Los juzgados han recibido 42.689 denuncias entre abril y junio de este año, en las que aparecen un total de 40.366 mujeres. 13.455 han denunciado a su pareja o expareja por violencia de género cada mes. Son datos del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha hecho público este lunes su informe del segundo trimestre de 2017.
El número de denuncias ha aumentado un 18% respecto al mismo periodo del año pasado y la cifra es ligeramente superior a la registrada en el primer trimestre de este año. La mayoría de denuncias fueron presentadas por la propia víctima –3,17% directamente en el juzgado y 65,96% ante la Policía–, seguida de la intervención policial directa. Las denuncias presentadas por familiares se sitúan en el último lugar, con un 0,23% directamente en el juzgado y un 1,7% ante la Policía.
En estos tres meses, los juzgados han dictado 13.230 sentencias penales en el ámbito de la violencia de género, de las que el 67,2% (8.885) han sido condenatorias, lo que supone un incremento de casi tres puntos respecto a las sentencias condenatorias dictadas en el mismo trimestre de 2016. En los juzgados de violencia sobre la mujer, el porcentaje de condenas asciende al 83,3% y en las audiencias penales, al 75,5%. En los juzgados penales –la mayoría no son especializados– se queda en el 55,44%.
La media de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 se sitúa en España en 17. Por encima, hay comunidades como Baleares, con una ratio de 26,3, Murcia, con 21,8 y Comunidad Valenciana, con 21,3. Por otra parte, la ratio más baja se da en Castilla y León, con 10,8 y en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, con ratios ligeramente superiores a once.
Un 67,9% de órdenes de protección aceptadas
En cuanto a las órdenes de protección, en el segundo trimestre del año se solicitaron 11.776. En ellas se incluyen las órdenes como tal, que establecen un marco de protección integral con medidas civiles (régimen de visitas, atribución de la vivienda...), penales (orden de alejamiento, prohibición de comunicación...) y de asistencia social, y otras medidas de protección que se refieren a prohibición de aproximación a la víctima o de comunicación.
El número de órdenes solicitadas se incrementó un 6,84% y también la cifra de medidas aceptadas: Un 67,9% de las órdenes de protección solicitadas fueron adoptadas, lo que supone un incremento de un 4,2% respecto al mismo trimestre del año anterior. La Fiscalía ha alertado en varias ocasiones de las diferencias en la concesión de órdenes de protección entre unos partidos judiciales y otros. De hecho, el lugar en el que denuncia una víctima de violencia machista condiciona que la obtenga o no.
Derivadas de las órdenes de protección, además de las medidas penales como órdenes de alejamiento o prohibición de comunicación, se dictaron medidas civiles cautelares. La suspensión del régimen de visitas solo se acordó en un 3,7% de las solicitudes, la suspensión de la potestad en un 0,4% y la suspensión de la guardia y custodia en un 5,3%.
Por último, el número de mujeres que han renunciado a seguir con el proceso después de denunciar, se ha reducido respecto al mismo trimestre de 2016. Un total de 4.263 mujeres se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar contra su maltratador (10,5%). Eliminar esta dispensa fue uno de los debates que más posiciones encontradas pusieron sobre la mesa los partidos durante la gestación del pacto de Estado contra la violencia machista, que finalmente no incluyó esta medida