Todas la conocían como Lili. Su caso llegó a los medios de comunicación en 2019, tras su fallecimiento en el Hospital del Mar. De origen moldavo, la mujer había sido captada por una red de trata con fines de explotación sexual y en 2011 llegó al corazón de Barcelona, al barrio del Raval, donde fue sometida a años de violencia y persecución que nunca cesaron. Casi tres años después de su muerte, la organización Women’s Link Worldwide se ha dirigido a los tribunales para reclamar que el Estado asuma que los cuerpos policiales involucrados en el caso y la Fiscalía “fallaron en su protección” e incurrieron en “una negligencia e inacción conjunta y continuada”.
La organización denuncia que las administraciones “tenían conocimiento” de la situación en la que Lilia Ochisor se encontraba, pero “no fue debidamente tratada como víctima ni recibió la protección ni el acceso a los derechos que le correspondían”. Por el contrario, las instituciones “se centraron exclusivamente en conseguir que denunciara sin ofrecerle ninguna de las medidas de protección” más allá de la colaboración en la investigación policial de sus tratantes, aseguran. Lili, sin embargo, “tenía miedo a las represalias que pudieran emprender contra ella o sus hijos, retenidos en Rumanía” por la misma red, por lo que no llegó a denunciar.
Women's Link ha iniciado un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial en representación de varias entidades que acompañaron a Lili: la Fundación Ámbit Prevenció, GENERA y Janet Elizabeth Mérida, portavoz de la asociación Putes Indignades. Y lo ha hecho interponiendo cuatro recursos en vía administrativa contra la desestimación de la reclamación por parte del Ministerio del Interior, por la intervención de la Policía Nacional, y Justicia, por la de la Fiscalía de Barcelona. Las actuaciones también se dirigen contra la conducta de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona. Este periódico se ha puesto en contacto con los cuatro departamentos sin obtener, de momento, respuesta.
“Pérdida de confianza en las autoridades”
La demanda hace un exhaustivo relato de los hechos y pone sobre la mesa decenas de informes, documentos y reuniones en los que las autoridades implicadas reconocen que hay indicios que apuntaban a la situación en la que se encontraba la mujer. Durante todo el periodo, distintos servicios de atención del Ayuntamiento de Barcelona documentaron el caso y alertaron de su gravedad: Lili era obligada a ejercer la prostitución “una media de 18 horas continuadas” que podían llegar hasta 20, disponía de poco dinero, su situación física y emocional, que fue empeorando con el tiempo, era “deplorable” y estaba sometida “en todo momento” al control y la violencia física por parte de un grupo de personas a las que se la veía entregarles dinero ocasionalmente.
Lili falleció en el hospital el 30 de marzo de 2019. La autopsia determina que una leucemia no tratada fue la causa de su fallecimiento, pero el informe señala que existían en su cuerpo múltiples hemorragias, lesiones, fracturas “e indicios de posible maltratado en diferentes momentos de su vida”. La mujer se quedó viuda en 2005 y desde entonces ejerció la prostitución en Rumanía, donde se quedaron sus hijos controlados por parte de la red.
Según se detalla en la demanda, Lili entró en contacto con los cuerpos policiales en diferentes momentos. El primero en 2011, cuando reconoció que estaba siendo explotada sexualmente y que temía por la vida de sus hijos. Fue trasladada a comisaría y estuvo a punto de denunciar, pero finalmente no lo hizo “sin que tuviera tiempo para reflexionar ni se le ofreciera ningún recurso de protección”, reza el texto. Las autoridades intentaron en varias ocasiones más que denunciara, sin éxito. Llegaron a iniciar una investigación tras las declaraciones de varios testigos y a detener a algunos integrantes de la red, pero Lili “tenía mucho miedo”, seguía siendo explotada por otros miembros de la misma y se negó a declarar.
Por contra, las organizaciones denuncian que hubo contra ella “una constante campaña de acoso policial y administrativo” que fue incrementando “su vulnerabilidad” y “pérdida de confianza en las autoridades”. Meses después de autoidentificarse como víctima de explotación, hasta en dos ocasiones fue detenida y llevada a comisaría por encontrarse en situación administrativa irregular y recibió una orden de expulsión “evidenciando el enfoque puramente de control migratorio del órgano policial competente”, creen las organizaciones. Tras la emisión de la orden, no volvió a viajar a Rumanía a ver a sus hijos, algo que hasta entonces hacía cada tres meses. En una de esas detenciones, en 2012, Lili se puso en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona y se activó el protocolo de atención a víctimas de trata.
