Luis Felipe Gómez, abogado: “Las víctimas de abusos sienten que la Iglesia no solo cuestiona la verdad, sino que les pisotea”

La pasada semana, nueve víctimas de abusos sexuales a menores en la Iglesia española, en representación de alrededor de medio centenar de afectados, presentaron una denuncia contra la Conferencia Episcopal (CEE), y contra el bufete Cremades & Calvo-Sotelo por revelación de secretos, encubrimiento y deslealtad profesional. ¿La razón? La filtración de datos personales de varias víctimas durante el caos que se produjo en diciembre entre la entrega de la famosa auditoría encargada por los obispos al bufete y la decisión de la CEE de no hacerla pública, emitiendo en su lugar dos notas de prensa con un informe, Para dar luz, que se ha demostrado repleto de fallos y con fugas en la privacidad de los supervivientes de la pederastia eclesial.

La demanda, de hecho, se ha ampliado a algunos de los hipotéticos responsables de dicha filtración, desde el jefe de prensa de la CEE, Josetxo Vera, al vicesecretario de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, pasando por el antiguo socio de Cremades, y actual director de Compliance de la Casa de la Iglesia, Alfredo Dagnino. El abogado de las víctimas, Luis Felipe Gómez, lamenta cómo, de nuevo, las víctimas “sienten que se las pisotea, que se las maltrata, que no solo se cuestiona la verdad sino que se las trata como si fuesen un trapo viejo y sucio” por parte de la institución, al tiempo que no considera “creíble” que todo se deba a un “mera descuido”. Por ello, reclaman responsabilidades civiles y penales a todos los implicados.

¿Qué delitos se pueden estar cometiendo con la aparición de esos datos personales?

Desde el mayor respeto a la presunción de inocencia, en nuestra denuncia planteamos hasta tres posibles figuras delictivas, que serían la revelación de secretos, el encubrimiento y la deslealtad profesional. Las responsabilidades estarían muy entremezcladas y debe ser la investigación judicial la que acabe delimitando si se ha incurrido en alguno de estos tipos penales.

¿Se trata de un mero error o podríamos estar hablando de mala fe?

Se nos hace muy difícil pensar que todo ha sido un error. Hablamos nada menos que de la Conferencia Episcopal y de uno de los mejores bufetes de abogados de España. En nuestra opinión, no es creíble que estemos ante un mero descuido y en el seno del proceso penal esperamos que afloren las piezas que hagan que entendamos qué ocurrió y quiénes son los responsables.

La filtración se produjo justo cuando se dijo que se iba a presentar la auditoría Cremades, que finalmente no se hizo…

Las casualidades no existen, las causalidades sí. Son escenarios de acusaciones recíprocas, omisión de deberes legales, situaciones de gravedad que se resuelven ilegalmente a sabiendas… Por eso no entendemos que se quiera hablar de descuido.

¿Cómo le llega el caso?

Unos de los afectados sabe que la privacidad es una de las materias que más trabajamos, por lo que nos propuso en el grupo de afectados. Tras hacer una entrevista con ese grupo, todos decidieron confiar en nuestro despacho, lo cual es un honor y un reto, porque creemos que es una causa justa y que no debe diluirse en otras.

¿Cómo se sienten las víctimas al ver que sus nombres se han hecho públicos?

No habría palabras suficientes. Sienten que se les pisotea, que se les maltrata, que no solo se cuestiona la verdad sino que se les trata como si fuese un trapo viejo y sucio.

La denuncia se dirige a la Conferencia Episcopal y al despacho Cremades, pero también a tres personas concretas: Fernando Giménez Barriocanal (vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE), Josetxo Vera (director de Comunicación), Alfredo Dagnino (antiguo socio de Cremades y hoy director de Compliance de la Conferencia Episcopal). ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos?

En nuestra opinión, la Conferencia Episcopal sería responsable directa, pues en su página web se publica el informe con los datos de los afectados, tarda días en eliminarlo y no toma cartas en el asunto para impedir la difusión a través de otras páginas. La cuestión es dilucidar si se trata de un mero error, cosa que no compartimos, o de mala fe o acción inexcusable, que es lo que creemos sinceramente, dado que los denunciados no son precisamente personas discapacitadas en términos intelectuales.

Esto se adereza de una conducta activa de introducir un topo en el seno del equipo de Cremades con la intención de tener información directa y actuar interesadamente. En cuanto a Cremades, son los que reciben el encargo de auditoría y del tratamiento de datos de los afectados por escrito. Son los que tienen que aclarar cómo y quién los envía, a quién o quienes se remite, como se hace, si se aseguran de que se cumplen unas adecuadas garantías de privacidad, etcétera.

Alfredo Dagnino es el supuesto topo de la CEE en Cremades. Los delitos de corte profesional deberían ser investigados en su persona y sorprende que el bufete Cremades no lo hiciese. Se sospecha que estaba trasmitiendo información de modo ilegal a la Conferencia Episcopal

Por otra parte, Josetxo Vera y Giménez Barriocanal serían responsables directos y personales, al ser los enlaces de Cremades con la CEE y, supuestamente, quienes reciben el aviso y deberían haber adoptado medidas inmediatas y efectivas. No hacerlo o actuar de modo tan lento e ineficaz parece formar una bruma de mala intención que debemos despejar. Finalmente, Alfredo Dagnino es el supuesto topo de la CEE en Cremades. Desde luego, los delitos de corte profesional deberían ser investigados en su persona y sorprende que el bufete Cremades no lo hiciese. Se sospecha que estaba trasmitiendo información de modo ilegal a la Conferencia Episcopal.

¿A qué se exponen los demandados?

Para la CEE y Cremades son tipos penales graves que podrían acarrear desde multa a la disolución de la persona jurídica, o suspensión de sus actividades, pasando por la clausura de sus locales o la prohibición de realizar en el futuro este tipo de actividades, sin descartar inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de 15 años. Para las personas físicas, la ley contempla penas de prisión de hasta 5 años, inhabilitación, multas...

¿Qué pasos se están dando?

De momento ha quedado presentada la denuncia y estamos a la espera de confirmar el Juzgado de Instrucción al que se le asigna el caso. También hemos estimado poner los hechos en conocimiento de los medios, sobre todo para que aquellas víctimas que lo estimen procedente se sumen a nuestra acción que, insistimos, creemos muy necesaria para que se aborde lo ocurrido con las debidas garantías.

¿Ha habido algún tipo de contacto por parte de la CEE o del bufete?

No.

¿Por qué tantos errores con las víctimas de abusos?

Esa es la cuestión. ¿Son errores? Nosotros pensamos que no es razonable tanta torpeza y es clamoroso el que se den explicaciones a la autoridad judicial.

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