El 23 de junio puede ser la fecha clave. Ese día se reúne la Comisión de Sanidad del Congreso y, si todo va como se espera, se votará (y previsiblemente aprobará; los “síes” suman a día de hoy) la ponencia que propondrá al Gobierno que regule el uso del cannabis con fines medicinales. La ponencia en sí no es más que un documento sin valor legal propio, no es una ley, pero saliendo del Congreso auspiciada por el PSOE y con el apoyo de la mayoría de la Cámara, el siguiente paso natural será que el Ejecutivo la convierta en norma.
“La regulación es inexorable”, explica el portavoz socialista en la subcomisión que estudia la materia, Daniel Viondi. “El cómo es en lo que tenemos que ponernos de acuerdo”. Una declaración breve, pero significativa, toda vez que el PSOE ha sido en las últimas legislaturas el partido clave para su aprobación (o el que la ha impedido por sus dudas respecto a la evidencia científica que la avalara). Unidas Podemos, por su parte, defiende que “se ha hecho un buen trabajo y lo importante es que en esta nueva fase vayamos todos con la voluntad de llegar a acuerdos”. Tras años de espera y reivindicación, los usuarios de cannabis medicinal –se calcula que son unas 300.000 personas en España– atisban una luz al final de un túnel de autodiagnósticos, remedios caseros y mercado negro.
La regulación integral, una demanda de parte del colectivo que cuenta con el apoyo de al menos tres partidos y sendas propuestas de ley registradas en el Congreso, de momento tendrá que esperar.
La subcomisión que aborda el asunto concluyó la primera fase de los trabajos el pasado lunes, cuando comparecieron ante los diputados los últimos expertos citados. Tras algunos responsables de los programas medicinales de otros países y médicos y psiquiatras, para esta última jornada quedaron las asociaciones que representan a los pacientes, que reivindicaron que se sitúe a los usuarios de cannabis medicinal en el centro del debate.
Pacientes y expertos opinan
Desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), una asociación de expertos que lleva años presionando para la regulación, el catedrático en bioquímica Manuel Guzmán explicó que “el cannabis es una sustancia segura para el paciente, no solo teniendo en cuenta la experiencia observada desde el OECM, sino a partir de trabajos de investigación donde se demuestra que el cannabis es más seguro que otras sustancias neuroactivas usadas tanto en entornos recreativos como médicos”. Esta asociación aboga por una regulación que al menos incluya los preparados estandarizados a partir del cannabis e, idealmente, el autocultivo.
El PSOE debe presentar una propuesta de regulación el 30 de mayo y los grupos tendrán 10 días para realizar sus aportaciones. Las siguientes dos semanas son para debatir y acordar un texto y validarlo en la Comisión de Sanidad el 23 de junio
Durante las comparecencias también se señaló la aparente incongruencia del hecho de que España permita cultivar cannabis con fines medicinales –y cada vez otorgue más licencias– pero solo para exportar: lo que se cultiva en el país solo se puede vender fuera.
También intervino el último día otro grupo prorregulación. Noemí Sánchez, presidenta del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC) y doctora en neurociencias, defendió “una ley con distintas vías de acceso, incluyendo el autocultivo individual y colectivo, así como fitofármacos de bajo coste”. Sánchez, usuaria de cannabis medicinal como enferma de esclerosis múltiple, destacó la urgencia de una regulación para unos pacientes que, afirman, no pueden esperar más.
A este tipo de detalles se refiere el socialista Viondi cuando explica que el “cómo” es en lo que hay que ponerse de acuerdo. ¿Quién debe prescribirlo? ¿Para quién? ¿Qué productos serán legales? Asociaciones como el OECM abogan, al menos, por una regulación algo más laxa que permita el uso de aceites, preparados estandarizados o las fórmulas magistrales que se realizarían en las farmacias ad hoc para cada paciente.
El PSOE, encargado de redactar la propuesta de informe que después los diferentes grupos podrán enmendar, no lo tiene tan claro. “La hoja de ruta es: seguridad jurídica y sanitaria, [dispensación] bajo prescripción médica y bajo el paraguas de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). Cualquier cosa que se dispensa a una persona tiene que tener prescripción médica y los medicamentos deben ser planteados y aprobados por la AEMPS”, expone su postura Viondi.
¿Y las fórmulas magistrales, por ejemplo, o las flores secas (cogollos) para inhalar en vapeadores? “No hemos cerrado esa posibilidad”, responde el diputado, aunque matiza que “la inhalación no está dentro de las líneas. Tampoco está descartada, pero no es nuestra opción favorita vistos los ejemplos del resto de países”, y cita a Francia, que está llenando a cabo una prueba piloto en esta línea de la que habrá resultados en un par de años.
