Una ola reaccionaria ante los derechos LGTBI, pero también una ley en camino. Así aterriza este año el Orgullo LGTBI que celebra su día grande este 28 de junio, el día en que, hace algo más de 50 años, se produjeron las revueltas de Stonewall (Nueva York) que dieron origen al movimiento. Las personas gais, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales afrontan el aumento del discurso antiderechos que enarbola la extrema derecha y también la luz verde del Consejo de Ministros al paquete legislativo LGTBI. Finalmente la Ley Trans y LGTBI se fusionará en una sola, que reconocerá la autodeterminación de género que ha tensionado a los socios de Gobierno durante el último año, aunque para los colectivos LGTBI todavía podría ser más ambiciosa.
Frenar la ofensiva ultra es una de las claves con las que el Orgullo sale a la calle este año, además de la reivindicación de los derechos de las personas trans. Varias ciudades y barrios ya han acogido manifestaciones este fin de semana, y este lunes el Orgullo Crítico marchará en Madrid. El organizado por el MADO, volverá a la calle en la capital tras las restricciones por la pandemia el próximo 3 de julio bajo el lema “Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans ya”, al que le acompañará otra pancarta que rezará “Ni un paso atrás”, una frase que nació hace tres años contra el crecimiento de la extrema derecha.
“Acabaremos en la plaza de Colón, como una forma simbólica de plantar cara al ascenso de la ultraderecha y ocupar el espacio del discurso de odio”, esgrime Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB). Esta pasada semana Hungría ocupaba todas las portadas por aprobar la ley que impide hablar de homosexualidad en los colegios y que ha hecho reaccionar a los líderes europeos. En España, Vox, con 52 diputados en el Congreso y cuyos apoyos sostienen varios gobiernos autonómicos, ha mostrado su respaldo en Twitter a Viktor Orban “ante la embestida de la ideología LGTBI”.
Para el colectivo, la escalada ya está teniendo consecuencias, apuntan: en Murcia, Vox y el PP insisten con poner en marcha el veto parental, que tratar de establecer cortapisas a las charlas LGTBI, feministas y de educación afectivo sexual en las aulas, mientras que en Madrid, el nuevo Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso, ha dado comienzo a la legislatura con Vox marcando la agenda desde el primer día. Los populares se han abierto a reformar la ley LGTBI y Trans autonómicas después de que los de Santiago Abascal pidieran su derogación. “Estamos hablando de derechos fundamentales, solo el hecho de que jueguen con ello y lo usen de moneda de cambio, tiene sus efectos, crea odio y pensamiento en la ciudadanía”, defiende Sangil.
El peligro de la “anestesia” social
La Federación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) ha advertido recientemente de este “aumento sustancial en el discurso de odio”, tanto desde las instituciones, como en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y, matiza la organización, “no solo en Hungría y Polonia”, que ha impulsado las llamadas 'zonas libres LGTBI'. ILGA, que presentó hace un mes su revisión anual de los derechos LGTBI en Europa, asegura que esta tendencia “se ha extendido ampliamente”. Solo hace unos días la diputada de Vox Lourdes Méndez cargó en el Congreso contra una propuesta sobre filiación de parejas de mujeres bajo el pretexto homófobo de que el ámbito natural de la maternidad es “la unión heterosexual” y así “debe fomentarse desde el Estado”.
Para la abogada penalista experta en derechos humanos y discriminación Laia Serra uno de los “problemas” es que este tipo de discursos “están legitimándose” porque “al estar realizándose determinadas manifestaciones graves cada día, se genera una especie de validación”. La jurista destaca dos “estrategias clave” que influyen: por un lado, “la pelea comunicativa” referida “a bombardear constantemente con mensajes y afirmaciones que denostan al colectivo y generan cierta anestesia”; y por otro lado, “la reapropiación de los conceptos”, por ejemplo, la libertad, cita Serra. “El tema de que la izquierda ha venido a imponer, por ejemplo en las aulas, cala mucho. Y esa estrategia no una casualidad, es compartida”, cree.
Es así como el presidente de Hungría, Victor Orbán, ha justificado ante los medios la ley que acaba de aprobar el parlamento, que, defiende, da a los progenitores la capacidad de “decidir cómo educar sexualmente a sus hijos”. “Defiendo los derechos de los homosexuales, pero esta ley no es sobre esto, va sobre los derechos de los niños y sus padres”, añadió el primer ministro. Un argumento que no es ajeno a la sociedad ni a la política española. Esta misma semana, la justicia ha ordenado retirar una guía de educación sexual del Ayuntamiento de Getafe tras la denuncia de Abogados Cristianos, un grupo ultracatólico que utiliza el litigio como vía para socavar los avances en este ámbito.
