Es la última oportunidad para cumplir en esta legislatura. Más País pide en una enmienda parlamentaria que los Presupuestos de 2023 contemplen la rebaja del IVA de los servicios veterinarios a animales de compañía, como incluye el acuerdo de Gobierno PSOE- Unidas Podemos, en este caso del 21% al 10%.
La idea, cuentan en el partido que presenta la moción este martes, es que las familias puedan acudir más regularmente a la clínica y favorecer así “el bienestar animal, reducir el abandono animal y salvaguardar la salud pública”. La intención de rebajar este IVA es, en realidad, deshacer el incremento que se aplicó de golpe en 2012. También es la historia de varios intentos frustrados para devolver la atención sanitaria animal al gravamen anterior.
Hachazo fiscal del PP hace diez años
El subidón llegó en 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy (con Cristóbal Montoro a la cabeza de Hacienda) buscaba dinero casi de cualquier forma. Entre las imposiciones que incrementó (además del IRPF), estuvo una elevación de 13 puntos del IVA de los servicios veterinarios: del 8% al 21%.
Los veterinarios han afirmado que esta medida provocó una caída generalizada de la atención de los animales de compañía. La Confederación Empresarial Veterinaria (CEVE) calculó que las visitas a las consultas cayeron un 35%. “El aumento de los precios en el sector ha provocado, entre otras consecuencias, un aumento del abandono de animales por parte de familias que no pueden hacer frente a su mantenimiento”, describía un estudio de 2017 de la Universidad de Girona encargado por CEVE. “La principal causa [del abandono] es la económica, cuando solo era la sexta en 2010”, concretaba el trabajo.
Y añadía que el aumento del IVA también había provocado el “descenso de tratamientos preventivos para controlar enfermedades animales infectocontagiosas y parasitarias, incluidas las transmisibles de animales a personas, incrementando el riesgo sanitario para la población en general”.
Con todo, la actividad de la atención de animales de compañía ha pasado de facturar 227 millones de euros en 2016 a 299 millones en 2019, según el último informe de situación del sector.
En Más País analizan que “con el contexto actual de subida de precios, es una barbaridad mantener ese IVA”. Y prosiguen: “En primer lugar, por motivos de salud pública. Además de medidas obligatorias como la vacunación y la desparasitación que no se pueden asumir, las revisiones –que no se están haciendo– dan información sobre enfermedades zoonóticas, las que saltan de animales a humanos”. Y, además, un animal potencialmente infectado hace circular esa patología.
La formación asegura que “hay relación entre los abandonos y la dificultad de acudir al veterinario ya que, cuando no pueden afrontarse los gastos, pues se deja al animal, tanto en albergues como en centros públicos”. Las cifras de abandono de mascotas no son sencillas. Lo más sistemático es el informe anual de la Fundación Affinity que, para 2021, mostraba que se habían recogido 285.000 perros y gatos. El 20% de los perros fueron devueltos a sus familias. Solo el 3% de los gatos.
Llevar a un animal con mayor frecuencia al veterinario influye en el bienestar de ese animal que convive con los humanos. Y no son pocos: aproximadamente la mitad de los hogares españoles tiene una mascota, dicen Veterindusitra y la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía.
Intentos frustrados
Reducir el IVA de las facturas veterinarias es un proyecto que anda dando vueltas desde hace años. En 2016, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó –con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos– una proposición no de ley (PNL) que solicitaba llevar el impuesto al 10%. Entonces, el PP contaba con 132 escaños y Ciudadanos con 33 diputados.
Los Presupuestos Generales de Estado de 2019, ya presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez surgido de la moción de censura de 2018, contempló en el preámbulo de su proyecto esa rebaja. Al decaer esa propuesta por la convocatoria de elecciones generales –tras la negativa de ERC a apoyarlos–, el plan se disolvió.
Después llegó la pandemia de COVID-19. Cuando se prepararon las cuentas de 2021, esta medida no apareció y tampoco ha aflorado en los presupuestos para 2022. El texto del acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos dice: “Impulsaremos una Ley de Bienestar Animal, que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos incluyendo la revisión de la fiscalidad de los servicios veterinarios”. La Ley de Bienestar Animal sí ha sido impulsada por el Ejecutivo, y actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.