“Hemos protegido a los culpables y hemos silenciado a los que han sufrido el mal. Confesamos que no hemos reconocido el sufrimiento de muchas víctimas, ni hemos ofrecido ayuda cuando la necesitaban”. Hace justo un año, 190 obispos y cardenales de todo el mundo se reunían en Roma, llamados por el papa Francisco, para debatir y pedir perdón por la lacra de la pederastia en la Iglesia católica.
Tras esa cumbre, Francisco modificó la legislación vaticana, ampliando los plazos de prescripción de los delitos canónicos, exigiendo la plena colaboración con la Justicia civil, el acompañamiento y la indemnización a las víctimas del horror y dando un año a todas las diócesis del mundo para que abrieran una oficina para acoger, escuchar y ayudar a quienes fueron abusados por curas y catequistas en todo el mundo, más de 100.000 según las estimaciones de ECA Global, una de las organizaciones de víctimas más importantes del mundo.
El encuentro despertó no pocas esperanzas entre los supervivientes de los abusos que, un año después, contemplan con indignación cómo, pese a honrosas excepciones, las cosas no han cambiado demasiado. Y en España, muy poco.
Y es que, pese a la exigencia de colaboración con las autoridades (que se visibilizó con la marcha de Roma del cardenal Pell, ex superministro de Economía vaticano, para ser juzgado en Australia, donde actualmente cumple condena por abusos y encubrimiento), Roma negó el permiso para que su prefecto de Doctrina de la Fe, el español Luis Ladaria, fuera interrogado en un juicio por abusos en Francia que llegó a salpicar (la condena fue anulada por el tribunal de apelación) al cardenal Barbarin.
La comisión antipederastia de la Santa Sede vio cómo dos de sus miembros, dos víctimas, Peter Saunders y Marie Collins, abandonaban la lucha hastiados de la rígida burocracia vaticana. Y, doce meses después (aunque en puridad el plazo concluye en junio de 2020), ni la mitad de las diócesis del mundo han elaborado un protocolo antiabusos o creado la anunciada oficina de atención a las víctimas.
Manual del silencio
¿Y en España? “El trato que reciben las víctimas sigue dependiendo de su código postal. No es lo mismo haber sufrido abusos en Estados Unidos, Alemania o Irlanda, donde se han dado pasos fundamentales en el reconocimiento y la indemnización a las víctimas, que en España”, denuncia Miguel Hurtado, superviviente de los abusos del monje Andreu Soler en Montserrat y uno de los líderes del activismo antipederastia en España, que este martes publica El manual del silencio (Planeta) donde aborda su experiencia y las resistencias de la institución para dejar de encubrir los abusos.
Hurtado, que estuvo presente en el encuentro que responsables vaticanos mantuvieron, hace ahora un año, con doce víctimas de abusos de todo el mundo, sostiene que “lo que debía haber hecho el Vaticano era reconocer una serie de derechos básicos para las víctimas, independientemente del lugar donde sufrieron los abusos. Sin embargo, esto depende de la Iglesia de cada país”. Así, relata, mientras la Iglesia alemana “ha diseñado un sistema de indemnización extrajudicial para las víctimas, con cantidades muy significativas, la Iglesia española se ha negado a hacerlo en múltiples ocasiones”. “El derecho a la justicia, la verdad, la reparación y no repetición de las víctimas depende del código postal”, reitera Hurtado.
Ni indemnizaciones ni apertura de archivos
Así es: siempre que han sido requeridos por los medios, tanto el todavía presidente de la Conferencia Episcopal (hay elecciones en marzo), Ricardo Blázquez, como su portavoz, Luis Argüello, han argumentado que la CEE no es un órgano con capacidad para indemnizar a las víctimas, ni para obligar a las diócesis o congregaciones a hacerlo. Tampoco para a abrir los archivos del pasado, como sí se ha hecho en Estados Unidos, Irlanda, Alemania o Australia, por poner varios ejemplos.
Oficialmente, la Iglesia española espera el plácet del Vaticano para presentar un documento que sí dará a la CEE potestad para elaborar una política común, pero mientras tanto cada diócesis y congregación religiosa elabora sus propios protocolos.