Las personas trans, en el centro del Orgullo
Las muestras de apoyo a la comunidad LGTBI también se han multiplicado a las puertas del Orgullo. Ocurrió en el mundo del fútbol, que se llenó de símbolos LGTBI tras la prohibición de la UEFA de iluminar el estadio de Múnich durante el partido entre Alemania y Hungría con los colores de la bandera arcoíris. Sin embargo, los colectivos exigen que el avance no se quede en el simbolismo, y se materialice en acciones concretas. Un ejemplo es lo ocurrido con la propia UEFA, que tras la oleada de críticas se mantuvo en su decisión, pero se justificó adoptando los colores LGTBI en su logo, un gesto que fue tachado de pinkwashing o 'lavado de imagen rosa' por las organizaciones LGTBI.
Una de las acciones largamente esperadas será la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la Ley Trans, que finalmente no será una legislación propia, sino que, en la práctica, será un título específico dentro de una Ley LGTBI. La norma admitirá una de las demandas históricas del colectivo trans, la despatologización de sus identidades a través de la autodeterminación de género para mayores de 14 años, a la que se oponía la parte socialista del Gobierno y una parte del movimiento feminista. La formula elegida finalmente implicará que quien cambie su sexo legal, deba reafirmarlo a los tres meses. El pulso en el seno del Gobierno ha alargado la tramitación del texto, que ha sido objeto de una dura negociación que solo se ha desencallado a pocos días de la celebración del Orgullo.
Por su parte, el sector feminista contrario a las leyes se ha mostrado crítico con el acuerdo y también se ha manifestado este fin de semana en varios puntos de España. Aseguran que la autodeterminación de género “atenta contra los derechos de las mujeres” y señala al Ministerio de Igualdad y a la “inacción cómplice” de la presidencia del Gobierno, en palabras de la Confluencia Movimiento Feminista.
En el proceso han participado activamente y con un papel clave la FELGTB, Fundación Triángulo y Chrysallis, que ven en la norma “el primer paso para que los derechos comiencen su andadura”. La ley es mucho más escueta que los borradores presentados por el Ministerio de Igualdad el pasado febrero, pero reconoce medidas como la prohibición de las terapias de conversación, el fin del requisito del matrimonio para que las parejas de mujeres filien a sus hijos e hijas y prevé protocolos y formación en el ámbito sanitario en atención a las personas trans. Por contra, apenas desarrolla medidas en el ámbito educativo, ha eliminado lo referente a las personas no binarias y limita el cambio de sexo legal de los menores a partir de los 12 años, y hasta los 14 con autorización judicial.
Por eso las personas trans ocuparán también este año, al igual que el pasado, el centro de la agenda del Orgullo. La marcha del sábado 3, en la que no habrá carrozas ni escenarios, será convocada bajo el lema principal “Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans ya”, mientras que el del Orgullo Crítico, que mantiene su manifestación el día 28 de junio, será “Ni sexo asignado, ni género demostrado, furia trans contra toda autoridad”. Para la asamblea que está detrás, el borrador que aprobará el Ejecutivo “es una ley maquillada” y “un insulto vergonzoso a la lucha real de los colectivos que quieren una ley trans estatal que no deje a nadie fuera”, dice en referencia a los menores, las personas migrantes o las personas no binarias.
Entre ellos está la asociación de familiares de menores Euforia, cuya presidenta, Natalia Aventín, es la madre del menor trans que llevó su caso ante el Tribunal Constitucional y logró que declarara inconstitucional la exclusión de los menores de edad del cambio de sexo legal. “Es una ley de trámite, porque quieren ir al Orgullo con ella aprobada, pero realmente no incorpora las peticiones que teníamos”, destaca Aventín, que insiste en que “la ley trans ha desaparecido”. Desde la FELGTB, Triángulo y Chrysallis comparten que hay “margen de mejora” y asumen que hay cuestiones que han quedado fuera, pero aseguran que es un “logro” y confían en que en el trámite de enmiendas “el texto crezca”: “Sale con derechos fundamentales, pero hay que tener en cuenta que no se aprueba una ley, sino iniciar su trámite”, cree Sangil.