La madrugada de este viernes, la Policía Municipal de Madrid, con apoyo de la Policía Nacional, desalojaba por sorpresa el campamento de personas sin hogar que llevaba instalado algo más de seis meses en el Paseo del Prado, y que pretendía llamar la atención de las autoridades sobre la situación de las personas sin techo en España. Entre las 141 tiendas de campaña de la protesta, decenas de historias que describen una realidad: la de los servicios sociales que no dan abasto para atender a las personas en situación de calle como Vanesa.
“Llevo en la calle seis meses y una semana”, contaba hace unos días a eldiario.es. Recuerda perfectamente el momento: era viernes y sus dos hijos se habían ido a pasar el fin de semana con su padre, del que lleva tiempo separada. Ella y los niños vivían con la que hasta entonces era su pareja. Pero ese día, cuando estaban solos, su novio le pegó “una somanta de palos” y la echó a la calle “en bragas y con una camiseta”. Ella llamó a la Policía y fue atendida por el Samur Social, que la arropó “con un par de mantas”.
El de Vanesa es uno más de los rostros de las personas que viven en España sin un hogar, sin un techo bajo el que guarecerse. No hay cifras oficiales de cuántos son, pero sí de cuántos acuden a los centros especializados a comer o a pasar la noche. Según el INE, en 2018 se atendió a una media de 18.001 personas al día, lo que supone un 9,5% más que hace dos años y un salto de casi un 52% en una década.
Las plazas para atenderles aumentan y también lo hace la ocupación. Los datos hablan de unas 20.219 plazas diarias disponibles en toda España. Sin embargo, no siempre pueden acoger a quien lo necesita, porque en lugares como Madrid o Barcelona la saturación de estos recursos es una constante.
“Desde finales de 2018 y lo que llevamos de 2019 se ha dado una saturación de los recursos de emergencias del Ayuntamiento”, explica Azucena Pérez, trabajadora del Samur Social de Madrid. “Ha habido momentos en los que no hemos podido dar cobertura, a pesar de considerar que se trataba de situaciones de emergencia o que había algún tipo de vulnerabilidad”.
Esta trabajadora lamenta también que en ocasiones los recursos que proporcionaban “no tenían las condiciones adecuadas” porque han sido “improvisados”. Por ejemplo porque otras administraciones (en este caso Gobierno y Comunidad) no habían asumido su papel a la hora de atender a estas personas.
Pérez clama que esa acción por parte de estas administraciones también está relacionada con el aumento de la demanda de plazas en los centros municipales: “Es mucho más alta porque en vez de crear programas o poner los medios adecuados para evitar que esto ocurra, se deja pasar”.
En 2018, la ocupación media ha llegado al 89% a nivel nacional, de acuerdo con las estadísticas publicadas la semana pasada por el INE. Sin embargo, en varias comunidades autónomas ese porcentaje supera el 90%. En Madrid ha sido del 92,3%, en Catalunya y Baleares ha llegado al 96,7%, y en Canarias ha trepado incluso al 97,3%.
Por géneros también se observan diferencias. De las 18.001 personas que, según el INE, se alojaron de media a diario en estos centros, 4.566 eran mujeres. Por comunidades autónomas, la cifra solo se equilibra en Aragón y Navarra, donde el porcentaje se acerca al 50%.
Este aumento en la ocupación de plazas no significa el fin del sinhogarismo, porque muchas estancias son temporales. En el caso de Vanesa, su estancia duró una semana: “Me echaron a la calle como a un perro”, se queja. Entonces, acabó en el campamento del Paseo del Prado. “Me enteré de que había tiendas disponibles. Por lo menos tenía un sitio donde pasar la noche y no estar a la intemperie”. No es la única en sumarse en busca de un amparo que no ha obtenido.
“Tengo 21 años y llevo en la calle desde los 13”, dice Sara, madre de dos hijos. “Mi familia es drogadicta, jamás se ha preocupado por mí”, se sincera. “Veo gente de mi edad que sabe lo que es cariño de un padre… yo no sé ni lo que es un beso de buenas noches, un 'felicidades' o una Navidad. ¿Por qué la gente de mi edad tiene todo y yo no tengo nada?”
La joven cuenta que de pequeña estaba en un centro de menores, pero se escapaba. Es de Valencia, y también ha vivido en Bilbao, Barcelona y Murcia. Siempre durmiendo en la calle. Cuando llegó a Madrid, trató de buscar ayuda en las administraciones municipales: “Estuve tres o cuatro días, les pedí un albergue y nada”. Las drogas y alcohol han marcado su vida, aunque ahora ha conseguido dejar sus adicciones gracias a la ayuda de su actual pareja.
Para tratar casos como el de una adicción a drogas, en España existen centros específicos a los que pueden acudir las personas sin hogar. Del total de centros, según el INE, algo más de la mitad están especializados.
Además de centros específicos y de alojamiento, también existen lugares destinados a dar de comer a estas personas: tanto en el desayuno, como en la comida y en la cena. En total, cuenta el INE, se repartieron al día de media 48.573 servicios, lo que supone un 10,7% más que en 2016.
Azucena Pérez insiste en la necesidad de “mejorar y actualizar los servicios de emergencia”. También en que hay que modificar procedimientos y protocolos “para poder adaptarse a las necesidades que demandan los ciudadanos a los que se atiende”.
La trabajadora destaca la importancia de “además de dar comida y alojamiento, proporcionar asesoramiento y otros recursos, cosas que se podrían mejorar y que de momento, no se está haciendo”.
“España se está convirtiendo en un país tercermundista”, clama Javier. Tiene 31 años y también vivía en el campamento de Cibeles, en Madrid. Una de sus principales quejas es que no tiene acceso “a ningún tipo de atención ni prestación” porque no está empadronado en ningún sitio. Los recursos –y la financiación que se les dedica– depende de cada comunidad autónoma.
“Pedimos unas condiciones dignas, no una casa regalada”, defendía en el campamento Manolo, uno de sus responsables. Junto a Miki, el otro organizador, acudió a Moncloa el pasado 9 de septiembre. Lo hizo para registrar una petición para que el Gobierno ponga fin, entre otras cosas, a problemas como desahucios sin alternativa habitacional.
Para Azucena Pérez, la solución pasa necesariamente por la colaboración de todas las administraciones públicas, para “garantizar que los recursos cumplen con las medidas de salubridad, higiene, etc., necesarias para que todo el mundo sea atendido en las mejores condiciones”.
Hasta entonces, Vanesa seguirá intentando escapar del miedo. “Siempre hay miedo. A que alguien me mate, o a que me peguen una paliza y me dejen tonta”. Seguirá intentando conseguir la prestación por violencia de género que está tramitando, y que le dará la libertad con la que sueña mientras pasa los días a pie de calle.