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Una asociación denuncia la operación Canalejas “por expoliación” ante el Ministerio de Cultura

La fachada del edificio de Canalejas

elDiario.es

El proyecto de Juan Miguel Villar Mir de construir un mega centro comercial y un hotel de lujo en la histórica manzana de Canalejas en el centro de Madrid tiene un nuevo frente. La Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio presentó una denuncia “por expoliación” ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el pasado 13 de marzo en la que señala como responsables al Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y los propietarios de los edificios sometidos a remodelación.

La conocida como Operación Canalejas pretende 'vaciar' el interior de siete edificios históricos, dos de ellos –el antiguo Banco Español de Crédito (conocido como “La Equitativa”) y el Banco Central Hispano– tienen la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), según recuerda la asociación. La protección especial de varios inmuebles complicaba el proyecto urbanístico, pero la Comunidad, que tiene las facultades de supervisión urbanística, modificó el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para solucionar esos inconvenientes.

La asociación ha explicado a través de un comunicado que la expoliación puede “estar causada” por esta modificación del Plan de Ordenación Urbana de la capital para la creación del ámbito del Área de Planeamiento Específico 01.11 Sevilla-Canalejas, que fue aprobada definitivamente por el Gobierno regional el pasado 16 de enero.

La entidad señala como precedente la denuncia que presentó en 1999 la Plataforma Salvem el Cabanyal-Canymelar y que obtuvo una sentencia del Tribunal Supremo favorable. La Justicia declaró “la existencia de expoliación del conjunto histórico del Cabanyal”, provocada por la ejecución de un plan urbanístico.

“Peligro de pérdida del patrimonio histórico español”

La Asociación considera que la modificación “puede poner en peligro de pérdida o destrucción los valores integrantes del patrimonio histórico español” de los inmuebles situados entre los números 6 y 14 de la calle Alcalá y del número 1 de la plaza de Canalejas, la sede histórica del Banco Central Hispano.

El Banco Hispanoamericano (Canalejas, 1), de 1905, obra de Eduardo Adaro y José López Salaberry, fue declarado BIC en 1999 por su riqueza arquitectónica, pero la Comunidad de Madrid impulsó una reducción de esa protección. Por su parte, el edificio del Banco Español de Crédito, situado en el número 14 de la Calle Alcalá, llevaba décadas esperando ese título, un proceso que protegía el inmueble de facto hasta su resolución.

Ambos dejaron de estar protegidos íntegramente para conservar esa condición sólo en la fachada y la primera crujía (la parte interna del edificio más cercana a las ventanas). Esto permite la remodelación de numerosos elementos arquitectónicos que hasta ahora estaban catalogados como patrimonio: escaleras, revestimientos, decoraciones, patios y cristaleras firmados por famosos arquitectos.

La mayor operación inmobiliaria en los últimos años en el centro de Madrid se ganó la oposición de muchos ciudadanos y arquitectos, que apoyaron con 36.560 firmas la petición “Salvemos Canalejas de la voracidad del ladrillo”, que pretendía devolver la máxima protección a estos edificios.

Madrid, Ciudadanía y Patrimonio arremete contra el fenómeno del 'fachadismo', que puede “vaciar todos los inmuebles y dejar sólo en pie sus fachadas”. La entidad señala varios peligros de este complejo que contempla, además del hotel y el centro comercial, un aparcamiento subterráneo con capacidad para 500 vehículos y un intercambiador de transportes en la calle Sevilla. La asociación destaca el riesgo del incremento de altura en todos los inmiuebles “para crear una cubierta que iguale todo el conjunto por arriba”, la “alteración de huecos de fachadas protegidas” y la “destrucción del interior de todos los inmuebles”.

Entre las joyas arquitectónicas que peligran fihguran las decoraciones del interior de La Equitativa y también su lucernario, con una imponente cristalera de Maumejan, el vidriero más famoso de la época. “Cabe entender que van a desaparecer las peculiaridades de cada uno (edificio), al menos en la planta baja, para crear un contenedor comercial-hostelero”, apuntan los denunciantes.

La asociación solicita al ministerio que, una vez haya obtenido la información suficiente, se declare por Orden Ministerial la situación de “expoliación” en que se encuentran los inmuebles de la operación Canalejas –como ocurrió con la Orden del Ministerio de Cultura de 29 de diciembre de 2009, en el caso del conjunto histórico del Cabanyal–, así como las medidas conducentes para evitarla.

La inauguración del Complejo Canalejas, que la inmobiliaria estima que empleará a unos 4.800 trabajadores y alcanzará un volumen de negocio anual cercano a los 200 millones de euros, está previsto para octubre de 2016.

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