Podemos ha registrado una denuncia ante la Fiscalía de Móstoles contra el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación por el convenio para la cesión del hangar de la institución de Fuenlabrada con la compañía European Airline Training Center 2015 (EATC).
El diputado regional Eduardo Rubiño considera que las Justicia debe investigar si el rector utilizó estas instalaciones como su “chiringuito” para negocios privados del “señor Ramos y sus amigos”.
Rubiño ha señalado que los convenios a los que ha tenido acceso su grupo sobre la cesión del hangar y las informaciones publicadas por El País, que recoge correos entre Ramos y varias personas con accionados en esta empresa, revelan hechos “muy graves” que pueden ser constitutivos de delitos con penas de seis años de prisión y 12 de inhabilitación.
“Estamos hablando de delitos graves que deben ser investigados por la Justicia” ha asegurado el parlamentario de Podemos para recalcar que, como partido “comprometido con la transparencia y la limpieza en las universidades”, le corresponde presentar esta denuncia para que se investigue, “caiga quien caiga” y que la universidad no se vea “manchada” con un asunto que “huele muy mal”.
El rector Javier Ramos aseguró a finales de mayo que el convenio de gestión con la compañía European Airline Training Center 2015 (EATC) para utilizar un hangar de la institución en Fuenlabrada, es “legal” y negó cualquier vinculación accionarial o económica con esta empresa.
Ramos explicó que este acuerdo entre la URJC y la empresa EATC (posteriormente Aviation Group) fue rubricado por el anterior rector Fernando Suárez y no por él, detallando que se siguió el “procedimiento legal vigente en su momento para este tipo de convenios”.
También aludió a un informe interno a la Asesoría Jurídica de la Universidad y otro de carácter externo a un despacho de abogados especializado en el ámbito del Derecho Administrativo para recalcar que “ambos coinciden en la legalidad del convenio y la adecuación del mismo para los fines que perseguía”.
El rector insistió en negar “rotundamente cualquier vinculación accionarial o interés económico” con la empresa con la que la URJC tiene firmado un convenio, para detallar que solicitó un “peritaje” para cuantificar el valor de los equipos que ya están disponibles en las instalaciones del EIATA y ordenar la reducción de la duración del convenio vigente para que pase de 25 a 4 años.