No es una casa de acogida ni un centro de asistencia al uso. En ello insiste sin parar a sus 87 años Ana María Pérez del Campo, fundadora del Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas (CARRMM) de Madrid. En pie desde 1991, es el lugar de estas características más antiguo de España, en el que las víctimas y sus hijos e hijas pasan una media de entre 10 y 18 meses no solo para alejarse de los maltratadores, sino, sobre todo, para salir recuperadas de las heridas que deja la violencia. Pero ahora el centro se encuentra en “una situación límite”, al borde del cierre por la falta de ingresos y debido a que los fondos públicos con los que ha contado hasta ahora se han desplomado.
La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, que es quien gestiona el centro, cifra en algo más de 800.000 euros el presupuesto necesario para sostenerlo durante un año, pero por el momento solo cuenta con 326.758 euros. La suma proviene de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF para programas de interés social, pero el montante que ha recibido del Estado central está muy lejos de lo que recibía en otros ejercicios. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que es quien se encarga de repartirlo, asegura que no puede hacer otra cosa porque la competencia para financiar atención directa recae en las comunidades en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Los 260.641 euros adjudicados por el ministerio, la mitad de lo percibido en 2021, han llegado al centro en mayo. “Y además con retraso”, denuncia Pérez del Campo, lo que ha hecho que hasta este pasado mes “las trabajadoras y los proveedores hayan estado sin cobrar”. Con más de 3.500 metros cuadrados repartidos en 25 habitaciones, biblioteca, guardería, gimnasio o jardín, la casa acoge hoy a 42 personas, entre mujeres y sus hijos, con las que trabaja un equipo multidisciplinar formado por psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras y abogadas. Pero “tenemos plazas para más”, hasta 60, que están vacías por la falta de ingresos, asegura.
El centro se ha mantenido desde su fundación con fondos públicos, la inmensa mayoría de Derechos Sociales, pero además ha contado con la subvención de la Comunidad de Madrid también con cargo al 0,7%. Las cifras son las siguientes: del Ministerio ha recibido este año 260.641 euros, mientras que el año pasado fueron 549.000 y más de 600.000 en 2019 y 2020. El reparto de la comunidad ha ido fluctuando: de los 66.117 de este año a los 73.143 de 2021, los 40.962 de 2020 y los 53.557 de 2019. Esto en lo que respecta a lo que reparte la Administración del IRPF y al margen de otras subvenciones puntuales que también ha percibido en algunos ejercicios tanto del Ministerio como de la comunidad.
Un fallo a medio aplicar
Hay que retrotraerse a 2017 para entender qué está pasando. Entonces el Tribunal Constitucional resolvió, tras un recurso interpuesto por la Generalitat de Catalunya, que el Estado central no tiene competencias para financiar a través del 0,7% del IRPF ningún programa que tuviera por objetivo la asistencia y atención social directa, dado que estas son competencias de las comunidades. “Tampoco, en general, los gastos de mantenimiento [por ejemplo, de un centro, como en este caso], según su doctrina”, asegura un portavoz de Derechos Sociales. Se ideó entonces un modelo de doble tramo: las comunidades pasarían a gestionar el 80% de los fondos con el objetivo de atender a este tipo de proyectos y el Estado repartiría el 20%.
¿Y qué ha cambiado este año? Según explica el portavoz, en la práctica este fallo no se estaba cumpliendo al cien por cien, por lo que el departamento dirigido por Ione Belarra “firmó en 2021 un acuerdo con las comunidades y la Plataforma del Tercer Sector para darle cumplimiento” y garantizar que el modelo pervive durante al menos cinco años. Las mismas fuentes alegan que “este acuerdo necesario” ha sido el responsable de que se alarguen los plazos y que en él se especifican cuáles son los proyectos que puede financiar el Estado con su 20%: los que tengan que ver con la investigación, la internacionalización, promoción del buen trato o modernización del Tercer Sector, entre otros, pero “nunca” los relacionados con atención directa, que “es una competencia autonómica”, afirma el portavoz.
Lo que no entiende la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas es por qué si la sentencia es de 2017, en los ejercicios anteriores “no ha habido ningún problema con la subvención hasta este año”. Pérez del Campo señala directamente a “un problema político de Podemos” porque desde hace 30 años “gobernara quien gobernara, el centro ha recibido la subvención puntualmente” a excepción de la última convocatoria, en la que “lo hemos pedido como siempre, como veníamos haciéndolo antes”, afirma la fundadora, que pone el foco en la importancia de un centro pionero que es referencia internacional ante el “horror” de la violencia machista, que ha dejado cuatro asesinatos en solo una semana.
