España es el país de la Unión Europea con más hábitats declarados de interés comunitario, pero, al mismo tiempo, el 75% de todos ellos presenta un estado de conservación desfavorable. La nueva ley de Restauración de la Naturaleza finalmente aprobada este lunes obliga a que se tomen las medidas necesarias para devolverlos a “una buena condición”.
¿Cuál es la prioridad? “La degradación es patente en todas las biorregiones”, explica la coordinadora de Bosques de WWF, Diana Colomina que recuerda que restaurar significa “recuperar la funcionalidad de esos ecosistemas”. También pide que haya “criterios objetivos para decidir por dónde empezar”. El primer objetivo es restaurar el 30% de todo lo degradado para 2030. “Es ambicioso”, dice la ecologista.
“Se trata de una superficie enorme”, incide el catedrático de Ecología de la Universidad de Alicante y coordinador en España de la Sociedad de Restauración Ecológica, Jordi Cortina-Segarra. “Aunque todavía no se conoce exactamente, estamos hablando de millones de hectáreas. En torno a una magnitud similar al plan de reforestación 1939-86 que supuso unos cinco millones de hectáreas”, calcula el biólogo.
La degradación
Y toda esa extensión debe ser puesta en buen estado. Es decir “que su estructura, funciones y las especies típicas” puedan “garantizar su mantenimiento a largo plazo”, según establece la norma. Un indicador de la relevancia de este problema lo da el gran porcentaje del país que está en riesgo de desertificarse, es decir, de degradarse: alrededor de un 74% de todo el territorio a lo que hay que sumar los ecosistemas marinos.
“Desde luego todos hábitats declarados de interés comunitario serían una prioridad”, apunta Cortina-Segarra. De ese listado, el grupo con más hábitats en peor estado en España es el de los bosques. En el top de la degradación pueden encontrarse los hayedos situados más al sur de la península, los castañares –que están padeciendo el ataque de una plaga de avispilla–, los alcornocales en la parte oeste –como los que crecen en Cádiz o Huelva–, los pinos negros de montaña o los pinos propios del sur mediterráneo, según la evaluación gubernamental remitida a la Comisión Europea.
En las costas hay hasta ocho tipos de ecosistemas diferentes muy estropeados entre los que pueden destacarse muchos cordones de dunas con nombres y apellidos: Maspalomas (Gran Canaria), el Corralejo (Fuerteventura), la barrera de arena de Doñana, o los dunares del levante son algunos ejemplos. También los pastizales salinos de juncos y, sobre todo, las lagunas costeras como el Mar Menor o el Delta del Ebro (un tipo de hábitat en estado de alarma para el que se ha pedido la declaración de “en riesgo de desaparición” contemplado en la legislación española).
En el agua dulce, los ríos “están supermaltratados y hemos renunciado a muchos de los servicios que dan a cambio de convertirlos en desagües”, insiste el investigador de la UA. Desde luego, casi la mitad de los ríos españoles están en mal estado, según la Estrategia Nacional de Recuperación.
Bulos de los ríos
El nuevo reglamento europeo hace una referencia expresa a eliminar barreras que impidan “la conectividad de las aguas superficiales”. Se deberá garantizar que los ríos fluyan y que las llanuras aluviales cumplen su función natural. Se trata justamente de una de las palancas de bulos que se han utilizado contra la restauración ecológica al presentar –falsamente– la liberación de barreras como destrucción de embalses.
También con aguadulce, los humedales están considerados los ecosistemas más amenazados del mundo. España perdió hasta el 60% de estos hábitats en la última mitad del siglo XX. La ley española exige desde 2004 un inventario nacional para utilizarlo como herramienta de conservación. Sin embargo, todavía falta que se remitan los de Catalunya, Galicia, Castilla y León, Aragón, Extremadura y Canarias, según la última actualización del Ministerio de Transición Ecológica. La mitad de los 764 ya catalogados están alterados, muy alterados o desaparecidos, muestra el Plan Estratégico de Humedales 2030.
La norma que aprobaron los Estados este lunes mete a España en la lista de estados cuyas poblaciones de aves comunes agrícolas están entre “las históricamente más mermadas”. Es decir, que, al menos, la mitad de las especies muestran una tendencia demográfica negativa a largo plazo. Una mezcla de cosechadoras y semillas blindadas para obtener máximos rendimientos se lleva por delante tesoros naturales como la alondra ricotí, avutardas, sisones, gangas, aguiluchos cenizos, cernícalos primillas y otra veintena de variedades. España deberá tomar medidas para subir su índice un 10% en 2030, un 20% en 2040 y un 30% en 2050.
En este campo, se deberá “mejorar la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas”. Las medidas deberán conseguir incrementar el índice de mariposas, las reservas de carbono en el suelo y la proporción de elementos paisajísticos de gran diversidad como setos, charcas o árboles aislados. A más tardar en 2030 tiene que invertirse el declive de los polinizadores.
“Priorizar es el trabajo que queda por hacer ahora”, indica Lucas Barrero, portavoz de Ecologistas en Acción. “La implementación de la ley exige un plan nacional de restauración que debe coordinarse con las comunidades autónomas, pero participado por la sociedad y sectores interesados”, añade. A la hora de crear ese plan –para el que hay dos años– “defendemos que se aborde un enfoque sistémico y de ecosistema más que de lugares emblemáticos y específicos (como Doñana o el Mar Menor). Desastres tenemos todos lo que queramos, pero debemos aplicar una visión más global para reducir las presiones”.
¿Y todo esto es muy caro? Cortina-Segarra calcula “unos 30 euros por persona, que no es demasiado para el objetivo que se persigue porque no sé si se es consciente de la importancia de esta ley”.