Isabel García Tejerina lo resumió claramente: “Un monte gestionado es un monte cuidado”. La reforma de la Ley de Montes que ha preparado la ministra de Medio Ambiente asimila la visión con la que el PP vincula la protección ambiental a la rentabilidad económica. La norma afecta a más de la mitad del territorio español: 27,7 millones de hectáreas. Así, junto a la noción de defensa “de la biodiversidad”, García Tejerina ha subrayado inmediatamente “el aprovechamiento económico de los recursos forestales, que puede contribuir a la creación de riqueza y empleo en el medio rural”.
El proyecto gubernamental simplifica, es decir, desregula el entorno forestal por un lado y por otro reduce la vigilancia medioambiental al “degradar” a la policía específica de estos delitos, los agentes forestales, que pasan a ser un grupo auxiliar de preservación.
No se trata de una normativa menor: la superficie forestal en España supone el 54,8% del suelo. 18,4 millones son bosques (la tercera masa arbórea de la Unión Europea) y 9,3 millones son pastos y matorral (casi la mitad de todos estos hábitats en la UE). Se trata de casi todo excepto los núcleos urbanos y los terrenos agrícolas.
Aunque la gestión no es sinónimo de explotación, la realidad es que “los montes españoles, en general, están bastante abandonados y esta ley camina en la dirección contraria, porque retira la necesidad de planes de gestión en muchos casos”, analiza Theo Oberhuber de Ecologistas en Acción. Según Oberhuber, “se delega en las comunidades autónomas para que decidan si montes privados no de protección o montes públicos no catalogados requieren un documento que especifique cómo manejarlos”. Y luego, “se abre un plazo de 25 años para redactarlos”. En la práctica “no se va a hacer ordenación”, remata el ecologista.
Este martes el PP ha rechazado que la ministra Tejerina comparezca para hablar sobre esta ley en la Diputación Permanente. “Se pretende provocar ruido mediático y confundir a la ciudadanía”, ha justificado la diputada María Teresa de Lara, portavoz popular de Medio Ambiente en el Congreso.
Se elimina la prohibición de construir
Entre los aspectos que introduce la nueva norma destaca la eliminación del periodo de 30 años que prohibía construir en terrenos quemados para levantar infraestructuras. Este idea ya la lanzó el exministro Miguel Arias Cañete en agosto de 2013. Su sucesora, fiel en casi todas las posturas que adoptó su jefe, lo ha mantenido con esta explicación: “La nueva norma pretende evitar que, por medio de incendios, no se puedan llevar a cabo actuaciones de interés público, que un propietario incendie su finca para evitar una expropiación”, ha contado Tejerina al presentar el proyecto.
De Lara ha insistido este martes en la Diputación Permanente que se “excluye por su naturaleza cualquier interés privado de muchos o de pocos, y sólo en el caso de infraestructuras de interés público es aplicable esta excepción”.
Pero además, para la explotación “de los recursos naturales”, citado por la ministra, se excluye la necesidad de pedir autorizaciones para “aprovechamientos maderables o leñosos a turno corto, en cuyo caso bastará con una declaración responsable” del titular. Turno corto significa que duren menos de 20 años. Ahí caen, según fuentes forestales, “especies alóctonas [no propias del territorio] de rápido crecimiento como pueden ser los eucaliptos o los pinos americanos, en lugar de los robles o las encinas autóctonas”.
El pasado octubre, en su último Diagnóstico del Sector Forestal Español, el Ministerio de Medio Ambiente destacó entre los puntos más relevantes que el “saldo comercial exterior del sector forestal (madera, leña, pasta y papel) ha pasado de un déficit de 902 millones de euros en 2004, a un superávit de 335 millones de euros en 2013”.
Este prisma no es nada nuevo. Es un pilar que fue expuesto cuando en 2006 se dieron los primeros pasos del proyecto de Parque Nacional en Guadarrama. El Gobierno de Esperanza Aguirre redactó un plan de ordenamiento que permitía los aprovechamientos de madera o caza e incluso los deportes de invierno. Iba en contra de la ley de parques. Así que redujo la superficie de protección y consideró “nefasto y nocivo” no permitir esas actividades económicas que “son los que han conseguido la preservación de la sierra de Guadarrama a lo largo de los siglos”. Entonces gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.
Vigilancia de segunda categoría
Aparte de la desregulación –o anexa a ella–, el proyecto de ley también conlleva el debilitamiento de la vigilancia a pie de campo de los desmanes que atentan contra el patrimonio natural: incendios intencionados, caza furtiva, urbanismo ilegal... El cuerpo de agentes forestales, según las intenciones escritas por el Ejecutivo, queda supeditado a actuar “de forma auxiliar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Esto es, la Guardia Civil y su sección del Seprona. Medio Ambiente quiere que sean esos guardias civiles los que deban redactar los atestados y “para ello los agentes forestales les darán conocimiento de cuanto hubiesen practicado”, reza la reforma.
Este cambio conlleva, por lógica numérica, una desprotección ya que en el Seprona hay unos 1.500 efectivos para toda España por casi 6.000 de los agentes forestales. El equipo de García Tejerina también ha establecido que estos agentes no puedan entrar en una finca particular a hacer inspecciones ni tomar muestras de agua o hacer croquis de terrenos sin avisar antes a los dueños, salvo excepciones. “Dar cuenta al posible infractor de que vamos a vigilarlo”, cuentan los agentes forestales con los que ha hablado eldiario.es.
Estos funcionarios creen que se les degrada “porque somos un colectivo combativo y por tanto molesto”. Sus diferentes plataformas sindicales se han unido, ya que consideran que “el Ministerio del Interior ha trasladado la influencia de la Guardia Civil en este asunto porque el servicio del Seprona les proporciona una gran imagen”, cuentan sus portavoces.
Además, si la reforma se convierte en ley, los forestales no podrán acudir directamente a las fiscalías de medio ambiente sino que deberán actuar según les dicten las autoridades de cada comunidad autónoma. “Un filtro político a la acción de policía medioambiental que se veníamos desarrollando”, rematan.
Como colofón, este proyecto de Ley de Montes introduce la caza. Y lanza el mandato de que se cree una estrategia nacional cinegética. Theo Oberhuber cuenta que “es algo que hasta ahora no se podía hacer porque se trata de competencias autonómicas”. Con este paso, según su análisis, “se busca al final fomentar la caza mediante el aprovechamiento cinegético de los montes. Trasluce la influencia del grupo de presión que conforman los cazadores”, explica.
Un detalle ilustra la perspectiva de esta reforma: el organismo designado para desarrollarla es la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. No la de Medio Ambiente. Oberhuber insiste: “Marca de algún modo la idea economicista”.