con honestidad. Los medios digitales y los livestreamers independientes utilizar páginas como Bambuser o Qik para hacer directos e interactuar vía chat con los que les están siguiendo.
Para Susana Sanz, conocida por este trabajo como SuySuLucha, esta es una “importante herramienta del cambio porque no permite editar, como se hace en otras formas de periodismo”. “Si lo hago bien o lo hago mal, queda reflejado”. En sus retransmisiones, Susana interpreta lo que está pasando con su voz en off y no solo lo que ve, sino también lo que siente, de una manera subjetiva y también pasional, militante.
“Para la Policía somos cámaras incómodos, no nos pueden controlar ni presionar porque no trabajamos para nadie ni tenemos una nómina detrás”. Sanz siente que tiene “la obligación” y “el derecho de ciudadana” de ejercer el derecho de acceso a la información, por ser un derecho fundamental protegido en la Constitución, “sin necesidad de acreditación o de comprar el chaleco blanco de la FAPE, porque la información es lo que nos hace libres”.