El Ministerio de Derechos Sociales asegura que la aplicación de la sentencia del Constitucional “ha sido progresiva”. “A partir de entonces hubo un ajuste de la convocatoria, pero dejaba muchos flecos pendientes y una cierta continuidad, lo que dio lugar a que hubiera algunos proyectos que estaban ahí en el límite”. Este año, con la incorporación al reparto de los fondos del Impuesto de Sociedades y tras la advertencia de la Abogacía del Estado, “era necesario objetivar mucho más y definir qué puede entrar y qué no para no dejarlo a la interpretación de los centros directivos”, añaden las mismas fuentes.
El portavoz del departamento apunta a que “todas las organizaciones saben desde hace tiempo que iban a recibir un importe menor porque había que solucionar esta imposibilidad jurídica que existía” y asegura que “todo se ha negociado con el tercer sector”, se han habilitado teléfonos informativos y se ha “publicado en la web” mediante “circulares aclaratorias”, además de realizar “una reunión abierta por streaming para informar sobre los cambios en la que participaron todas las entidades que quisieron”. La federación, sin embargo, alega que nadie les informó del cambio ni de que el ingreso se desplomaría de tal manera.
Por otro lado, afirma que la resolución que ha recibido a la subvención no ha sido negativa y que, de hecho, sí han recibido algo más de 200.000 euros, por lo que “no se entiende” que sea producto de la aplicación de la sentencia. Desde Derechos Sociales afirman, por su parte, que “en todos los casos se ha intentado hacer una interpretación lo más favorable posible” para “darles tiempo a las entidades a que vayan presentando proyectos sobre los que no haya ninguna duda”.
El centro, al límite
Pérez del Campo muestra preocupación sobre la continuidad del centro. “Puede que no podamos aguantar mucho más, aunque estoy moviéndome para que no pase aunque a esta edad tendría que estar descansando”, manifiesta la histórica feminista, que no disimula su enfado con que las ministras Ione Belarra e Irene Montero “no me hayan recibido a pesar de las veces que lo he solicitado”. “Me derivan a la Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, pero sé que quien tiene la facultad para arreglar esto y decidir es la ministra”, añade.
Con el objetivo de solventar los perjuicios que sobre las entidades feministas tendría la aplicación completa de la sentencia del Constitucional, el Ministerio de Igualdad propuso en noviembre de 2021, durante la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, “que las organizaciones de atención a víctimas reciban un porcentaje de los fondos”, algo que, aseguran fuentes del departamento, cristalizó en que “la última conferencia sectorial aprobó que las comunidades deben financiar de esta forma a estas entidades”. Además, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha habilitado una línea de subvenciones específica para programas de sensibilización, añaden.
Por otro lado, desde la Plataforma del Tercer Sector aseguran que “no ha habido un cambio de modelo” en la última convocatoria, sino que el sistema de doble tramo se aplica desde 2017, aunque reconocen que “es cierto que aún siguen coleando algunas cosas y posiblemente se han ajustado los criterios”, señala una portavoz. La plataforma admite que ha sido un proceso “complicado” y que en los primeros años “se hizo un esfuerzo para asesorar a las entidades”, que “cada vez en mayor número conocen el modelo de doble tramo” y que “todo lo que sea atención directa le corresponde al tramo autonómico”.
Las responsables del centro solicitaron a la Comunidad de Madrid un total de 268.381 euros y le concedió 66.117. “Lo hemos hecho como veníamos haciéndolo, el grueso se le solicita al ministerio porque nadie nos había informado de esto”, asegura Pérez del Campo. Un portavoz de la Consejería de Políticas Sociales señala que “nunca se financia el 100% del proyecto, sino que la media está en el 25%”. “Intentamos alcanzar al máximo número de asociaciones, pero no sabemos cuánto tendremos del tramo hasta que no nos llega. Todo está pactado con el tercer sector”, añade.
En cualquier caso, la preocupación de la federación ahora es cómo garantizar la viabilidad de un proyecto considerado un éxito desde su primer año de implantación y que, según datos de la organización, ha dado como resultado un 71% de tasa de recuperación integral en las mujeres. “Esto está repercutiendo en la vida de las mujeres. ”Es el único centro de estas características, en el que impartimos un programa no solo para restablecer a las víctimas, sino para empezar a andar el principio del fin de la violencia, en ellas y en sus hijos e hijas. Y la realidad es que ahora mismo es que esto está en riesgo“, concluye Pérez del Campo.