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Las personas trans llevan años reclamando la libre autodeterminación de género, pero este Orgullo LGTBI, que celebra su día grande este domingo 28 de junio, estará especialmente marcado por esta reivindicación. Los colectivos LGTBI exigen una Ley Trans y una Ley LGTBI que incorporen este principio, algo a lo que se ha comprometido el Ministerio de Igualdad pero a lo que un sector del feminismo y un reciente argumentario interno del PSOE se oponen. En la práctica, supone eliminar los requisitos médicos actuales que rigen, en virtud de una ley de 2007, para que una persona pueda modificar su sexo legal, algo considerado por las personas trans como “patologizante” y que ha sido superado por nueve comunidades en sus leyes autonómicas.
En los últimos años, hasta doce han ido aprobando normas que protegen al colectivo LGTBI, a falta de una regulación estatal. Entre ellas, las de Andalucía, Extremadura, Madrid, la Comunitat Valenciana, Murcia, Navarra, Baleares, Aragón y Euskadi contemplan específicamente la autodeterminación de género. Es decir, permiten que las personas trans puedan acceder a tratamientos o a la modificación del nombre y sexo legal en algunos documentos (los que dependen de competencias autonómicas) sin necesidad de requisitos médicos previos que “acrediten” su identidad. Es lo que se conoce como la despatologización de la transexualidad.
Mientras, la norma estatal, la necesaria para modificar el sexo en el DNI y, por consiguiente, tarjetas como la bancaria o el carnet de conducir, no ha seguido los mismos pasos. Según la Ley de Identidad de Género de 2007, las personas trans tienen que contar con un informe psicológico que les diagnostique “disforia de género” y haber estado al menos dos años en hormonación. Por su parte, el nombre puede cambiarse sin condiciones en virtud de una instrucción de 2018 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, pero en la práctica, coinciden los colectivos, depende de la voluntad de cada Registro Civil.
Aitor logró finalmente que su DNI reflejara su nombre en 2016, pero define el periplo que atravesó para conseguirlo como “humillante y duro”. Para este joven de 27 años, los requisitos no solo “suponen poner en manos de una tercera persona, en este caso un psicólogo que no te conoce y te hace el informe, quién eres y en función de eso te valide o no”, sino que alargan un proceso administrativo que acaba exponiendo a muchas personas a situaciones difíciles. “Te fuerzan a estar dos años hormonándote y, aparte de que hay gente que a lo mejor no quiere, te obliga a dar explicaciones todo el rato porque al poco tiempo de hormonación igual ya tienes un poco de barba... y vas a pagar con la tarjeta de crédito y te dicen que tiene que ir la titular. Te obliga a salir del armario, te expone a que la gente te juzgue... Es frustrante”.
Para los trámites que dependen de las comunidades con estas leyes, sin embargo, el proceso, al menos sobre el papel, no exige requisitos médicos y la idea es que la despatologización permee todo el sistema de salud y educativo. Aunque en un escenario muy marcado por la heterogeneidad, en general estas normas permiten el cambio de nombre y sexo en documentos como la tarjeta sanitaria o el abono transporte y el acceso a hormonas sin pasar por el psicólogo, la formación de los profesionales sanitarios y educativos o la adopción de protocolos en los centros para garantizar que los menores sean tratados de acuerdo a su identidad.
Estos marcos legislativos siguen la estela de los pronunciamientos de varios organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sacó en 2018 la transexualidad de su listado de trastornos, aunque sigue hablando de “diagnóstico”, y Amnistía Internacional esgrime con motivo del Orgullo que “urge suprimir todo requisito médico”. El Tribunal Supremo, por su parte, ha señalado que no se debe condicionar “el reconocimiento de la identidad de género” al requisito de la hormonación. La sentencia aplicaba un fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el artículo de la ley de 2007 que excluía a los menores de edad “con suficiente madurez” y “una situación estable de transexualidad”.
El debate que allanó el camino
A pesar de que Navarra y Euskadi ya habían abierto camino con leyes trans, Andalucía fue la primera en incorporar al texto legal el derecho a la libre autodeterminación de género y la despatologización de la transexualidad. Fue en 2014, de la mano de un Gobierno del PSOE e IU. A la cascada de normas autonómicas posteriores tiene visos de sumarse la de Canarias, después de que el pasado martes el Parlamento diera luz verde al comienzo del trámite de una ley que sigue esta senda. Catalunya no tiene norma, pero su modelo de atención sanitaria también se basa en este principio.
