“Te ayudamos a superar la incertidumbre. Hazte el test. Hazlo por ti, hazlo por todos”, reza la web de una clínica de reproducción asistida y fertilidad en Madrid que ofrece análisis de coronavirus. La pandemia de COVID-19 ha abierto un nuevo campo de negocio para la sanidad privada: los tests diagnósticos de SARS-CoV-2. Clínicas, laboratorios y centros de casi cualquier rama sanitaria se han lanzado a captar clientes en un mercado alentado por algunas ocurrencias políticas como la del “pasaporte inmunológico” y también por los criterios restrictivos con los que se practican las pruebas en el sistema público.
Los análisis a cargo de la sanidad pública están acotados a casos sospechosos o sus contactos (en algunas comunidades autónomas, solo a los contactos de riesgo). Se trata de intentar controlar la pandemia, de cercarla y evitar que se expanda. De manera que la demanda por parte de quienes no están en esas circunstancias y los retrasos que se han producido en la red sanitaria pública en lugares como Madrid o Barcelona han dejado abierto el campo al sector privado. Un sector que se beneficia, también, de las restricciones en el acceso a pruebas de algunas autonomías y del volumen de personas que desean saber a ciencia cierta si han pasado la COVID-19 y han desarrollado anticuerpos.
El auge del negocio ha provocado una gran cantidad y variedad de ofertas y mensajes que buscan atraer clientes, ya sean particulares o empresas: “Visitar o salir con amigos o familiares, disfrutar de unas vacaciones, hacer un viaje o incluso incorporarse al lugar de trabajo. ¡Hazlo de forma segura y sin ningún riesgo para ti ni para los que te rodean!”, se promociona uno de los grandes grupos de laboratorios. “Con el protocolo y rapidez que necesita un viajero para completar su travesía en los plazos exigidos por la aerolínea y país de destino. Le hacemos la entrega del resultado en el idioma inglés y español (un requisito fundamental si su destino es Alemania, Italia o Austria”, describen en el servicio específico montado por un grupo de clínicas para promocionar sus análisis. La patronal de los laboratorios clínicos, ANLAC, no ha contestado a elDiario.es sobre las cuestiones que suscita el crecimiento de su actividad en torno al nuevo coronavirus.
La pandemia ha aunado una población cada vez más acostumbrada a gastar dinero en servicios de salud con la incertidumbre de una nueva enfermedad. Los hogares españoles pagan un 73% del gasto sanitario privado y han pasado de abonar 21.000 millones en 2014 a 23.900 en 2018, según refleja el Sistema de Cuentas de la Salud del Ministerio de Sanidad. Más de la mitad de ese dinero se va a “productos médicos”, como los test. Ahora, hacerse una PCR oscila entre 99 y 140 euros. La prueba de antígenos puede comprarse desde 35 euros y la serológica, entre 40 y 60 euros.
El mercado se ha ido disparando y nadie quiere renunciar a él. El grupo Vithas, que gestiona una decena de hospitales privados en España y factura 500 millones de euros al año, ha sido claro: ante la “creciente demanda de la población”, describen, abrieron en octubre un laboratorio específico para COVID-19 en Madrid. Otro gigante de la sanidad privada, HM hospitales, también ha lanzado sus ofertas, que incluyen un sistema para tomar las muestras desde el coche de los clientes. Pero hasta el nuevo nicho de ingresos no solo han llegado grandes empresas cuya actividad habitual era realizar análisis; también otras que habían estado enfocadas en la fisioterapia, la atención prenatal o pequeñas y medianas clínicas han montado un dispositivo específico para aprovechar la oportunidad.
“Tiene tirón, pero también ayudas a la gente”
En la ciudad de Madrid, a muy poca distancia del hospital más grande de España, el Gregorio Marañón, María José Rozalén, una de las propietarias de una clínica de fisioterapia, explica que lo de los análisis para el nuevo coronavirus “tiene tirón, pero también ayudas a la gente que dice que en la pública no les cogen el teléfono o no les prescriben la prueba”. A su local acuden cada día medio centenar de personas. “Hay de todo: contactos a los que ya no les hacen prueba, gente que la necesita para viajar, clientes paranoicos que vienen cada poco tiempo…”, cuenta.
Las fórmulas del negocio COVID-19 son diversas: desde pre-comprar un análisis para luego acudir a un punto de extracción y, más tarde, consultar los resultados online hasta la compra de un kit para hacer las extracciones en el propio domicilio. Se han puesto a la venta productos para tomar muestras para PCR mediante un enjuague bucal o acumulando saliva que se deposita en tubo y cuyo resultado se remite por mensajero (el sobre va incluido en la oferta) al laboratorio de análisis. “Nosotros pusimos en marcha el servicio de PCR a domicilio, pero no ha funcionado”, asegura Rafael de Tena, gerente de la clínica de cirugía plástica CEME. “Creo que mucha gente no está dispuesta desembolsar cien euros por la prueba”, expresa.
Hay de todo. Las plataformas de venta de servicios sanitarios los listan según el precio, el tipo de prueba, si es con o sin cita previa… el cliente llena su cesta virtual con lo que quiere, abona telemáticamente y listo. Los farmacéuticos también han reclamado que se les permita realizar test rápidos de antígenos en sus oficinas. Aseguran que están preparados para “la dispensación, venta y realización” de las pruebas con el objetivo de “atender la demanda social”, según cuenta el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, Luis de Palacio.
El crecimiento ha sido tan repentino que la Entidad Nacional de Acreditación publicó en julio una guía para aquellos laboratorios que quisieran optar al sello de calidad que implica la acreditación oficial de la ENAC (no es obligatoria en España). Solo tres centros la han pedido hasta ahora y la entidad ha reconocido este miércoles a CATLAB como el primer, y de momento único, laboratorio de España que podrá emitir sus informes con este sello.
Los políticos alentaron el salvoconducto COVID
A esta fiebre por hacerse análisis han contribuido los mensajes de varios responsables políticos que han jugado con la idea de crear un salvoconducto COVID para permitir el movimiento y la actividad de personas que hubieran desarrollado anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Un intento de mantener el ritmo económico. La primera fue la Generalitat de Catalunya, que barajó ya en abril un plan que incluía el pasaporte inmunológico. Pero no fueron los únicos.
En mayo, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció lo que llamó “Plan B de desescalada” que contenía “la puesta en marcha de la denominada huella digital con un pasaporte epidemiológico y una aplicación con código QR”. A pesar de que la OMS desacreditó esta idea porque todavía no hay certeza científica sobre cuánto pueden durar los anticuerpos generados por quienes superan la enfermedad, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó en julio pasado un “proyecto experimental de cartilla COVID-19”, para que “quienes hayan pasado la epidemia y se estén realizando PCR o hayan tenido acceso a las pruebas tengan la posibilidad de tenerla”, lo que les permitiría “seguir una vida normal” y “acceder a establecimientos como gimnasios, museos, cines o cualquier recinto cerrado”.
El proyecto de cartilla nunca arrancó, pero en la clínica de María Jesús Rozalén la demanda ha ido como un tiro. Empezaron en mayo realizando test rápidos de anticuerpos a sus clientes “cuando se hablaba de que iba a haber un pasaporte de inmunidad”, recuerda. Después le sumaron pruebas de antígenos y esta semana se estrenan con las PCR y las pruebas serológicas (tipo Elisa) tras alcanzar un acuerdo con un laboratorio que les analiza las muestras. De momento, la cosa va viento en popa: para absorber la carga de trabajo, la clínica ha contratado a tres enfermeras del hospital público que hacen las pruebas al margen de su horario laboral como un extra.