Los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos han comenzado los trabajos para llevar el próximo mes de enero al Congreso una Ley contra la Trata con fines de explotación sexual, según confirman fuentes de ambas formaciones. Los planes iniciales del Ministerio de Igualdad, que inició una consulta pública para elaborar la norma en el seno del Gobierno, han cambiado y finalmente serán los dos partidos los que abordarán por vía parlamentaria el proyecto, que se circunscribirá a la explotación sexual y no a otros tipos de trata.
La ley incluirá un plan de inserción socio-laboral para mujeres en contextos de prostitución y víctimas de explotación sexual con el objetivo de “garantizar sus derechos y alternativas vitales para todas ellas”, aseguran las mismas fuentes. Además, ambas formaciones pretenden que “haga hincapié” en que la situación administrativa irregular de las mujeres víctimas “no será un impedimento en el acceso a todos sus derechos como víctimas”.
El Ministerio de Igualdad anunció el pasado mes de abril que iniciaba la consulta pública para elaborar la Ley contra la Trata, que entonces se concebía como integral y no solo en referencia a la que se da con fines de explotación sexual, pero los trabajos pasarán ahora a darse en el Congreso y entre los dos socios del Gobierno.
Ambos comparten la necesidad de impulsar la norma, pero se prevén negociaciones sobre el abordaje de la prostitución después de que el PSOE se haya comprometido con un “marco legislativo abolicionista”. Por su parte, Irene Montero siempre ha reiterado la necesidad de “garantizar los derechos de las víctimas” y “perseguir a la industria proxeneta” como fórmulas de consenso para atajar esta realidad, pero tanto el Ministerio de Igualdad como el resto de formaciones que son socios habituales del Ejecutivo se alejan de medidas como las multas a los clientes que los socialistas sí han defendido.
PSOE y Unidas Podemos han pactado además 28 enmiendas que presentarán de forma conjunta a la Ley de Libertad Sexual que actualmente tramita el Congreso y que “van encaminadas” a “hacer efectivo” el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y los puntos acordados el pasado 25N con el resto de grupos políticos excepto Vox para blindar este instrumento.
Además, el PSOE ha registrado algunas enmiendas ya anunciadas por considerar “laxa” la tercería locativa, una figura que recupera esta norma para castigar a los dueños de locales que “de manera habitual” favorezcan en ellos “la explotación de la prostitución de otra persona” aunque exista consentimiento. El debate en el Congreso se anticipa complejo en este punto, pues la inclusión de contenidos relacionados con la prostitución en una ley concebida para atajar y prevenir la violencia sexual no ha gustado a los habituales socios del Gobierno, que prefieren afrontar el debate en otro marco.