La ley en Andalucía vio la luz tras años de reivindicaciones de los colectivos trans, en especial de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), y que llevaron a IU y al PSOE andaluz a impulsarla. Entonces, la diputada socialista Soledad Pérez Rodríguez era portavoz de su partido en la Comisión de Igualdad y una de las personas que estuvo detrás de la norma: “Estuvimos un año haciendo el texto porque no había ningún antecedente normativo en España, pero teníamos claro que debía despatologizar la transexualidad”, manifiesta.
La también abogada feminista expone que el proceso “fue largo” y estuvo marcado por el debate, sobre todo con parte de la comunidad médica. “Había resistencias a que se eliminara el requisito del informe psicológico porque argumentaban que era un proceso no reversible que debía contar con la certeza técnica y científica de que no iba a haber una marcha atrás. Nosotras pensábamos que el enfoque era erróneo porque se centraba mucho en la genitalidad y en la cirugía, cuando en realidad había vivencias mucho más variadas. Defendíamos que cuando una persona decidía hacer un cambio social, ya había un proceso previo de autodeterminación”.
Algunos estamentos médicos consideraban que acabar con este requisito “era una forma de que le quitáramos seguridad jurídica a las propias personas trans”, pero al final lo resolvieron manteniendo la atención psicológica de forma voluntaria, cuenta la todavía diputada del PSOE. Es decir, “ningún médico te va a decir quién eres, pero no vamos a quitarte la atención psicológica si la necesitas”, resume Pérez Rodríguez. Porque, además, “los más jóvenes tenían muy claro que nadie debía decidir por ellos y veíamos que cada vez la gente hacía la transición antes. Además, el tema de la operación no era tan importante para ellos”.
En todo este proceso, prosigue la socialista, la Escuela Andaluza de Salud Pública llegó a realizar informes que demostraban “la patologización” a la que se sometía a las personas trans en los circuitos médicos y tras un arduo debate político-sanitario, en el que incluso se consultó al Comité de Bioética para el caso de los menores, al final el texto fue aprobado por unanimidad.
El problema de las leyes
Para Saida García, vicepresidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas y una de las impulsoras de la ley madrileña de 2016, entonces desde el colectivo Chrysallis, el principal problema de estas normas es que “solo se cumplen de forma parcial”, pero son “un avance importantísimo” para el día a día de las personas trans. Este incumplimiento ha sido recientemente denunciado por el PSOE en la Asamblea de la Comunidad de Madrid y es la principal queja de los colectivos LGTBI. Coincide con ello María, una mujer trans que vive en Valencia, donde la ley “es muy potente y cubre todo”, pero “aún muchos aspectos no se han desarrollado o no hay recursos para ello”, por ejemplo, en cuanto a formación en el sistema sanitario, lamenta.
Lo que sí pudo hacer María en 2018 en virtud de esta norma fue llamarse María en su tarjeta sanitaria sin presentar ningún informe diagnóstico, a pesar de que en su DNI aún figuraba el nombre que le pusieron al nacer. “Aquí se permite eso ya desde la primera cita que tienes, es gratuito y automático. Al menos es un paso. Yo me pasé toda una semana mirándola continuamente. Sentía que quien estaba guiando mis propios pasos era yo, que nadie me los marcaba desde fuera”, sentencia. Sin embargo, para cambiar el DNI ha tenido que pasar por un proceso psicológico obligatorio en el que “parece que tienes que demostrar lo que dices ser”.
“Caminos traumáticos”
Las personas trans suelen vivir los procesos médicos a los que les aboca aún la ley como circuitos cargados de estereotipos y en los que habitualmente se ven cuestionadas. Así le ocurrió a María, que finalmente recogió su DNI con su nombre y sexo acorde a su identidad hace un par de días y después de tres años de proceso. “Entonces era algo súper importante para mí, pero te ponen tantas trabas que se quita hasta la ilusión. Al final lo que estás haciendo es declararte una persona enferma y eso es muy duro. Recordaré siempre el gesto que hizo el psicólogo con la mano como de no creerse lo que escuchaba cuando le dije que no había sabido que era una mujer hasta los 24”, explica.
