Las residencias de mayores vuelven a convertirse en el foco más letal de la pandemia en esta segunda ola. Con la sombra de lo que ocurrió al inicio de la crisis sanitaria planeando sobre 5.457 centros de ancianos en toda a España, la curva ascendente de contagios y muertes inquieta a familiares y trabajadoras que vivieron el horror de marzo y abril en primera persona. “El recuerdo de ver llegar a mi padre en coma al hospital lo voy a tener presente de por vida”, cuenta la hija de uno de los residentes fallecidos en Castilla- La Mancha por el último azote de casos de coronavirus en esa comunidad. Según los datos de Sanidad, hay 1.877 nuevos positivos en 137 brotes en todo el país.
La opacidad que rodeó a las muertes en los geriátricos en la primera ola fue motivo de indignación ciudadana, ya que durante los tres meses iniciales de la pandemia era prácticamente imposible obtener una cifra clara por parte de las comunidades. Ahora, un documento de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, ha publicado por primera vez una estimación oficial de fallecimientos por COVID-19 hasta el 23 de junio: 20.268 personas, lo que supuso entre un 47% y un 50% respecto al total de muertes.
Pero, ¿qué ha ocurrido desde esa fecha en lo que se conoce como segunda ola? Según los datos aportados por cada comunidad autónoma y recogidos por elDiario.es, el día 5 de noviembre se contabilizaban un total de 23.125 personas fallecidas con COVID-19 o síntomas parecidos en las residencias de mayores. Si lo comparamos con el dato de la primera oleada mencionado antes, habrían muerto casi 3.000 residentes en lo que llevamos de segunda fase de la pandemia. Se trata de un cálculo a la baja, a partir de las últimas cifras de Derechos Sociales, y teniendo en cuenta que los datos de Sanidad y de las consejerías suelen diferir. Otras estimaciones anteriores del Gobierno, menos depuradas, indicaban que la cifra de la primera ola estaba más próxima a 18.000 muertes.
El 5 de noviembre, en España habían fallecido en total 38.486 personas por COVID-19 confirmadas en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Según los últimos datos cotejados por elDiario.es, desde el 31 de julio hasta el 30 de octubre se han sumado 6.862 muertes. Esta cifra y la de defunciones en residencias ofrecida por el Gobierno es difícil de comparar en términos absolutos, pero sirve para hacerse a la idea de que los geriátricos continúan siendo el punto negro de la crisis sanitaria española en la segunda ola, concentrando casi la mitad de los casos letales.
Es cierto que existe una diferencia notable respecto a los meses de marzo y abril y, como advirtió Fernando Simón en el Ministerio de Sanidad el jueves pasado, “sigue habiendo brotes en los centros de mayores pero no tienen para nada el impacto que tenían en la primera ola”. Ahora, además, se han actualizado los protocolos y la capacidad de diagnóstico es mucho mayor: el mismo documento de la Secretaría de Derechos Sociales apuntaba que en la primera ola se identificaron solo el 50% de los casos en geriátricos. Aún así, no es baladí que la mitad de las personas que pierden la vida por coronavirus lo hagan dentro de una residencia o por haberse contagiado en una de ellas.
La realidad varía mucho de comunidad a comunidad. En la tabla anterior se observa cómo han aumentado las cifras de fallecidos desde el 9 de junio hasta el día de hoy según los datos aportados por las consejerías en una y otra fecha. De nuevo, se trata de estimaciones, ya que resulta imposible precisar cuántos pertenecían a la primera ola y fueron incorporados en un recuento posterior, y cuántas personas han fallecido desde el inicio de verano. Conviene destacar que algunas comunidades computan únicamente las muertes con positivo de COVID-19 confirmado y otras las suman a los casos con sintomatología compatible.
También hay diferencias en el conteo entre una región y otra, ya que, por ejemplo, Catalunya lleva un registro de fallecidos en residencias a través de sus funerarias regionales (las cuales contabilizan 4.245 decesos) y otro propio de la Generalitat (en el que la cifra asciende a 6.840).
Respecto a esta comunidad, el virus se ha vuelto a colar con fuerza en los centros de ancianos dando lugar a 193 brotes con 1.213 positivos. Por su parte, Madrid, foco del drama en marzo, parece haber estabilizado la situación de sus geriátricos. Si bien desde junio ha sumado 63 fallecimientos a los 6.038 que ya tenía la comunidad, actualmente las autoridades tienen en el radar a 41 centros infectados con 360 contagios activos.
En cualquier caso, las residencias catalanas, las madrileñas y las de las dos Castillas siguen siendo las que acumulan más muertes. Pero, si lo comparamos con los fallecimientos totales de cada comunidad, los porcentajes son especialmente agudos en Navarra (66%), Aragón (60%) o Asturias (62%), donde los residentes representan más de la mitad de los decesos desde el principio de la pandemia. Datos que pueden coincidir con el viraje que ha dado la incidencia hacia las dos primeras autonomías en esta segunda ola.
De hecho, uno de los mayores brotes se localiza en un centro sociosanitario de Viana (Navarra), donde 26 ancianos han dado positivo. En la comunidad foral, hay un total de 111 residentes con COVID-19. En Aragón, a su vez, el gobierno tiene constancia de 77 brotes que afectan a 1.158 personas. También preocupan mucho los 108 centros afectados por brotes en Castilla-La Mancha, ya que en uno de ellos han fallecido 11 personas en los últimos días y Castilla y León, donde hay 66 personas aisladas con síntomas y otras 1.765 en cuarentena preventiva.
Más allá de cifras, el informe presentado el pasado viernes por la Vicepresidencia Segunda del Gobierno enumera varias lecciones para abordar las residencias con “respuestas cohesionadas” en esta segunda ola. Entre esos aprendizajes estaría el de conectar mejor el sistema sanitario con el de cuidados para no caer en el “edadismo” y la discriminación por procedencia que se dio en los meses de marzo y abril.
En ese sentido, recomiendan no confundir el aislamiento radical de la persona infectada con el de toda la residencia, ya que la salud mental de la gente que allí vive se ha resentido por culpa de un encierro continuado. El texto también conmina a las comunidades a invertir en test para evitar que la transmisión se dispare en sus geriátricos, a contratar más personal y a transmitir al conjunto de la sociedad que la profesionalidad en los cuidados es primordial.
La vulnerabilidad de los geriátricos sigue comportando un desequilibrio que hay que intervenir rápido y de forma eficiente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de la mitad de las muertes por COVID-19 registradas en Europa han sido personas que vivían en residencias. “Una tragedia humana inimaginable”, dijo el organismo en abril, que hizo un llamamiento a todo el continente para mejorar el sistema de cuidados, dar más formación al personal y cambiar, en definitiva, el modo de operar. Un aviso que concierne en especial a España a la luz de lo que sigue aconteciendo en nuestros centros de mayores.
Artículo elaborado con la colaboración de las ediciones regionales de eldiario.es y Ana Ordaz y Victòria Oliveres en los gráficos.
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