Samir (nombre ficticio) entró en España en 2010 escondido en un camión desde Marruecos, país donde nació y cuyo escudo lleva en portada su pasaporte. Una documentación que acreditaba que era menor de edad, pero a la que las autoridades españolas no dieron credibilidad. Le sometieron a unas pruebas médicas para determinar la edad –consistentes en radiografías de muñecas y exploración de genitales, entre otras– por orden de la Fiscalía General del Estado, que concluyeron que era mayor de edad. Así que, en lugar asumir su tutela y protección, lo dejó a su suerte, en la calle.
“Devolver la cordura al sistema”. Es el objetivo del informe Sólo por estar solo de la Fundación Raíces, en colaboración con la Fundación Abogacía Española, en el que exponen las malas prácticas de la Administración española en la determinación de la edad de los menores migrantes no acompañados que llegan e nuestro país. “El Estado, que es quien debería defenderlos, los condena a vivir en la calle mediante unas pruebas con un margen de error enorme”, denuncia la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal.
Estas pruebas fueron criticadas duramente por la Defensora del Pueblo en su informe de 2013 porque “no se ajustan a las recomendaciones efectuadas por los expertos forenses”. La institución cita una serie de irregularidades, como “la ausencia de una horquilla de edades entre las que deben hallarse los examinados, pruebas médicas insuficientes y la falta de intervención forense”.
Según la Fundación, las pruebas tienen un margen de error de más de dos años. “Hay casos tan descabellados como los de un chico al que un examen le atribuyó 13 años y otro, pasados dos años, una edad de 19”, ejemplifica Reyzábal.
La Defensora del Pueblo también denunció que, aunque los exámenes de edad fueron creados para los menores que llegaban indocumentados a España (según recoge el artículo 35 de la Ley de Extranjería), hay denuncias de que se practican a jóvenes que portan la identificación de sus países.
Condenados a vivir en la calle
Ahora, Fundación Raíces recoge en su informe 40 casos detallados, como el de Samir, en los que los pasaportes y partidas de nacimiento fueron desestimados por la Fiscalía General del Estado. La situación de estos menores cambia radicalmente si son considerados mayores de edad. El Estado no se responsabiliza de ellos, cuando debería integrarlos en el sistema de protección de menores en situación de desamparo y asumir su tutela. Cuando las pruebas médicas les otorgan la mayoría de edad, se quedan en la calle, sin ningún conocido, y sin la posibilidad de ejercer sus derechos de adultos, como trabajar o solicitar el permiso de residencia.
“Porque esa documentación, a la que no da crédito la Fiscalía, no se les retira. Ellos conservan sus pasaportes que acreditan su minoría de edad y que, de hecho, no es cuestionada por otras administraciones, como el Ministerio del Interior”, relata la presidenta de la Fundación Raíces.
Como ejemplo, el caso de Mahdi (nombre ficticio), procedente de Mali y solicitante de asilo, al que la Comunidad de Madrid sacó del sistema de protección gracias a una de estas pruebas de edad. Mahdi aún no ha cumplido los 18 años, según marca su pasaporte, pero lleva dos años en viviendo en casa de una de las educadoras de la Fundación Raíces. Su pasaporte, poco creíble ante la Fiscalía, es el documento que el Ministerio del Interior tiene en cuenta en su petición de asilo, aún por resolver.
El informe lleva por título una de las principales denuncias de la organización. “A estos menores les ocurre esto por estar solos, porque la documentación de los mismos países de procedencia no es puesta en duda cuando llegan adultos o en los casos de niños acompañados por sus padres”, señala Reyzábal. Carmen Moles, abogada y autora del informe, incide en la mala práctica de la Administración, que “pone en tela de juicio la credibilidad de los registros civiles de muchos países sin ningún fundamento legal”.
Además, Reyzábal destaca la gravedad de los casos de menores procedentes de Marruecos, como Samir, para los que el Estado debería basarse en el Convenio de Cooperación suscrito en 1997, por el que “las certificaciones del registro civil no necesitan ser legalizadas para ser válidas”. “Ese mismo convenio que utilizan para justificar las expulsiones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla”, apunta.
Recientemente, siete inmigrantes que habían llegado a la isla de Chafarinas fueron devueltos a Marruecos tras practicarles las pruebas de edad a aquellos que declararon tener menos de 18 años. Todos los resultados concluyeron que ya eran adultos.
La Fundación pone sobre papel su experiencia con estos jóvenes, acumulada desde 2009, para “cambiar lo que está ocurriendo, las vulneraciones de los derechos fundamentales de estos jóvenes”. Aún está pendiente la normativa del Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados, tal como señaló la Defensora del pueblo en su análisis anual, por lo que la organización anima a las autoridades a dar la vuelta a estas irregularidades.
Entre las recomendaciones del estudio destacan la concreción de las pruebas de edad por ley; el requerimiento de asistencia letrada para estos menores, para hacer efectivo su derecho a ser oídos; y el cumplimiento del artículo 35 de la ley de extranjería: “que las pruebas de edad sólo se practiquen a los menores indocumentados”.