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El bajo porcentaje de población contagiada favorece la amenaza de un nuevo brote explosivo de COVID-19

El porcentaje de personas que han pasado la COVID-19 varía mucho según las provincias.

Raúl Rejón / Marta Borraz / Belén Remacha / Raúl Sánchez

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El bajo porcentaje de población española que ha superado la COVID-19 favorece la amenaza de un nuevo brote explosivo de la enfermedad: solo un 5% ha creado anticuerpos contra el SARS-CoV-2, por lo que hay una gran número de personas que no tienen defensas específicas y pueden contagiarse coronavirus por primera vez.

Los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia llevado a cabo en España indican que la amenaza de la COVID-19 se alargará bastante en el tiempo. “En ausencia de una buena vacuna o tratamiento, puede que tardemos mucho tiempo en superar la amenaza del coronavirus”, señala como la “principal conclusión” del sondeo Fernando Rodríguez Artalejo, epidemiólogo y director de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma. Y en este sentido, el riesgo de rebrotes, un escenario que Sanidad ya ha señalado como “probable”, obliga a ser especialmente prudentes a la hora de desescalar, coinciden los expertos. “La baja prevalencia de infección hace más fácil que un nuevo brote pueda ser explosivo”, añade Artalejo.


Solo un 5% de la población ha pasado la COVID-19

% de población con anticuerpos, que han dado positivo en PCR y susceptibles de infectarse en España según el estudio de seroprevalencia

Fuente: Estudio ENE-COVID19


Los especialistas creen que los resultados refuerzan la necesidad de “prudencia, cautela y mantener la guardia en alto”, como señala Daniel López-Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Con ello se refiere a lo que cae del lado de la población –distancia entre personas, mascarillas cuando no se pueda garantizar e higiene– y también a lo que le corresponde al sistema: “Esto nos debe hacer concentrarnos en lo importante, que es la detección precoz de los casos y rastrear a sus contactos”.

Los epidemiólogos coinciden en que, una vez comprobada la extensión real de la enfermedad, la gestión de la pandemia “va para largo”. Una idea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha repetido al hablar de la “nueva normalidad”: la COVID-19 no será superada definitivamente hasta que no haya una vacuna disponible y de administración generalizada. Mientras tanto, la gestión de la epidemia exige “el refuerzo franco –no virtual– de las estructuras de salud pública como son la epidemiología de campo o la vigilancia y la Atención Primaria”, explica el exdirector general de Salud Pública y portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Ildefonso Hernández. Hernández insiste en que “el regateo de algunos políticos con el personal indica que no se han enterado del problema. Son capaces de acciones efectistas mientras son reticentes a aumentar la estructura de personal”.



Ese personal de Atención Primaria es el encargado de confirmar cuanto antes un caso sospechoso de COVID-19, diagnosticarlo para conseguir que se aísle y trazar la red de contactos de ese paciente para cortar la cadena de contagios. