“Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno”, según establece un Real Decreto de 1986 sobre bienes de las entidades locales. Es una ley que rige en todos los municipios de España, excepto en San Fernando de Henares (Madrid, 40.000 habitantes). Allí, los tejemanejes políticos y la corrupción han desembocado en que la plaza del pueblo está hipotecada, pese a que la ley lo prohíbe. Como también prohíbe embargar caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques.
La operación Plaza España arrancó en 2008. El Ayuntamiento estaba gobernado por Izquierda Unida (ahora gobierna San Fernando Sí Puede) y el pleno aprobó por unanimidad, con los votos de IU, PP y PSOE, constituir una sociedad para rehabilitar la plaza principal de la localidad, declarada Bien de Interés Cultural, y las viviendas que la rodean. Esa sociedad estaba participada al 51% por los vecinos de la plaza y el Ayuntamiento tenía el 49%.
Los residentes aportaban sus viviendas y mientras se hacían las obras se iban de alquiler, gracias a que les subvencionaban con 900 euros al mes. Luego recuperarían una casa nueva con los mismos metros que habían aportado. El Ayuntamiento inició un proyecto de rehabilitación integral para el que pidió a Caja Madrid 50 millones de euros, según confirman fuentes de Bankia a eldiario.es. Las obras empezaron en 2009.
Desde entonces, la sociedad funcionó de manera opaca, sin presentar cuentas. Seis años después, la sociedad tiene un agujero de 94 millones y, a falta de que se resuelva el concurso de acreedores, un embargo pesa sobre 200 casas, los locales comerciales, la plaza y las 200 aparcamientos que hay debajo. Un centenar de vecinos que aportaron su casa se han quedado sin ella. Las obras están acabadas, pero las viviendas están precintadas hasta que se resuelva el caso.
Las constructoras no han cobrado lo estipulado y se han querellado contra la sociedad municipal. ¿Adónde ha ido el dinero? Se está investigando, pero el consistorio que sucedió a Setién, liderado por Ángel Moreno (también de IU), en un escrito judicial señala que se tomaron decisiones al margen del pleno, se destruyó documentación y se vació patrimonialmente la sociedad. También revela que se pagaron casi 4 millones de euros a una gestora “por servicios no prestados” que se contrataron luego a otras empresas, según el documento al que ha tenido acceso eldiario.es. Todo un despropósito de corrupción y opacidad que reconoce incluso el consistorio actual.
El caso estalla en octubre de 2012, cuando el alcalde inicia una teatralizada huelga de hambre porque Bankia no da más financiación al proyecto y las constructoras no entregan las viviendas a los vecinos, ya que la sociedad les debe dinero. No cuenta que la sociedad está quebrada y con una deuda millonaria, que el dinero se ha desviado. Tampoco que ha aportado los 10.000 metros cuadrados de plaza de uso público como aval. En marzo de 2013 dimite alegando motivos personales y familiares. Con su marcha se destapa la situación económica ruinosa y ese mismo mes la sociedad se declara en concurso de acreedores.
¿Cómo es posible que la plaza pública haya acabado embargada? Según relata la Asociación cívico cultural El Molino, que ha puesto una de las cuatro querellas penales por el caso Plaza España, el alcalde inscribió la plaza como parte del capital social de la sociedad y la aportó como aval en pleno dominio para Caja Madrid en las escrituras de hipoteca. La primera vez que se hipoteca la plaza es el 31 de diciembre de 2008, según ha podido comprobar eldiario.es en la documentación. Esa irregularidad pasó por delante de los ojos de registradores, notarios y apoderados de la entonces Caja Madrid. Y no pasó por el pleno, según recalcan a eldiario.es los grupos políticos popular y socialista de San Fernando de Henares.
Bankia asegura que la plaza quedará libre
Fuentes de Bankia aseguran que los 10.000 metros de esa plaza van a quedar libres de hipoteca. Básicamente porque es imposible legalmente, aunque el alcalde la aportara como garantía. Para la entidad, “lo ideal sería que llegara una oferta de un inversor. Siempre pondremos delante los derechos de los propietarios, y esa plaza va a seguir siendo lo que es, no va a tener ninguna hipoteca”, dicen a eldiario.es.
En las causas abiertas no solo tiene responsabilidad el exalcalde Setién. En la sociedad había también consejeros nombrados por los partidos políticos o que directamente eran concejales. Izquierda Unida tenía, además de al alcalde como presidente de la sociedad, al consejero delegado y a una vocal. También estaban como miembros el portavoz del PSOE Manuel González y dos representantes del PP: Marcelo Mínguez y Eusebio González. Este último ha sido nombrado director del Área Social de la Vivienda de la Comunidad de Madrid por Cristina Cifuentes (PP). Además había un representante de los vecinos.
Todos los consejeros están imputados, a excepción de los dos del PP, ya que salieron de la sociedad en 2010. Dimitieron en la junta general tras pedir información sobre la sociedad que no se les facilitó. Al entender que las cuentas eran opacas e irregulares salieron del proyecto. En otra causa abierta, por lo mercantil, el administrador concursal solicita que se considere “culpables del concurso” a los miembros del consejo (salvo a los dos del PP) y se les inhabilite para la gestión de bienes ajenos, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es. El motivo, “incumplir la llevanza” de la contabilidad, posible “doble contabilidad” y posibles “irregularidades” en el proyecto más importante y ruinoso que ha habido en San Fernando de Henares.