25 sanciones en un año
Para las demandantes, las autoridades “optaron por centrar su actuación en presionar para que denunciara a sus tratantes [...] sin llevar a cabo otras diligencias que permitieran recopilar pruebas y testimonios contra los responsables”. Las varias detenciones se unieron a múltiples sanciones en base a la “ordenanza de convivencia” de Barcelona, que tipifica como infracción administrativa “el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública”. Según consta en la demanda, entre el 6 de septiembre de 2012 y el 5 de agosto de 2014 se le llegaron a imponer 25 multas. La mayoría no fueron tramitadas y otras fueron anuladas “en el contexto de colaboración entre los servicios municipales”, pero “este acoso generó una sensación de desprotección y miedo continuo” en la mujer.
Durante 2013 las autoridades continuaron insistiendo a Lili en que denunciara, pero volvieron a detenerla en dos ocasiones más. En una de ellas, la Brigada Provincial de Extranjería de Barcelona llegó a solicitar al juzgado su internamiento cautelar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para su posterior expulsión. A finales de 2014 el servicio de atención municipal a prostitutas (la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual de Barcelona) emitió un informe en el que reiteraba la situación a la que estaba sometida la mujer y valoró que las actuaciones llevadas hasta el momento, “centradas en conseguir” su declaración como víctima, “no han dado el resultado esperado e incluso han contribuido” a “empeorar su situación mental y personal y, por tanto, a su revictimización”.
Con el paso del tiempo, la situación de Lili fue empeorando y varios informes de los servicios de atención recalcaron que se daba “una acuciante escalada de episodios de violencia” contra la mujer por parte de sus tratantes. Pusieron de manifiesto que existía “un riesgo extremo para su vida y su integridad física”, por lo que solicitaron medidas. Entre otras cosas, reclamaron la concesión de la residencia temporal excepcional que le permitiera acceder a ayudas económicas para mejorar su situación. La Fiscalía de Barcelona llegó a abrir una investigación del caso, pero la archivó “sobre la base exclusiva de la negativa” de la mujer “a denunciar”, esgrime la demanda, “sin que consten órdenes, requerimientos ni actuaciones que revelen una voluntad de involucrarse en el esclarecimiento de los hechos”.
“Una víctima de trata debe ser protegida desde el primer momento, aunque no quiera denunciar a la red. Exigir la denuncia como condición para acceder a la protección es una mala práctica, contraria a la normativa internacional y europea en materia de trata de personas, que pone en riesgo la seguridad y la vida de las víctimas. Es terrible saber que Lili pidió ayuda y no fue protegida”, explica Gema Fernández, abogada de la dirección legal de Women’s Link Worldwide.
Un caso “paradigmático”
Lili falleció en el Hospital del Mar de Barcelona el 30 de marzo de 2019 a causa de una leucemia sin tratar. Pocos días antes había recibido una brutal paliza por parte de su tratante porque no había conseguido entregarle la cantidad de dinero diaria que le exigía. “Su estado de salud era tan grave que sus compañeras de piso intentaron convencerla de que fuera al médico. Sin embargo, Lili desconfiaba de los servicios de salud porque temía que, debido a su situación irregular, pudieran identificarla y expulsarla del país”, explica la organización.
Solo a raíz de su hospitalización y muerte se iniciaron varios procedimientos que se unieron en unas diligencias previas para la investigación de los delitos de trata de seres humanos, prostitución forzada, organización criminal y lesiones perpetrados contra Lili desde su llegada a España. El procedimiento fue en 2020 archivado por el juzgado, pero ha sido recurrido por las acusaciones populares y el Ministerio Fiscal.
Para Women's Link, el caso de Lili es “paradigmático” y evidencia “los fallos del sistema de protección a los que se enfrentan las víctimas de trata en toda España”, asegura la organización, que pone el foco en que “la lucha contra la trata se aborda desde el Código Penal, con un enfoque de persecución de las redes, y desde la Ley de Extranjería, con un enfoque de lucha contra la migración irregular” en vez de “en la protección de los derechos humanos de las víctimas”. Por ello, solicita la aprobación de una Ley Orgánica de Protección Integral contra la Trata que contemple todos los tipos de trata y se enfoque en las víctimas.