El 21 de marzo de 2018 ya es una fecha aciaga en la biografía política de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Ese día, eldiario.es desveló que dos notas de su máster en derecho autonómico habían sido retocadas a posteriori: dos años después de acabarse el curso. Pero el vendaval de esa larga jornada arrancó un día antes: cuando el equipo de Cifuentes despachó el asunto con un simple: “La presidenta se dejó dos asignaturas”.
La noticia salía publicada a primera hora de la mañana y el equipo de comunicación de Cifuentes, normalmente hiperactivo, en esta ocasión enmudeció. Durante horas todos los medios intentaron sin éxito recabar una explicación ante la exclusiva de eldiario.es. No la tenían. Y por eso no podían responder. Sabían que la primera excusa era falsa –como la que aportaron después–. Y para evitar caer en más contradicciones decidieron callar, mientras buscaban por todos los medios posibles una salida para la presidenta de Madrid, para una de las políticas mejor valoradas hasta entonces entre los líderes del PP, para quien –hasta hace solo dos semanas– sonaba en todas las quinielas como posible sustituta de Rajoy.
Presionada por la Comunidad de Madrid y por la gravedad de la información, la Universidad Rey Juan Carlos se disparó a la búsqueda de una explicación plausible que ofrecer a los ciudadanos. Además de las llamadas y los mensajes, el equipo de Cifuentes mandó un enviado al rectorado para presionar: a María Teresa Feito, una asesora del Gobierno de Madrid. No era una elección al azar. Feito tiene plaza de profesora en esa Universidad y también forma parte del consejo del Instituto de Derecho Público que imparte ese mismo máster, además de amiga personal de Cristina Cifuentes y del propio Enrique Álvarez Conde. Está ahora en comisión de servicios como asesora en la Consejería de Educación que dirige Rafael van Grieken, otro catedrático de la URJC.
Feíto entra en juego ya que las vagas razones esgrimidas por el gabinete de Cifuentes ya no valían. Había que construir una argumentación más sólida para justificar que una administrativa también muy conocida por Cifuentes, Amalia Calonge, hubiera entrado en el sistema informático y cambiado dos 'no presentados' por sendos notables sin que hubiera rastro alguno de que la política hubiera recuperado las materias que “se dejó”.
El rector de la Universidad Rey Juan, Carlos, Javier Ramos, dijo más tarde ese día que no había tenido contacto con el Gobierno regional. La misma Feíto ha admitido que le preguntó por el tema del máster. Su excusa para esa reunión, que ella misma admite, es que justo esa mañana pasaba casualmente por la Universidad para preparar una mesa de debate sobre feminismo, que se va a celebrar en mayo, y que aprovechó para saludar al rector.
Compromiso por escrito
Durante esa mañana, quedaron señalados por la información la funcionaria que cambió las calificaciones e intentó retirar el título de Cifuentes, Amalia Calonge, el pretendido director del curso, Enrique Álvarez Conde y el catedrático de otra de las materias aprobadas en diferido: Pablo Chico de la Cámara.
Javier Ramos se reunió durante la mañana con todos ellos. Álvarez Conde y Chico de la Cámara le confirman que todo estaba OK. “Cifuentes hizo el máster y presentó el trabajo”, le aseguraron. Ambos aseguraron que la información de eldiario.es era falsa y que el cambio de notas respondía a un simple fallo administrativo.
El rector, sin embargo, no las tenía todas consigo. Antes de salir en rueda de prensa, les obligó a los dos a poner por escrito y con su firma su versión de los hechos. Son dos cartas que fueron redactadas esa misma mañana, antes de comparecer ante los medios. Solo una de las dos se ha hecho pública por el momento: la de Pablo Chico. La enseñó el miércoles la presidenta de Madrid en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid. La otra aún no ha sido publicada ni difundida por Cifuentes ese miércoles, en parte porque ya había quedado completamente desmentida por la falsificación del acta de ese tribunal que no existió.
Ramos también habló esa mañana por teléfono con la profesora Cecilia Ramos. Ella es la que figuraba oficialmente como directora del máster y le dice que hubo defensa del trabajo final, que ella junto con Alicia López de los Mozos y Clara Souto participaron en el tribunal que evaluó ese trabajo.
El rector no habló directamente con las otras dos profesoras, solo con Cecilia Ramos. En la primera intervención ante la prensa, el rector aclara que se ha puesto en contacto con el tribunal, lo que era correcto. Después, ante una pregunta, el rector cae en una evidente falsedad al contestar: dice que ha hablado con las tres.
