El Congreso de los Diputados ha votado este martes en contra de la extracción de gas mediante la fractura hidráulica: el fracking. PSOE, Podemos, ERC, PNV y Democracia y Libertad han apoyado una Proposición No de Ley que veta esta técnica basada en la inyección de agua a gran presión en la roca subterránea que apresa el gas o el petróleo. Ciudadanos se ha abstenido y el PP ha votado en contra, según Efe.
La iniciativa pide que se paralicen cautelarmente las prospecciones en marcha ya sean en fase de exploración o explotación. También que se eliminen los artículos de la ley de Hidrocaburos referentes al fracking. En España, hay más de 120 permisos en diferentes grados de desarrollo relacionados con la fractura hidráulica. El más avanzado es el de la canadiense BNK en la provincia de Burgos que, según la plataforma empresarial Shale Gas España, tendría planeado abrir sus primeros pozos de explotación a finales de este año.
Además, la reforma de la ley del sector de hidrocarburos impulsada en 2015 por el Ejecutivo incluía varios estímulos para facilitar esta actividad minera. Por un lado, reservaba una porción de los Presupuestos Generales del Estado para “dotaciones para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en cuyos territorios se desarrollen actividades de exploración, investigación y explotación de yacimientos”. También pormenorizaba las expropiaciones forzosas de los terrenos donde se tuvieran que construir las instalaciones y las obligaciones para facilitar las “canalizaciones y conducciones”.
Camino allanado por Industria
El Ministerio de Industria de José Manuel Soria (PP) había allanado el camino al fracking al conseguir que esta actividad estuviera incluida en los trámites de evaluación ambiental que redactó el ministro del ramo Miguel Arias Cañete. Al estar dentro de los trabajos evaluables, se daba por hecho que era un método de extracción admisible.
Las implicaciones medioambientales del fracking abarcan desde la inyección de productos químicos de todo tipo mezclados con el agua que se bombea hacia los yacimientos hasta la recuperación de esa agua tóxica (y sus posibles filtraciones). También la ocupación agresiva del terreno para conseguir que un campo de pozos sea rentable para la empresa explotadora y la inducción de seísmos. Con todo, el Gobierno central del PP ha salido al paso de cualquier iniciativa que tratara de mantener la fractura lejos de los territorios. Recurrió, y ganó, las leyes anti-fracking de Cantabria y Navarra. El Tribunal Constitucional admitió que las competencias sobre hidrocarburos son exclusivas del Estado no de las comunidades autónomas. Sin embargo, Cataluña sí consiguió hallar un recoveco legal para no permitir proyectos en su suelo.