La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado este martes las tasas que el Ministerio de Fomento le ha reclamado por los trabajos en dos fosas de la provincia de León. Se trata de proyectos en zonas aledañas a dos carreteras nacionales, por lo que al pedir la autorización Fomento exigió el pago de 193,36 euros (que aumentó hasta los 232,03 por impago, a día de hoy ya solventado) en 2016, con el Gobierno del PP, y 65,94 en el segundo de los casos, en septiembre de este año, ya con el PSOE en el Ejecutivo.
El Ministerio, una de las instituciones a las que debía pedir autorización por sus competencias en carreteras nacionales, cobra este importe por, según consta en el oficio más reciente, “la elaboración de un informe que requiere de la liquidación de la tasa de código 22 por informes y otras actuaciones”. La Ley de Procedimiento Administrativo Común estipula la expedición de ese informe, aunque no es preceptivo. Y las tasas relativas a esa gestión, de Informes y Otras Actuaciones, están reguladas por un decreto de 1960, firmado por Francisco Franco y por su entonces subsecretario de Presidencia, Luis Carrero Blanco.
En el artículo 4 de ese Decreto, al que se remite Fomento, se establecen las cuantías por la realización de informes. Los de carácter facultativo variaban entre 500 y 1.500 pesetas. La traslación a 2019 se ha traducido en esos 193,36 y 65,94 euros. Fuentes de Fomento explican que para conocer al detalle el por qué de la diferencia de los importes serían necesarios los expedientes de cada autorización y el desglose de conceptos que incluye cada una.
El Ministerio alega que la normativa es anterior a la Ley de Memoria Histórica de 2007 y por tanto no contemplaba “la utilidad pública e interés social” de actividades “como las que realiza la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica”, recogidas como tales en la ley. El organismo asegura que buscará “la fórmula jurídica más apropiada” para eximir de la tasa a las entidades que soliciten autorización para actuaciones de este tipo. El ministro, José Luis Ábalos, ha declarado que “desconocía” la tasa y “ha pedido que se estudie cuando antes” para que no se pague.
Los dos recibos parten de la Dirección General de Carreteras y en concreto de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental (Unidad de Carreteras en León) y especifican como concepto “las obras de prospección con medios manuales y mecánicos a fin de localizar y exhumar restos humanos”. Desde la ARMH muestran su “desconcierto” y apuntan a la “arbitrariedad” en la decisión. “Hemos pedido la misma autorización otras veces y no nos han cobrado la tasa”, dice Marco Antonio González. “No entendemos, además, en base a qué en un proyecto nos cobran 60 euros y en otro 190”.
En el caso más reciente, el de este año, la búsqueda se realizó en la carretera N-621 León-Santander, donde la asociación intentaba encontrar en Las Salas (una pedanía del municipio de Crémenes) los restos de un vecino del pueblo que había sido asesinado en 1936 y arrojado al río Esla. Se conocía que su cuerpo había sido reflotado a los pocos días por vecinos de la zona y enterrado en la finca más cercana, pero después de dos días de trabajos, explica la ARMH, no apareció.
“A nosotros nos ha pasado estas dos veces, no sabemos si a otras asociaciones les está pasando. Se supone que si no pagas la tasa, no te hacen el informe y no puedes empezar los trabajos, pero nosotros en el caso de Las Salas llevábamos muchos meses esperando y los pusimos en marcha de todas formas”, explica González. La solicitud fue pedida en enero de este año y el 11 de septiembre la ARMH recibió la petición de pago. Aunque abonaron la de 2016, en esta ocasión se niegan a hacerlo porque considera que se trata de algo “injusto” que debe ser suprimido. “No puede ser que se nos cobre por buscar a víctimas del franquismo como si fuéramos una empresa o un particular que está haciendo otro tipo de obras”.
El otro recibo, correspondiente a 2016, exigía por el mismo concepto el pago de 193,36 euros, pero una vez transcurrido el plazo dado por la Administración para efectuar el ingreso, el importe se multiplicó hasta los 232,03 euros que finalmente fueron pagados por la asociación. En este caso, buscaba en una fosa de Santa Lucía de Gordón –cerca de la carretera N-630 Gijón-Sevilla– a 11 hombres y una mujer que fueron asesinados una vez cayó el frente republicano de Asturias. Todo indicaba que los restos habían sido enterrados extramuros del cementerio del pueblo, pero tampoco aparecieron.
Este mismo lunes, la asociación hizo público que la Diputación de Ávila le exigía 150 euros por realizar la exhumación de los restos de tres víctimas de la Guerra Civil que estaban en fosas comunes. El concepto de la tasa que aplicaba era el de una “licencia por obras en la carretera provincial”, ya que los trabajos se realizaron en dos vías de la red de carreteras de Ávila. Finalmente, la Diputación explicó que la tasa se había generado “automáticamente y por error”.