Cuando necesitas terapia pero no puedes pagar la sesión: “Vienen muchos estudiantes que no tienen dinero para ir a la privada”

Solo una de cada siete personas que se acerca a la sanidad pública por un problema de salud mental consigue cita con un especialista psicólogo o psiquiatra en menos de un mes (el 14%), según datos del CIS. Con suerte la espera se acota a los tres meses (21%), pero las posibilidades de que se demore todavía más son importantes (24%). ¿Qué pasa con el resto? Desisten o se van a la sanidad privada. Si pueden.

En un momento en el que tener un trabajo fijo ni siquiera es sinónimo de poder hacer frente a los gastos esenciales, pagar una consulta psicológica individualizada es casi implanteable para personas con menos recursos. La precariedad y la relación de la salud mental con el empleo es el lema de este año en el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre.

En los últimos años se han multiplicado las iniciativas para intentar acercar la atención psicológica a quienes lo necesitan pero no pueden costearlo: migrantes angustiados, estudiantes inmersos en la ansiedad y pacientes de zonas humildes. En realidad se trata de clínicas en las que se mezclan personas de todo tipo. La clásica sala de espera, algunos sillones y sillas anchas, láminas enmarcadas, revistas en una mesa baja y quizá un hilo musical relajante. Pacientes que aguardan la hora de su cita, cada uno con su propia historia. De un primer vistazo nadie podría saber quién de ellos puede hacer frente al pago de una terapia estándar o quién se beneficia de estos programas que intentan llegar a aquellos que menos tienen.

Itiziar Domínguez es psicóloga en Amalgama Social, surgida como asociación hace casi una década en Madrid. Ella, que también es trabajadora social, lleva siete años en el centro. El servicio surgió después de que se dieran cuenta de que muchas personas no podían pagar los precios establecidos en la clínica privada, llamada NB, de la que surgió el proyecto. “Empezamos a ofrecer plazas totalmente gratuitas. Crecimos muy rápido, así que decidimos estructurar esta oferta atendida por los alumnos en prácticas del máster de psicología sanitaria”, cuenta.

De esta forma, desde NB supervisaban los casos, que poco a poco fueron en aumento. Por eso, en Amalgama Social también decidieron crear el servicio Psikevirtual, un número de teléfono (912907177) mediante el que psicólogos atienden a cualquier persona que necesite hablar. El centro ajusta el coste de la terapia a los ingresos y gastos del paciente, y también acepta donaciones y aportaciones para que el servicio siga siendo sostenible. La iniciativa está formada por 70 profesionales de la psicología y la franja de precios es muy variable: desde terapia gratuita hasta tarifas desde 40 euros a 100 euros mensuales, lo que da derecho a una sesión semanal, aunque la mayoría de pacientes, explican, está en la horquilla de entre 40 y 60 euros y proviene del sur de la región madrileña.

“Al principio venía gente que prácticamente tenía unos recursos inexistentes, muchas veces derivados desde la Seguridad Social, sobre todo migrantes. Con el tiempo, he visto que ahora viene gente más joven, como estudiantes que no tienen dinero para acudir a la privada, y más mujeres que antes, aunque ellas siempre acudieron a terapia en mayor proporción que ellos”, detalla Domínguez.

Según su experiencia, la mayoría de estos pacientes acuden por malestares relacionados con el estado de ánimo, como depresión y ansiedad, aunque también por procesos de duelo. Según sus cálculos, Amalgama social aglutina a unos 260 pacientes y tienen en su haber más de 11.000 sesiones de terapia individualizada desde su nacimiento.

Dejar la terapia por una vida inestable

Desde 2011, la clínica Mentes Abiertas también ofrece este servicio para las personas con menos recursos. Aunque empezaron la andadura tres psicólogos recién habilitados para ejercer, hoy son profesionales con una experiencia de mínimo dos años quienes atienden a los pacientes. “Por aquí han pasado miles de pacientes y más de un centenar de psicólogos. No solo queremos que la gente vaya a terapia, sino que la mantenga”, dice Nacho Calvo, uno de los directores. En el caso de esta entidad, cobran unos 40 euros la consulta de una hora de duración, cuando en la privada pueden alcanzar hasta los 100 euros.

