Los últimos informes que vigilan el exceso de mortalidad en España, llamados MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad), han registrado una subida de 12.032 nuevos fallecimientos entre el 26 de febrero y la actualidad. Estos informes ya anotaban un exceso grande de mortalidad en España en ese periodo respecto a las medias de otros años, pero las 12.032 muertes de más se reflejan de golpe a partir de los que están publicados más allá del 21 de mayo –el último es el del 25–.
El grueso de las defunciones incorporadas, 11.743 de las 12.032, están fechadas entre el 11 de marzo y el 30 de abril, semanas pico de la primera ola de la pandemia de COVID-19 en España. Los estudios los elabora a partir de registros civiles el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), gestionado por el Ministerio de Sanidad y por el de Ciencia.
La gran mayoría de las nuevos registros de fallecimientos corresponden a Catalunya: hasta el 21 de mayo esa región apuntaba un exceso de mortalidad para el periodo a partir del 26 de febrero de 4.317 personas; los del 21 de mayo, reflejan 11.483, lo que se traduce en 7.166 personas más en el total. Catalunya lleva días ajustando sus cifras, alegando que hay una disparidad de criterios entre la Generalitat y el Ministerio. La segunda que más amplía sus cifras es la Comunidad de Madrid, que pasa de contar 11.903 personas en su exceso de decesos a 13.962, 2.059 más. La tercera es Castilla-La Mancha, 4.439 a 5.197, 758 más. Son tres de los territorios a los que más ha golpeado el brote de coronavirus en España tanto en contagios como en víctimas mortales.
Con los nuevos datos, las 31.000 muertes que no esperábamos en la primavera de 2020 se convierten en un total superior a 42.000. El último informe del Ministerio de Sanidad sobre coronavirus, de ayer 26 de mayo, contabiliza 27.117 víctimas, unas 15.000 menos. En esas estadísticas oficiales solo aparecen las personas fallecidas con una prueba PCR positiva. Como han explicado muchos expertos, no se puede asegurar que el conjunto de 15.000 personas de diferencia hayan fallecido por COVID-19. Pero sí que hay que analizar las cifras sabiendo que se han producido en un contexto pandémico y que muchos pacientes, dado el colapso hospitalario y en residencias, no pudieron ser diagnosticados a tiempo, sobre todo entre marzo y abril. Los especialistas en Salud Pública ya explicaban entonces que una infrarrepresentación de la mortalidad mientras una epidemia todavía está activa es “lo más frecuente. Sucede cada año con la gripe”. Una parte podría achacarse también a causas indirectas, como las reticencias de algunos enfermos de otras patologías a ir acudir al centro sanitario.
Desde el Centro Nacional de Epidemiología aclaran a eldiario.es que, efectivamente, “hoy hemos hecho una actualización importante resultante del trabajo que venimos realizando con el Ministerio de Justicia”. El objetivo es “recuperar aquellas defunciones que no habían entrado en el Sistema MoMo por retraso en la notificación durante los tres meses anteriores”. Todavía pueden bailar más los números en las próximas semanas porque el CNE “sigue trabajando” con el Ministerio de Justicia para “optimizar en lo posible la información” de los MoMo.
El Instituto de Salud Carlos III aporta en sus gráficas el tiempo medio estimado en retraso de notificaciones, y para estos días en en los que se han sumado las 12.032 muertes, el retraso es de 35 días. En los MoMo, los técnicos calculan el exceso de mortalidad en nuestro país teniendo en cuenta las medias de otros años, para sacar la diferencia entre la mortalidad que se podía esperar para unas semanas concretas y la que ha sucedido realmente. Con la pandemia de COVID-19, se disparó, aunque según los informes a partir del 21 de mayo, mucho más de lo que contemplaban los anteriores. La mortalidad la obtiene el ISCIII a partir de los 3.929 registros civiles informatizados que hay en España, dependientes del Ministerio de Justicia.
El propio MoMo español asocia gran parte del desbarajuste, concretamente, a los registros civiles de la ciudad Barcelona. “Cabe destacar”, escriben que desde el 12 de marzo se habían notificado 1.426 defunciones en Barcelona, y sin embargo la mortalidad esperada para el municipio es de 3.146. “Teniendo en cuenta el periodo de exceso generalizado, se estima que se está infraestimando notablemente la mortalidad observada en este municipio y, por tanto, en su CCAA”, escriben. En general señalan “un retraso en la notificación de defunciones en los registros civiles de varias CCAA”, en las últimas semanas.
Los servicios mínimos de personal debido al estado de alarma y el aumento de muertes por el coronavirus llevaron a una situación de colapso en varios registros civiles y depósitos de cadáveres, que sufrió especialmente el de Barcelona y el depósito de cadáveres de la Ciudad de la Justicia de la capital catalana. En un informe de principios de abril, momento del pico, la subdirección general de planificación de la administración de Justicia de la Generalitat revelaba que la sección de defunciones del registro civil de Barcelona no estaba practicando inscripciones de defunciones desde el 17 de marzo ya que sus servicios mínimos se centran en expedir libros de familia y licencias de enterramiento debido a la “elevada carga de trabajo”.
Los MoMo forman parte de la red de EuroMoMo, un modelo común a toda la Unión Europea y Reino Unido. En todas las gráficas de todos los países afectados por la COVID-19 se puede concluir un exceso de defunciones. España ahora mismo ya se encuentra en un baremo “normal”, pero la onda actual de Inglaterra, en Reino Unido, sigue con un aumento “extremadamente alto” de muertes respecto a lo previsible para circunstancias normales. Italia tuvo su exceso entre la semana 10 y la 17 de este año, y Francia entre la 12 y la 17, muy parecido a España.
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