Más de 1.300 organizaciones de la sociedad civil han convocado para mañana movilizaciones en medio centenar de ciudades, incluyendo una manifestación en Madrid, para protestar contra las políticas que generan pobreza y la desigualdad bajo el lema “Las personas por encima de las multinacionales”.
En coincidencia con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la manifestación en Madrid será también la “última gran acción” de la semana global de acciones contra la pobreza y el Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP), según los convocantes.
Las organizaciones quieren que la ciudadanía muestren su oposición a una “creciente desigualdad y pobreza”, que beneficia a las élites económicas e impactan sobre el bienestar y los derechos humanos de las grandes mayorías sociales, comentan en un comunicado.
La campaña NoalTTIP y la Alianza Española contra la Pobreza, que aglutina a las miles de organizaciones convocantes de las protestas, también considera que los tratados de libre comercio que la UE pretende firmar con EEUU y Canadá “generan un grave déficit democrático en participación y soberanía”.
El colectivo Cumbre Social Estatal señala en una nota que es “intolerable” que los poderes públicos y empresas se hayan acostumbrado en nuestro país a “convivir con las actuales tasas de pobreza y exclusión social”.
Una de cada cinco personas viven en España en riesgo de pobreza y exclusión y la desigualdad sigue creciendo mientras el número de millonarios aumentó un 13 % entre 2012 y 2013, recuerda la Cumbre Social, que afirma que España es el segundo país en Europa en cuanto a índices de desigualdad.
Las exigencias de los convocantes de las protestas pasan por pedir un nuevo modelo económico y social que transforme radicalmente las reglas de juego para que las personas sean “la prioridad”.
También quieren exigir el cumplimiento de las leyes y los reglamentos nacionales por parte del sector empresarial, la regulación de los mercados financieros, la necesidad de que los Estados se comprometan a vincular la política fiscal con la garantía y cumplimiento de los derechos humanos.