Los obispos fichan como asesores para su auditoría sobre los abusos sexuales a Manuela Carmena y Juan Luis Cebrián

Mientras la cúpula de la Conferencia Episcopal española (Omella, Osoro y Argüello) viaja a Roma, donde el jueves serán recibidos por el Papa Francisco para rendir cuentas sobre el trabajo contra los abusos en la Iglesia y las exigencias de las víctimas, el despacho Cremades & Calvo-Sotelo presentaba la comisión de expertos que realizará la auditoría encargada por el Episcopado.

El bufete presentó este miércoles a los responsables de la auditoría que investigará los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica, así como a quienes elaborarán informes externos. Son 28 miembros “de reconocido prestigio internacional”, y dos nombres inesperados: la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; y el ex director de El País, Juan Luis Cebrián.

Sus nombres fueron la gran sorpresa de la rueda de prensa, toda vez que la mayor parte de los nombres ya fueron adelantados por El País, sumándose a otros apuntados la pasada semana por RD. Según ha confirmado el presidente del bufete, Javier Cremades, Carmena se encargará de afrontar un estudio desde la perspectiva de la experiencia de las víctimas, mientras que Cebrián trabajará sobre la dimensión de los medios de comunicación en este problema. Con ellos estará también Pedro Strecht, responsable de la investigación en la Iglesia portuguesa, y otra experta, Encarnación Roca, quien apuntará a la responsabilidad civil e indemnización a las víctimas, pese a que Javier Cremades admitió que “no nos tocará a nosotros” decidir sobre las mismas, y que será cada diócesis o congregación la que, en su caso, habrá de afrontar o no, sus responsabilidades.

“Queremos investigar hasta el fondo y poner luz”, subrayó Cremades. “Hemos aprendido mucho en estas seis semanas (desde que firmaron el contrato, que aún no es público, con la CEE), gracias, en buena medida, al contacto con las víctimas”, admitió.

“Hemos formado un equipo especialmente competente y plural”, recalcó Cremades, quien apuntó que se han podido reunir “con prácticamente todas las asociaciones e instituciones que trabajan con las víctimas, y que piden justicia, verdad y reparación”. Pese a que la mayoría de las asociaciones han afirmado no querer trabajar con este bufete, Cremades indicó que “todas ellas tienen las puertas abiertas, siempre”, y señaló que la única asociación que no se ha querido reunir con ellos ha sido Infancia Robada. Hasta la fecha han recibido alrededor de medio centenar de llamadas de víctimas.

Colaboración con el Defensor del Pueblo

El bufete se comprometió a “facilitar, en la medida en que nos sea requerida, el trabajo de la comisión que va a crear el Defensor del Pueblo. No estamos para competir, sino para colaborar”, indicó. No reveló si finalmente los obispos participarán o no, algo que tal vez apuntará la cúpula de la Conferencia Episcopal mañana, tras su encuentro con el Papa Francisco. “Esa comisión está en buenas manos”, dijo Cremades, que afirmó haber hablado con Gabilondo.

“No tenemos tiempo de hacerlo mal”, apuntó Cremades, que afirmó haberse reunido con tres obispos (de Málaga, Santiago de Compostela y Madrid) y con los responsables de las oficinas de víctimas. “La independencia de este grupo de trabajo habla por sí misma. Dentro de 11 meses vamos a entregar un papel que debe reflejar la verdad, proponer las medidas de reparación y de futuro”.

Finalmente, serán 28 los miembros de la comisión, entre ellos 12 personalidades internacionales y que estará presidido por el propio Cremades, aunque la ‘pata’ jurídica estará a cargo de Alfredo Dagnino. Como se adelantó, entre ellos se encuentran algunos de los investigadores de los abusos en Múnich o Pedro Strecht, responsable de la comisión antiabusos de la Iglesia portuguesa, quien felicitó a la prensa por su trabajo y les pidió: “No caigáis en el silencio”.

Un “cambio histórico”

“Este es un cambio histórico, no solo de la Iglesia católica (eso se lo debemos al papa Francisco), sino en todo el mundo. Asumir errores del pasado y construir el futuro”, incidió el experto, subrayando la relevancia de que “todas las víctimas hablen”.

Durante su intervención, Javier Cremades subrayó que la auditoría está trabajando en torno a tres partes: en primer lugar, los hechos, los datos; en segundo término, la reparación en el futuro de las víctimas que, admitió, “no nos tocará a nosotros”; y finalmente, “cómo evitar que estos casos se repitan en el futuro”.

Javier Cremades también contará con los abogados Martin Pusch y Ulrich Wastl, del despacho que llevó a cabo la investigación en Múnich. Junto a ellos, también se encontrarán Patricia Lee Refo, expresidenta de la American Bar Association; Carolina Marín Pedreño, del despacho británico Dawson Cornwell; Katharina Miller, presidenta de la Asociación Europea de Mujeres Juristas; Juan Carlos Gutiérrez, abogado venezolano del despacho Cremades; M. Velazquez, del despacho estadounidense Paul Weiss; la psicóloga costarricense Marina Peña; o Juan Pablo Gallego, abogado argentino que encabezó la querella contra el cura Julio César Grassi.

Junto a ellos, un equipo del propio Cremades que, como avanzó Religión Digital, está siendo coordinado por el ex presidente de la ACdP (Asociación Católica de Propagandistas) y secretario general de la Fundación Educatio Servanda (institución ultracatólica que segrega por sexos), Alfredo Dagnino.

La investigación española tendrá mucho más que ver con la alemana que con la francesa, pues los obispos quieren evitar una proyección de datos que pueda dar lugar a una cifra escandalosa. Si en la laica Francia el número de víctimas estimado supera las 330.000, la proyección para la 'católica' (al menos en tiempos de Franco) España podría ser mayor, de modo que el modelo no elaborará una investigación exhaustiva.

Los obispos franceses están discutiendo esta misma semana sobre el peso de las indemnizaciones a las víctimas (en enero crearon un fondo con al menos 20 millones de euros para pagos a los supervivientes), algo que por el momento ni se plantea la Iglesia de nuestro país. Esa, de hecho, será una de las exigencias que los obispos españoles llevarán al Papa este jueves.

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