La postura socialista, que probablemente se verá reflejada en su propuesta de ponencia, pone el foco en productos cannábicos que no tienen la categoría de medicamento clásico, por llamarlo de alguna manera (no han pasado los ensayos clínicos que sí pasan los medicamentos estándar, que pueden durar más de una década, pero sí están avalados por haber seguido ciertos procedimientos): una flor estandarizada, un aceite con cierta concentración de THC o CBD (los dos principales principios activos de la planta). Israel, uno de los países con un programa de cannabis medicinal más avanzado del mundo, tiene varios productos de este estilo registrados, como por ejemplo la panaxia.
En cualquier caso, nadie quiere ser maximalista en este debate, conscientes los partidos favorables a la regulación (que en principio es la mayoría de la investidura, con Vox en el “no” rotundo y el PP probablemente también ahí, aunque no ha sido tajante) de que las expectativas son altas y de que si eventualmente no saliera adelante la propuesta de regulación sería un varapalo fuerte para un amplio colectivo.
“¿Qué hacemos, negar la evidencia?”
Tampoco Unidas Podemos, pese a que tiene registrada en el Congreso también una propuesta de regulación integral. Su portavoz en la subcomisión, Lucía Muñoz Dalda, valora que esta “ha servido para mirar el entorno en el que estamos”, explica en alusión a los numerosos países europeos que sí tienen programas cannábicos ya en funcionamiento. “Cuando se plantea un debate a partir de una realidad, que hay 300.000 pacientes que usan el cannabis en el mercado negro, ¿qué hacemos? ¿Negamos la realidad?”, reflexiona. “Lo importante es que hemos llegado al final de la subcomisión según los plazos previstos y ahora empieza la importante etapa de formulación de propuesta de conclusiones, y ahí tendremos que negociar y llegar a acuerdos sobre el contenido”.
UP, asegura, llegará al día 30 de este mes, fecha prevista para que el PSOE entregue su propuesta, sin líneas rojas. “Creo que se ha hecho un buen trabajo y lo importante es que en esta nueva fase vayamos todos con la voluntad de llegar a acuerdos”, valora.
En una línea similar se expresa Josune Gorospe, diputada del PNV y responsable política de que exista la subcomisión (fue su grupo quien propuso crearla), que califica de “hitos” primero que se lograra crear la comisión y ahora que se haya concluido positivamente la primera parte. Y quiere más. “En esta nueva etapa manifestamos nuestro deseo de alcanzar un tercer hito que no va más allá de la pretensión de lograr, también por amplia mayoría, aprobar por la Cámara un informe de la subcomisión que suponga algún avance, por pequeño que pueda parecer a quien tenga grandes pretensiones y gigante que pueda considerar aquel que no juzgue necesario mover una coma del vigente marco regulatorio”, explica.
Gorospe valora también que “una parte considerable de los comparecientes consideran necesario avanzar en la adopción de medidas que faciliten el acceso regulado, bajo prescripción médica y controlado, mejorando la calidad de vida de las personas que sufren algunas dolencias y que podrían ser aliviadas de facilitarse el acceso al cannabis de uso terapéutico”.
La excepción española: el debate es ideológico
Una circunstancia que se da en el caso español y sorprende tanto a pacientes como a algunos diputados –especialmente los instalados en el “sí” a la regulación– es que en España el debate lo marque el eje izquierda-derecha. Con la salvedad del PNV y la incógnita de los nacionalistas catalanes de Junts y el PDeCAT, la izquierda apoya la regulación y la derecha la rechaza.
“Este tema no debería ser cuestión de izquierda o derecha”, resume el sentir Muñoz Dalda. “En muchos países la regulación la ha liderado la extrema derecha”, añade en alusión a Israel, donde Ariel Sharon impulsó el programa. “Es una cuestión de salud, aunque aquí el debate lo marque el eje izquierda-derecha sin un motivo ideológico detrás distinto al de separarse”.
El PP está en el “no” porque, asegura, la evidencia respecto al valor medicinal del cannabis es insuficiente. Una postura similar a la que mantenía el PSOE hasta hace unos meses, pero que ha cambiado en parte por el cambio de opinión de la ONU, que sacó la planta de la lista de drogas más peligrosas y sin valor medicinal, y con las declaraciones de los expertos en las comisiones.
Otra de las incógnitas que quedan por resolverse es el papel que quedará para los clubes y el movimiento asociativo, eje sobre el que se articuló el movimiento cannábico (y que ha sido tomado como referencia por otros países) hasta la aparición de los lobbies, con un carácter más marcadamente político. A tenor de la postura del PSOE, no parece que en este movimiento normativo vaya a cambiar el limbo legal en el que se mueven, aunque partidos como UP u organismos como el OECCC han pedido “que se tengan en cuenta en las políticas públicas las peculiaridades del caso español, como la gran difusión del autocultivo y los clubes sociales de cannabis”.