La ley estatal entra en contradicción con las leyes autonómicas, de forma que en algunos territorios una persona trans puede llevar hormonándose cuatro años sin necesidad de tener este informe, pero no puede cambiarse el DNI. “No tiene ningún sentido que todavía tengamos que pasar por un médico para que te diga si tú eres quien dices que eres. Es como si tuviéramos que pedir permiso para que nos reconozcan y eso es cuestionar nuestra propia identidad. Es algo que no se hace con las personas cis –aquellas que no son trans–, a las que no se les pregunta cómo saben que son una mujer o un hombre”, reflexiona María.
A sus 25 años, Rosa María García, residente en Murcia, no ha podido modificar todavía su sexo legal porque aún no ha cumplido dos años en tratamiento hormonal, pero “¿qué pasaría si no quisiera seguir este circuito médico de hormonas?”, se pregunta. Los procesos, dice, son complejos y diversos para cada persona, pero la atención sanitaria, “en vez de estar para acompañarnos, lo que hace es diagnosticarnos”, lamenta. “Al final si tienes contactos o estás en alguna asociación, hay nombres de psicólogos a los que sabes que puedes ir, pero la mayoría de personas no están en esta situación y se convierten en caminos traumáticos”, explica la también portavoz del Orgullo Crítico de Murcia.
Aitor se sorprende todavía hoy cuando lee lo que escribió la psicóloga a la que tuvo que acudir por obligación en el informe que le sirvió para cambiar su DNI: “Diagnóstico de un trastorno de la identidad sexual. Trastorno clínico: transexualismo”, concluye el estudio junto a una cascada de frases con referencias a Aitor como mujer. “Su aspecto físico es muy delicado y propio de una mujer, sin embargo su vestimenta y corte de pelo es masculino. Oculta sus atributos femeninos. El resultado es un aspecto que podría llamarse híbrido entre los sexos masculinos y femeninos”.
El cuestionamiento de la autodeterminación
El cambio en la ley estatal para introducir la autodeterminación, que cuestiona una parte del feminismo y al que se opone el argumentario del PSOE difundido recientemente (muy criticado por algunas voces internas como la de Carla Antonelli), ya estuvo a punto de ser aprobado en el Congreso en 2019. Fue el PSOE el que presentó dos años antes una proposición de ley para modificar la norma de 2007 con el objetivo de incluir a los menores de edad y a las personas extranjeras, actualmente excluidas, y despatologizar la transexualidad, de forma que la solicitud de rectificación de la mención del sexo no precisara de más requisitos “que la declaración expresa de la persona interesada”.
Entonces había mayoría en la Comisión de Igualdad para llevarlo a cabo y solo era crítico el PP, que llegó a presentar una enmienda que apostaba por mantener el diagnóstico psicológico de disforia de género, pues “la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares”, argumentaba.
Hoy el tema está más de actualidad que nunca y encuentra en el movimiento feminista posiciones encontradas. Un sector considera que el derecho a la libre autodeterminación de género de las personas provocaría “el borrado” de las mujeres y que estas leyes vienen a introducir en el ordenamiento jurídico la 'teoría queer'. Según esgrime el argumentario interno del PSOE, generaría inseguridad y “carece de racionalidad jurídica”: “Estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos”, reza el texto. Entre otras cosas, pone como ejemplo que los agresores machistas podrían afirmar ser mujeres para evitar ser condenados por la Ley de Violencia de Género.
Pérez Rodríguez, por su parte, considera que “la experiencia andaluza ha sido muy buena y en estos años, que hemos seguido teniendo contactos con las familias, todo lo que llega es positivo”. Por eso, a la diputada socialista le sorprende que se cuestione la despatologización de la transexualidad y considera la ley de 2007 “caduca” y “desfasada”. Defiende que hay debates “sobre el sexo y género” que se deben dar porque “no podemos pasar a ser una categoría X”, pero “las personas transexuales no pueden ser rehenes”.
Con el trabajo realizado en Andalucía, ya muchas de las comunidades que progresivamente fueron aprobando normas basadas en la autodeterminación vivieron procesos con menos debates, porque además fueron unos años después. Fran Ferri, portavoz de Compromís, uno de los partidos que impulsó la ley en la Comunitat Valenciana en 2017, explica que políticamente el cuestionamiento que aflora ahora “no salió en ningún momento” y “el Gobierno tenía muy claro que el camino de la despatologización era el que había que recorrer”. Tampoco ocurrió en Madrid. Ambas leyes, finalmente, fueron aprobadas por todos los partidos, excepto el Partido Popular.