Managua, 1 ago (EFE).- Al menos 101 trabajadores de la salud, incluidos 44 médicos, han fallecido con sospechas de haber contraído el nuevo coronavirus en Nicaragua, desde que la pandemia alcanzó al país en marzo pasado, informó este sábado el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19.
“Al 29 de julio se reportaron 101 muertes sospechosas de COVID-19 de personal de salud”, indicó el Observatorio, compuesto por una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua que registra casos relacionados con la pandemia, de forma paralela al Gobierno del presidente Daniel Ortega.
La cantidad de trabajadores de la salud fallecidos representa el 4 % de los 2.537 muertos por neumonía y otros síntomas relacionados con COVID-19, que ha reportado hasta ahora el Observatorio en Nicaragua.
El Ministerio de Salud, que ha informado de 116 muertos en total a causa de COVID-19, no brinda detalles sobre la ocupación de las víctimas de la pandemia.
Según el Observatorio Ciudadano, de los 101 sanitarios fallecidos, 44 eran médicos, 22 era personal de enfermería, 14 administrativos, 8 de laboratorio, tres visitadores médicos, tres odontólogos, y siete clasificados como “otros”, que formaban parte del personal de apoyo.
La red de médicos y voluntarios detalló que unos 756 trabajadores de la salud han presentado “sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19, de todos los departamentos y regiones” de Nicaragua.
El total de “casos sospechosos verificados” con COVID-19 reportado hasta ahora por el Observatorio es de 9.044, cantidad superior a los 3.672 informados por el Ministerio de Salud.
El Observatorio Ciudadano clasifica sus reportes como “sospechosos”, pues los médicos se basan en diagnósticos clínicos, dadas las restricciones gubernamentales a las pruebas de COVID-19.
Tanto la Unidad Médica Nicaragüense, como las asociaciones médicas de Nicaragua, han mostrado su respaldo públicamente a los datos del Observatorio Ciudadano COVID-19, y han reclamado al Gobierno que muestre las “cifras reales” de la pandemia.
El manejo de la pandemia en Nicaragua ha despertado preocupación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), y sus oficinas dedicadas a la salud y los derechos humanos.