La Comunidad de Madrid va a utilizar el margen de maniobra que le da tener las competencias educativas para seguir lo más cerca posible de la Lomce ideada por José Ignacio Wert. La Consejería de Educación ha decidido que todos los alumnos y alumnas madrileños de 4º de ESO y de 6º de Primaria –y no una muestra– hagan las pruebas previstas por la norma para estos cursos, pese a que las modificaciones acordadas entre el ministro de Educación y las comunidades autónomas no obligan a ello.
El decreto que regula las pruebas solo impone realizar la evaluación de final de la ESO, originariamente una reválida tumbada por el propio Gobierno y ahora una prueba que no cuenta para nota, a una muestra indeterminada de estudiantes que escoge cada región. Y lo mismo pasa con la de Primaria.
En 250 centros, todos los de la zona capital –una de las cinco direcciones de área territoriales (DAT) en las que se divide la región– y algunos más de otras, la prueba la hará personal externo, que también la corregirá y hará un análisis de resultados; una operación que va a costar a la Consejería 420.000 euros solo este curso. En los siguientes, pretende hacerla censal en cada una de las áreas para que “todos los centros sean evaluados por personal docente externo al menos una vez cada tres años”.
El resto de colegios e institutos tendrá que apañarse para hacer la prueba con recursos del propio centro porque la Consejería obliga a todos a realizarla de uno u otro modo. En otras comunidades, los centros que están fuera de la muestra obligatoria por decreto quedan liberados.
La región se perfila así como el único reducto de la aplicación más dura de la Lomce, tanto por la regulación de que la hagan todos los chicos y chicas de estos niveles como por el desembolso económico para analizar los resultados que no han presupuestado en otras regiones, excepto en La Rioja que, como Madrid, va a externalizar la realización, corrección y análisis de los exámenes sin concretar aún el presupuesto dedicado a este fin. Otras comunidades van a cumplir con los mandatos del ministro Méndez de Vigo con personal de las propias consejerías.
Según datos aportados por la de Madrid, el Gobierno de Cristina de Cifuentes va a pagar 420.000 euros en subcontratar a ODEC Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas, S.L. - 2E Estudios, Evaluaciones e Investigaciones, S.L, la empresa que va a poner al personal que estará en las clases durante los exámenes y luego los corregirá. Después, también tiene encargo de hacer un desgranar los resultados que, como prometió Méndez de Vigo, no serán públicos para evitar los ranking de centros.
En este presupuesto también se incluye los mismos procesos para el examen de 6º de Primaria, que este curso se realiza los días 31 de mayo y 1 de junio. El año pasado, previo a las enmiendas más duras a la Lomce de Wert, lo realizaron todos los centros y también se encargó una empresa a la que se pagó 300.000 euros, algo a lo que ya no obliga el decreto aprobado por el ministro Méndez de Vigo, que deja la puerta abierta a que las comunidades hagan lo que quieran con estas pruebas aunque siempre sobre dos premisas de mínimos.
La primera, que no tienen impacto sobre el expediente académico; la segunda, que deben realizarla al menos una muestra de los alumnos en esas edades escolares sin concretar el modo de seleccionarlas, lo que permite, por ejemplo, que puedan dejar fuera al alumnado de necesidades educativas especiales. En Madrid, la Consejería ha decidido que la nota que obtengan estos estudiantes no compute para la media de cada centro.
Estas directrices, que tampoco tocan ni el diseño ni las fechas de las pruebas, distan mucho de la concepción que tenía José Ignacio Wert del examen de final de Secundaria, una reválida tipo test igual para todas las comunidades que había que aprobar para poder obtener el título de ESO. En Madrid se realizará el 19 de mayo.
Costes “mínimos” en otras comunidades
Incluso comunidades tradicionalmente proLomce, como Galicia, han rebajado la puesta de largo de la prueba de Secundaria, cuya aplicación y corrección correrá a cargo de los profesores –ya sean o no del centro– sin empresas de por medio, del mismo modo que el análisis posterior. “Se hará con recursos propios del sistema”, confirma la Conselleria de Educación.
Se repite una organización similar en varias comunidades consultadas por eldiario.es, como Castilla La Mancha, Aragón o la Comunitat Valenciana. Preguntadas por el presupuesto que se volcará de las arcas públicas para su realización, todas ellas insisten sin dar más detalles en que los costes serán “mínimos”, entre ellos la impresión y la distribución de las pruebas por los colegios e institutos.
Que Madrid es una comunidad que aplica todo lo a pies juntillas que puede y más la Lomce se mide también a través de otros parámetros, como el diseño del currículo. El decreto que desarrolla el de Secundaria interpreta, de un modo distinto a otras comunidades, que no todas las materias del primer ciclo de ESO cuentan para pasar de curso, pero sí incluye en ese cómputo a la Religión.