“Hicimos lo que pudimos”, se excusa un religioso, miembro de la Comisión Antipederastia de la Iglesia española que, tras un comienzo titubeante, cerró sus puertas en falso en mayo pasado, tras el fallecimiento repentino de su presidente, el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez.
Acusados de 'matar' al obispo
En su funeral, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz (representante del ala dura del Episcopado y su candidato para las elecciones de marzo), poco menos que acusó a las víctimas del 'acoso' recibido por el prelado, quien falleció de un ataque al corazón. “De víctimas hemos pasado a responsables de la muerte de un obispo”, lamenta un superviviente de los abusos en La Bañeza.
La indignación es grande después de comprobar cómo, durante meses, apenas tres diócesis (Bilbao, Astorga y Sigüenza-Guadalajara) habían hecho los deberes y presentado protocolos de actuación, creado oficinas y establecido un intento de diálogo con las víctimas. La cercanía del plazo marcado por Roma ha hecho que, en el último mes, varias decenas de obispados –bien individualmente o a través de las provincias eclesiásticas– hayan aprobado documentos similares, mientras la reforma de los protocolos en la Conferencia Episcopal (los actuales datan de 2010) sigue frenada.
En este tiempo, las víctimas se han reunido en dos ocasiones con responsables de la Conferencia Episcopal, ambas a petición del presidente de la Asociación Infancia Robada, Juan Cuatrecasas. “Del dicho al hecho hay un buen trecho”, resume Cuatrecasas lo acaecido a lo largo de este año.
Ofensas y ataques a las víctimas
Y es que “siendo conscientes de que el trabajo es enorme, no hemos visualizado en la Iglesia española en todo este tiempo pasos encaminados al apoyo, ayuda, reconocimiento y reparación de las víctimas”, lamenta el padre coraje del colegio Gaztelueta, que observa “desgana y vacilación, cuando no en algunos obispos incluso ofensas y ataques a los y las supervivientes”.
A diferencia de Hurtado, Cuatrecasas sí ve brotes verdes en algunas instituciones, como los maristas en Catalunya, el plan Repara lanzado por el Arzobispado de Madrid, aunque “todo se plantea siempre sin incluir a las víctimas en la comisión” y sin “los mínimos parámetros de independencia y monitorización”.
“Apenas los maristas, por primera vez, asumen la indemnización de las víctimas, mientras a Montserrat no le interesa. ¿Cómo puede ser que en Alemania sí y en España no?”, lamenta Miguel Hurtado. “En países como Chile se está expulsando a los sacerdotes pederastas de la vida religiosa. En España, de forma sistemática, los obispos les imponen penas de oración y silencio. En Chile y en EEUU están dimitiendo obispos, en cambio aquí no pasa nada. El abad de Montserrat, que conoció y silenció mis abusos, sigue en su puesto cómodamente”.
“El Papa y su instrucción Motu Proprio representan el único punto de luz para las víctimas, pero es necesario que todas las medidas y las que faltan por incluir y que reflejan las necesidades reales y urgentes de los y las supervivientes sean ya de obligado cumplimiento”, añade Juan Cuatrecasas, que denuncia cómo “hay un grupo de miembros de la Conferencia Episcopal de España que están poniendo poca actitud y nula imaginación para atacar de frente y de una vez estos gravísimos delitos, esta vulneración de los derechos de la infancia y adolescencia y en fin, esta cuestión de salud pública”.
“Esta lucha contra la pederastia en la Iglesia ha sido siempre una iniciativa de las víctimas a la que se sumó el papa Francisco y un grupo minoritario de cercanos –explican desde Infancia Robada–. Esta lucha no tiene como fin acabar con la Iglesia, sino liberarla de años de encubrimiento y del peso de gravísimos delitos contra niños y niñas”. Una lucha que “no cesará por parte de los y las supervivientes hasta que alcancen reconocimiento y reparación”.
Para Cuatrecasas, “la Iglesia española tiene una asignatura pendiente que debe resolver y entre todas y todos, también cristianos y cristianas de base, hay que poner de una vez luz y taquígrafos en todos los casos de pederastia en las filas de la Iglesia. Un año da para mucho y en este caso ha dado para pocos hechos y algunas palabras”. Palabras de víctimas de abusos. Palabra de Dios. O debería.
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