Los obispos han dicho basta, y se plantan ante el bufete Cremades & Calvo Sotelo, a quien han dado de plazo diez días antes de denunciar el “incumplimiento de contrato” tras los sucesivos retrasos en la entrega de la auditoría sobre abusos sexuales a menores en la Iglesia española. Un informe que debía haber visto la luz en febrero (un año después de la firma), que se retrasó hasta julio, que iba a ser presentado en septiembre y que, después de varias tensiones vividas en las últimas semanas, el despacho sigue sin entregar.
Tal y como adelanta la cadena Cope y ha podido confirmar elDiario.es, la Conferencia Episcopal ha solicitado oficialmente al bufete la entrega del informe, que como adelantó este periódico en exclusiva, costará a los obispos más de un millón de euros (pese a que los abogados de Cremades trabajan 'pro bono'). El Gobierno de la Iglesia española se muestra hastiado de tantos retrasos y excusas a la hora de aportar los datos definitivos, que antes de ser presentados ante la sociedad deberían ser examinados y debatidos por los obispos.
Con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, en Roma participando del Sínodo, y una Asamblea Plenaria convocada los días 20 al 24 de noviembre, todo parece indicar que el retraso podría llevar a una presentación en las mismas fechas que el fin del plazo dado a Pedro Sánchez para formar gobierno. Esto es: el 27 de noviembre.
La carta fue entregada este martes al despacho de abogados y en ella se advierte de que, si no se cumple el plazo establecido de 10 días, la Conferencia Episcopal entenderá que se han incumplido las condiciones del contrato, añade Efe, que subraya que los obispos ya han podido ver unos 2.000 folios del informe, por lo que no se comprende el retraso.
El enfado entre los obispos es monumental. Algunos de ellos han confirmado el “cabreo” por lo que consideran un “engaño” por parte de Cremades. “Nos están mareando y poniendo excusas increíbles”, afirma uno de los prelados asistentes a la Comisión Permanente (26-27 de septiembre), en la que participaron tanto Cremades como el abogado responsable de la auditoría –y ex presidente de la Asociación Católica de Propagandistas– Alfredo Dagnino.
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