España tiene los impuestos verdes más bajos de Europa. Según la última revisión de la OCDE, suponen un 4,94% de todo lo que ingresa el Estado y está a la cola del continente, que tiene una media del 5,21%. Por eso, la organización le acaba de decir al Gobierno que “no ha utilizado completamente el potencial que los impuestos tienen para conseguir sus objetivos medioambientales y ayudar a reducir el déficit público”.
En su informe Evaluaciones del desempeño ambiental en España, los expertos de la institución dejan claro que, según su análisis, “estos impuestos podrían ayudar a reducir los consumos de energía, y las emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero a la atmósfera -especialmente del transporte, los hogares, y el sector comercial-”. En octubre pasado, la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA) incluyó a España entre uno de los seis países que “no están en la senda para conseguir sus objetivos” de reducción de emisiones para 2020.
Entre sus 28 recomendaciones, una de las medidas más directas que pide la OCDE es convertir el diésel en un producto más caro. Este carburante fue promocionado por la Unión Europea por el menor consumo de los motores que lo utilizan pero, a la larga, se ha revelado como un gran contaminante. Multiplica las emisiones de dióxido de nitrógeno a la atmósfera. Ahora toca desandar el camino. “Aumentar el impuesto del diésel sería una buena medida. También debería revisarse la fiscalización sobre estos carburantes para otros usos como las calefacciones”, incluye la evaluación.
En este sentido, las indicaciones del organismo especifican que “afrontar el uso de los carburantes en el sector del transporte, la agricultura o los residuos es importante para que España consiga alcanzar sus objetivos en política climática y para la lucha contra la contaminación atmosférica”. En 2010 se calcularon 15.000 muertes asociadas a la polución del aire así como costes de 4.500 millones de euros. El último informe de la EEA colocó a España como líder en contaminación atmosférica en la Unión.
El documento recuerda que la fiscalización verde española está a la cola en cuanto a su peso en el Producto Interior Bruto del país. Se mueve en torno al 1,6% mientras que la media de los 27 miembros de la Unión Europea supone un 2,4%: “Tanto en 2011 como en 2012, el Consejo Europeo recomendó a España que desplazara el peso fiscal desde las rentas del trabajo hacia el consumo y el medio ambiente”.
Sin afán de ganar más
El coportavoz federal de Equo, Juan López de Uralde, matiza: “Desde luego que en España hay muy pocas ecotasas” pero que “si se quieren incorporar deben ser con carácter finalista, no recaudatorio”. Esto significa que el dinero que se obtuviera con la imposición “tiene que ir destinado a resolver el problema medioambiental” para el que se diseñe. “Si sólo hay afán de ingresar más, no funcionarán”.
Para Uralde, la prioridad de la fiscalización verde debe ir por el sector energético: “Se ha insistido de manera muy gravosa en los supuestos altos costes de las fuentes de energía limpias y renovables frente a las sucias como el carbón y la nuclear. Pero se omite que estas dos están fuertemente subvencionadas”. Desde luego, la subvención al carbón aparece también en el informe de la OCDE sobre medidas que no favorecen la protección medioambiental.
Según las predicciones de la organización, “una reforma fiscal que ensanchara la cobertura tanto para la energía como los combustibles” muestran que España podría aumentar sus ingresos “entre 7.200 y 9.000 millones de euros en 2018 con un menor impacto negativo en el crecimiento del PIB que otros incrementos”.