La inestabilidad socioeconómica de las personas más pobres también repercute en la atención psicológica: “Tienen situaciones tan complejas que muchas personas abandonan la terapia al encontrar trabajo por incompatibilidad de horarios. Eso no suele pasar con la gente que se puede permitir la privada, que acceden a ella con un trabajo estable y unos horarios que les permiten organizarse”, añade Domínguez.

“Viene mucha gente con problemas de ansiedad, gestión emocional y conflictos, sobre todo, con el estado de ánimo. Las experiencias traumáticas y trastornos alimentarios son algo más puntual”, describe Calvo. El psicólogo defiende que el nivel de renta repercute directamente en la salud mental de las personas. “Se trata de un foco de sobrecarga y estrés muy importante que se agrava con las limitaciones de la sanidad pública, donde médicos sin tiempo para atenderte suelen suministrar fármacos para paliar los dolores únicamente con sustancias”, destaca.

Según los datos que manejan desde el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, a nivel nacional, la ratio de psicólogos por cada 100.000 habitantes es de cinco o seis profesionales, muy por debajo de lo recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que eleva esa cifra a los 18 psicólogos por cada 100.000 personas. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sanidad pública es el tiempo de espera para acceder a una consulta psicológica. “En muchas ocasiones, las personas deben esperar semanas o incluso meses, lo que puede agravar sus problemas”, argumenta Paula Muiños, psicóloga general sanitaria y vocal de la Junta de Gobierno de la entidad colegiada.

Mismas problemáticas, menos recursos para enfrentarlas

“Las problemáticas que acusan estas personas suelen ser similares a las del resto, como angustias vitales, procesos de duelo, sensación de no valía, depresión y sentimiento de insuficiencia o mediocridad”, desgrana Juan García-Bouza, psicólogo general sanitario. Él empezó a atender a personas sin apenas recursos en Tetuán, en la capital, tras terminar su formación reglada en 2014. “Mis experiencias y vocación de servicio me motivaron de alguna manera a devolver a la sociedad lo aprendido”, rememora.

En aquellos momentos, García-Bouza cobraba unos 10 euros la sesión de una hora. Aun así, sostiene que “la terapia es costosa respecto a los salarios actuales, porque lo económico no deja de ser un hándicap y mucha gente debe hacer malabares e hilar muy fino para costearse acudir al psicólogo una vez por semana, que es a lo que muchos terapeutas se suelen comprometer”.

Rosa Domínguez, psicóloga en el centro de formación Ágora Relacional, situado en el barrio madrileño de Chamberí, recuerda que hace en torno a una década que comenzaron con un servicio orientado a personas con escasos recursos económicos. “Veíamos que la sanidad pública no alcanzaba, y la privada resultaba excluyente por sus precios, así que empezamos a ofertar algunas plazas totalmente gratuitas”, cuenta. Pero la saturación impidió que pudieran mantener ese servicio.

Desde su perspectiva, este tipo de pacientes acudían a consulta con los mismos problemas que cualquier otra persona. “Un alto ejecutivo con un buen sueldo también puede sufrir depresión, aunque hay determinados estatus sociales en lo que estas problemáticas se agudizan más”, comenta la terapeuta.

Formas de descongestionar la sanidad pública

Muiños, reivindica que la figura del psicólogo se incluya en Atención Primaria, algo “clave” porque “facilita el acceso a tratamientos psicológicos sin necesidad de pasar por listas de espera largas o derivaciones complicadas”, en sus propios términos. De esta forma, demanda que también se incorporen psicólogos educativos en los colegios e institutos para identificar y prevenir diversas problemáticas.

Eso evitaría la saturación del sistema sanitario. Por otro lado, considera que existe “la necesidad de incorporar psicólogos en Atención Primaria de los Servicios Sociales, ya que el déficit de los mismos no permite una atención especializada en las familias en riesgo de exclusión social”. Domínguez apunta que, en cualquier caso, si una persona que no puede costearse una terapia necesita ayuda, “cada vez hay más psicólogos y psiquiatras en las urgencias de los hospitales”.

“La vocación de servicio de los psicólogos puede jugar un papel clave, ya que muchos profesionales decidimos dedicar parte de nuestro tiempo de forma voluntaria o con remuneraciones bajas para contribuir a la salud mental de aquellos que más lo necesitan”, sostiene Muiños, que considera sin embargo que el peso de la situación no debería descansar en la voluntariedad. “La atención psicológica no debería de ser un lujo ni capricho, es una necesidad y un derecho que hay que garantizar”.