El Gobierno tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros el proyecto de la Ley de Memoria, que incluirá la designación de una “Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos con ocasión de la Guerra Civil y la dictadura, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, según adelanta Infolibre con el borrador del texto. A esta Fiscalía, que garantizará la tutela judicial en los procedimientos, se le atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas y promoverá las inscripciones en el Registro Civil de las defunciones de las víctimas.
Asimismo, la ley declara la “ilegitimidad” de los tribunales y jurados formados durante la Guerra Civil para imponer “por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal” y considera nulas e ilegítimas sus resoluciones. La ley declara expresamente ilegítimos el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra “constituidos por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa”. Esto implicaría, como señala El Periódico, la anulación de juicios como el que siguió contra el president de la Generalitat Lluís Companys.
Así, se declaran “ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo”, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia durante la dictadura “contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”.
La ley, que derogará y sustituirá la aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, “promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo”, siempre según el citado borrador, que puede sufrir modificaciones.
Otro de los aspectos que toca es el “reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados”, lo que incluiría que las autoridades públicas intentarán que organizaciones o empresas que “utilizaron trabajos forzados en su beneficio” adopten medidas de reparación. Además, se prevé revocar títulos nobiliarios y medallas policiales contrarios a la democracia, considera “causa de extinción” de una fundación la apología del franquismo. Asimismo, establece que corresponde a la Administración General del Estado la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones.