La responsable de Igualdad de Mallorca se enfrenta a una multa de 50.000 euros por denunciar apología del “terrorismo machista”

La directora de Igualdad del Consell Insular de Mallorca se enfrenta a una multa de casi 15.000 euros y el pago de una indemnización de 40.000. El pasado martes quedaba visto para sentencia el juicio contra Nina Parrón, acusada de haber cometido un delito de injurias y calumnias con publicidad tras acusar al presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados de Baleares, Jorge Skibinsky, de “apología del terrorismo machista” y “justificación de la violencia machista”. Fue en 2016 cuando Parrón hizo estas declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Fiscalía de las Islas Baleares tras entregar una carta en la que pedía al Ministerio Público que se pronunciara sobre un artículo firmado por Skibinsky, del que aseguraba que podía ser “constitutivo de delito”. 

El mismo, titulado “No fue una agresión machista” fue publicado el 7 de julio de 2016 en la sección de “Cartas al director” del periódico Última Hora. En él, el presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados de Baleares se refería al crimen machista ocurrido en junio de ese año en el municipio mallorquín de Alcudia, donde un hombre roció a su pareja con gasolina y le prendió fuego. La mujer logró abandonar el lugar con su hijo de dos años en brazos y fue trasladada de urgencia al hospital con gravísimas lesiones que le produjeron la muerte en agosto de ese mismo año. Poco antes de los hechos, la víctima le habría comunicado al asesino su intención de separarse de él.

La directora de Igualdad de la Consellería de Mallorca prefiere no hacer declaraciones hasta que la sentencia no sea pública, algo que podría tardar unos veinte días, pero su defensa indica que “lo que ella hizo fue dar la respuesta que como responsable institucional y ciudadana tenía que dar” con el objetivo de informar sobre lo que acababa de ocurrir, explica su abogado Carlos Portalo. “Este proceder, bajo ningún concepto es constitutivo de delito. Hay que ser prudentes, pero estamos esperanzados”. 

Skibinsky defendía en su carta que la agresión no había sido una acción machista, sino “un crimen pasional”: “Su obsesión por la persona amada lo ha obnubilado hasta tal punto que no ha podido aceptar la decisión de su pareja y, hundido afectivamente, la agredió”, prosigue. El autor aseguraba que si la agresora hubiera sido Carla Bruni -“que está misma semana confesaba si mi marido me engañase, podría llegar a actos extremos como cortarle el cuello”- “nadie afirmaría que es un crimen feminista”. Skibinsky concluía el artículo incidiendo en que “el feminismo radical y misándrico ha imbuido a la sociedad de su ideología sectaria”.

“Humillante para la víctima”

A Nina Parrón le pareció que este tipo de expresiones podrían ser constitutivas de delito y, con el ánimo de que la Fiscalía lo investigara, presentó el 12 de julio de 2016 un escrito junto a Aligi Alberto Molina, concejal del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Palma, sellado por el Consell de Mallorca. Dos días más tarde, el Ministerio Fiscal respondió archivando la denuncia y enmarcando las citas en la libertad de expresión “aunque resulten rechazables y molestas para una generalidad de personas”. En ningún momento, dice la Fiscalía, “se trata de degradar a la víctima” ni hay “menoscabo de su integridad moral”. 

La cosa no se quedó ahí. Skibinsky, presidente de una asociación que se opone a la Ley de Violencia de Género y habla del alto número de denuncias falsas, interpuso una querella contra Parrón por las expresiones pronunciadas a las puertas de la Fiscalía al hacer entrega de la carta. Además de apuntar a que el hombre “en ningún momento justificó tan atroz hecho delictivo, al contrario lo condenó”, las alusiones de la directora de Igualdad crearon “sin lugar a dudas un clímax de tensión y una animadversión injusta contra el Sr.Skibinsky en la sociedad mallorquina”, explica su abogado en la querella, que incide en que el querellante recibió llamadas de teléfono amenazantes.

Por su parte, la carta presentada ante la Fiscalía por Parrón hacía hincapié en que el artículo de opinión efectuaba “una justificación de los actos delictivos” y “una negación de la violencia machista” al “negar por tanto un delito reconocido en nuestro ordenamiento jurídico”. Una negación que, prosigue la misiva, “resulta humillante para la víctima y afecta a su dignidad”. La mujer se encontraba en ese momento ingresada en el hospital en estado grave y con quemaduras en el 80% de su cuerpo. 

El Juzgado de Instrucción nº8 de Palma de Mallorca abrió juicio oral contra Parrón en un auto fechado el 16 de febrero que le imponía 30.000 euros de fianza. Además, el querellante especifica la petición de 24 meses de multa a razón de 20 euros al día en caso de ser condenada por un delito de calumnias y 14 meses en caso de serlo por un delito de injurias. Aunque en principio, la acusación particular señalaba a ambos delitos, finalmente en el juicio celebrado el pasado 23 de octubre, modificó sus conclusiones para que, en caso de ser condenada, solo lo fuera por uno de ellos. Además, pide una indemnización de 40.000 euros.

Teniendo en cuenta esta petición, Nina Parrón se enfrenta a tener que pagar esta cantidad de indemnización más 14.880 euros de multa o 8.860 euros, dependiendo del delito. 

Apoyos feministas

En la declaración que hizo ante la autoridad judicial a finales del año pasado, Parrón aseguró que “en todo momento” actuó “en relación a su cargo” y considera que está dentro de sus funciones. La intención, explica, fue “averiguar si esta actuación del presidente de esa asociación era o no constitutivo de delito y después poder hacer lo que le pedía bastante gente que era que se pronunciara sobre ese hecho”. La mujer negó en el juicio que ella fuera la responsable de distribuir los carteles que aparecieron en el barrio de Skibinsky, que rezaban “presidente de la asociación de maltratadores machistas”.

Durante estos meses de proceso, varios colectivos feministas de diferentes ciudades han mostrado su apoyo a Parrón a través de declaraciones públicas y recogidas de firmas. El pasado martes, durante el juicio, representantes de entidades e incluso autoridades como la directora del Instituto de la Mujer Ib-Dona, Rosa Cursach, y la teniente de alcalde de Función Pública de Palma, Aurora Jhardi, acudieron a las puertas de los juzgados junto a medio centenar de personas. También acudieron miembros de la asociación que preside el querellante.

La hermana de la mujer asesinada a la que se refería Skibinsky en su carta también ha apoyado a Parrón. Así, cuando el juzgado le impuso una fianza de 30.000 euros, Eva Saura escribió “me debato entre la ira, la indignación y la tristeza”.