“La verdad es la verdad, y no debemos esconderla”. El pasado mes de noviembre, tras su visita al Parlamento Europeo, el Papa Francisco hablaba en público sobre el escándalo de abusos sexuales a menores en Granada mientras el arzobispo de Granada, Javier Martínez, sigue enrocado en no colaborar. Sin embargo, la “tolerancia cero” de Bergoglio contra los abusos sexuales a menores sí ha tenido efecto en Asturias. El padre Chus ha sido expulsado este viernes como cura y profesor de Religión. A la espera de lo que se decida en Granada, lo acaecido en Oviedo muestra cómo la implicación del obispo puede resultar decisiva a la hora de establecer sanciones canónicas.
La “expulsión del estado clerical” es uno de las penas más graves que puede sufrir un sacerdote, e implica, como en este caso, que deja de serlo. Sin posibilidad de apelar y sin vuelta atrás. No es una “suspensión a divinis” que en cualquier momento puede ser revocada. Es la primera vez que esta sanción se da en España por un caso de abusos desde que Francisco es Papa.
Acción rápida del Obispado
El Arzobispado de Oviedo, liderado por Jesús Sanz, ha actuado con rotundidad y sin dar pie al espectáculo, después de un proceso que ha durado algo más de un año y en el que ha intervenido la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Papa lo ha culminado anunciando la expulsión del estado clerical del padre Jesús María Menéndez Suárez de manera “irrevocable e inapelable”, según el comunicado de la diócesis este pasado viernes.
La nota episcopal concluye manifestando su “profundo dolor por unos delitos que han supuesto un daño enormemente lesivo tanto en personas adultas, como especialmente en menores de edad según la legislación eclesial, por parte de quien ha manchado la santidad de su sacerdocio y ha roto la comunión”. Mientras tanto, “pide perdón por la conducta reprobable de este sacerdote, expresa su voluntad de seguir velando por el bien de todos los fieles, especialmente los menores y más desprotegidos”.
Ahora empieza el proceso civil
Fuentes conocedoras del proceso han asegurado a eldiario.es que, una vez avanzado el proceso, se fueron sumando más posibles víctimas del padre Chus, en su mayor parte jóvenes. Tras la sanción canónica, el sacerdote pasa a ser el “ciudadano Chus” y, más que posiblemente, habrá de vérselas con la Fiscalía de Menores.
La noticia ha causado un gran revuelo en la diócesis, toda vez que el sacerdote era muy conocido en Gijón. Hasta que se ha conocido la condena, la imagen que se tenía del padre Chus era muy diferente. Con 63 años, había sido párroco hasta entonces de Castiello de la Marina, en Villaviciosa, y anteriormente de otras localidades asturianas como Tazones, Argüero y Oles, hasta que el arzobispo, Jesús Sanz Montes, le prohibió cautelarmente dar misa a mediados de 2014.
En esas fechas, además, el cura fue despedido como profesor de Religión de unos institutos de Gijón, una decisión que le llevó a los tribunales y que en enero resolvió el TSJA, dando la razón a la diócesis. En todo este tiempo, el obispo mantuvo un escrupuloso silencio ante las acusaciones de persecución lanzadas por el ya ex sacerdote. Durante estos meses, todo parecía indicar que la trifulca tenía más que ver con el modelo de Iglesia (Sanz Montes es considerado uno de los obispos más conservadores de España, mientras que el padre Chus tenía fama de progresista), que con cuestiones relacionadas con delitos eclesiásticos -la diócesis no ha aclarado si se trata o no de actos perseguibles desde el punto de vista jurídico-.
Lo cierto es que, desde que conoció la primera denuncia, monseñor Sanz se implicó con las víctimas y abrió todos los cauces eclesiásticos, que muy seguramente llevarán a las víctimas a, en los próximos días, plantear la pertinente denuncia ante los tribunales civiles.
Las diferencias entre Oviedo y Granada
El ejemplo de Oviedo es radicalmente distinto al que, desde hace meses, se vive en Granada. En primer lugar, por la naturaleza del proceso -Daniel denunció ante las autoridades civiles después de no encontrar apoyo en su obispo, mientras que en este caso las víctimas se han dirigido primero a la Iglesia-. En segundo término, por la actitud del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, quien de inmediato se reunió con las víctimas, escuchó sus testimonios -en algunos casos, tremendos-, e incoó los procesos judiciales que han concluido con la sanción más grave que puede sufrir un sacerdote: dejar de serlo.
Mientras tanto, el arzobispo de Granada ha sido conminado por el juez de instrucción a entregar toda la documentación de un caso que implica a diez sacerdotes de su diócesis, de los que únicamente tres han sido sancionados “a divinis”. Finalmente, mientras Sanz actuó en silencio con las víctimas, Javier Martínez no ha dudado en convertir un caso de abusos en una supuesta persecución a su persona.
Sea como fuere, lo cierto es que la expulsión del sacerdocio del padre Chus marca un antes y un después en la anunciada “tolerancia cero” contra la pederastia en la Iglesia de España. Tras Oviedo, pocos dudan que al Papa no le temblará el pulso para, llegado el caso -y una vez completados los complicados procedimientos eclesiásticos-, tomar las decisiones correspondientes contra los abusadores, sus cómplices y sus encubridores. Por el momento, en Granada siete de los sacerdotes implicados continúan dando misa. Algo que ya no podrá hacer el padre Chus.