Tras tener esas conversaciones (y las cartas en el bolsillo), se produjo la comparecencia ante los medios de comunicación del rector Ramos y los catedráticos Álvarez Conde y Chico de la Cámara. En esa rueda de prensa, aseguraron que el expediente del máster de Cristina Cifuentes era correcto al cien por cien. De hecho, fue ella, la “alumna de referencia”, la que alertó del error administrativo sobre sus calificaciones. Jamás se le dio “trato de favor”. Había sido una más: se había examinado, había presentado el trabajo, lo había defendido en julio de 2012 ante las tres profesoras. Había sacado un 7,5. Chico incluso dice que no sabía ni quién era en ese momento, en otra explicación imposible de creer. No saben explicar cómo es posible que pudiese defender el TFM con una asignatura “no presentada” en su expediente. También se escudan en la ley de protección de datos para no enseñar ese trabajo. Pero a pesar de todas estas contradicciones, salen de la rueda de prensa convencidos de que han desmontado la noticia de eldiario.es.
Piden documentación para mandar
Pero desde el Gobierno de Cristina Cifuentes querían más. Querían sepultar la historia de su máster fantasma con una pila de documentos. No los tenían, así que los pidieron a la universidad.
Mientras, en las instalaciones de la URJC, se buscaban pruebas escritas. El rector solicita a Álvarez Conde que le aporte más pruebas del trabajo de fin de máster. No las hay, a pesar de que es obligatorio que se deposite en el archivo. En ese momento es cuando el catedrático Enrique álvarez decide fabricar un acta para hacerla pasar como auténtica. En su versión de los hechos, es una “reconstrucción”, porque asegura aún hoy, en una versión claramente contradictoria con la primera que dio, que el acta real existió. Es también falso, como acredita la confesión de Alicia López de los Mozos, que ya ha desmentido por escrito que jamás existiera ese tribunal,
Alguien, por orden de Enrique Álvarez Conde, rellena el acta y le pone las firmas. La única firma que parece ser auténtica es la de Cecilia Rosado, pero aún no está claro que fuese ella quien falsificó las otras dos. El catedrático Álvarez Conde apunta directamente hacia Cecilia Rosado. Una de sus “discípulas”, como las llama, que elabora ese documento con el consentimiento de las otras dos, que le envían escaneadas sus firmas, según confirman otra fuentes.
Las tres doctoras del acta falsificada han crecido en la universidad de la mano de Álvarez Conde. Dirigió sus tesis doctorales. Las ha colocado en el Instituto. Toda la carrera académica y laboral de las tres ha sido gracias a él.
Álvarez Conde escanea el acta falsa y se la envía al rector. De allí, pasará después hasta Cifuentes
A pesar de esta falsificación, la recopilación de documentos que la Universidad acaba enviando al consejero de Educación es bastante escasa. Apenas ha quedado rastro del paso de la entonces delegada del Gobierno por la Universidad: un certificado de notas con todo aprobado en 2012, la imagen de un correo electrónico de Chico de la Cámara a Amalia Calonge en el que pide que se cambie una nota y el acta falsa del trabajo fin de máster. Nada más.
Apenas 25 minutos después de recibir por mail el acta falsificada, el rector se da cuenta de que algo no marcha bien. Es raro que el departamento guardase ese papel, que se suele entregar en secretaría, en vez del trabajo. Es más raro aún que el TFM no aparezca en el registro. A las 17:55, decide poner en marcha una “información reservada”, una investigación interna para aclarar la verdad. El rector era también consciente de que eldiario.es tenía en su mano mucha más información que desmentía las explicaciones que se habían dado hasta ese momento.
Por la tarde, todos los papeles son remitidos por correo electrónico al Gobierno de Cristina Cifuentes, a través del consejero de Educación, Rafael van Grieken. El gabinete de la presidenta de Madrid los reenvió a su vez a toda la prensa. A la redacción de eldiario.es llegaron a la 20.45 de esa jornada: apenas tres horas después de iniciarse la investigación interna de la URJC.
Con ese acta fraudulenta en la mano, Cifuentes cerró el día anunciando en un vídeo, acta falsa en mano, que todo era un ataque personal, que los papeles le daban la razón y seis funcionarios avalaban su explicación. “No me voy. Me quedo. Voy a seguir siendo vuestra presidenta”.