En el hueco polvoriento de la fosa el eco de la noticia retumba aún más: el Supremo ha avalado la exhumación de Francisco Franco y aquí, en el cementerio de Salteras, en Sevilla, la decisión judicial se llena de significados y enciende las caras del equipo de arqueólogos que horadan la tierra en busca de huesos sin nombre. “¿Ya han decidido? ¿Y han dicho que sí?”. Una mezcla de alegría contenida y una pizca de sorpresa dibuja grandes sonrisas también en los que observan, de pie al borde de la excavación, la aparición de restos que podrían ser de sus seres queridos.
El trabajo se interrumpe por un momento para el reparto de enhorabuenas a los familiares de las víctimas. Entre la angustia se abre un espacio para la satisfacción. “¡Por fin, esto tenía que haber ocurrido hace muchos años!”, dice alguien. Y otro apunta: “Ahora falta que el Gobierno lo haga”. Tras esa frase reaparece por un momento la inquietud, las dudas de que finalmente el cuerpo del dictador vaya a salir del Valle de Cuelgamuros. “¿Hay fecha ya? Porque en este país puede pasar cualquier cosa...”.
Aunque el gobierno ha hecho pública su intención de proceder a la exhumación cuanto antes, primero tendrá que resolver el entuerto judicial del permiso de obra, que está parado por las medidas cautelares del juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, conocido por sus ataques a la memoria histórica. Pero todo esto queda muy lejos de Salteras y de lo que aquí ocurre.
“Todavía quedan multitud de fosas por abrir en toda España y el dictador está ahí, con todos los honores. Esta situación no podía seguir”, reflexiona Jesús Román, que dirige los trabajos en el cementerio donde pueden estar enterrados, en una fosa común, al menos siete habitantes del vecino pueblo de Olivares, secuestrados y fusilados entre el 24 y 25 de agosto de 1936.
Los Franco contra el Estado
Todos en el lugar reconocen que impacta la idea de que la momia del dictador vaya a ser retirada del Valle de los Caídos. Pero la alegría por esa reparación histórica no despeja los nubarrones que amenazan tanto la búsqueda de los familiares como el trabajo de los arqueólogos.
“En este proceso hemos visto a la familia Franco pugnando con un Estado, con un país, y las dificultades que se han encontrado para poner en marcha esta decisión dejan clara la impunidad en la que se ha vivido”, sostiene Román.
Una impunidad que, asegura, no ha desaparecido. “Aquí en Andalucía hay un partido que apoya al gobierno que niega los crímenes de la dictadura y se dedica a pedir datos de asociaciones o familiares que luchan por la memoria histórica”.
Los Franco ya han anunciado que recurrirán la decisión del Supremo. Pero en Salteras la sensación es que es la justicia española la que debería dar un paso contra la familia del dictador: “Ahora lo siguiente sería ver el patrimonio de la familia y saber hasta dónde llegaron la rapiña y el expolio a muchos ciudadanos españoles. En Chile ya se está haciendo”.
El ADN de la memoria y el respeto
“Después de 83 años del comienzo de la guerra civil y cuarenta y tantos que llevamos de democracia, que el dictador estuviese en un mausoleo era una ofensa para las familias de las víctimas. Se cierra un ciclo”, reflexiona Román.
Fernando Patiño asiente con la cabeza. Ha venido desde Argentina con la esperanza de encontrar los restos de su padre, el capitán Manuel Patiño, un militar fiel a la República se negó a unirse a la sublevación. Fernando tiene 87 años, tres cuando los franquistas asesinaron a Manuel, enterrado junto a otras 4.500 víctimas en las fosas del cementerio de Sevilla. Hoy se ha hecho unas pruebas de ADN que servirían para identificar los posibles restos. Porque del final del capitán Patiño casi todo son preguntas sin respuesta.
“Me he emocionado mucho viendo la exhumación en una tumba de otros que han sido asesinados. Esta decisión de la justicia me da fuerzas, porque han decidido sacar de su lugar de culto al causante de tanto sufrimiento”, cuenta Fernando, conmovido.
“Que vuelva a su tierra, a Galicia, de donde es él”, propone. Y Jesús Román recoge el guante: “Puede ser un entierro digno, privado, pero sin honores para el genocida”.
“Los honores Franco ya los tuvo, ya existieron. Y que me perdone su familia, pero se le ha respetado, se le dará una tumba cristiana como él hubiese querido, como su familia puede pretender”, defiende Fernando. Y resume en una frase toda la inquietud de las incertezas que le han llevado a hacer este viaje de 11.000 kilómetros. “La familia de Franco lo tendrá con ellos. Nosotros tenemos que seguir buscando”.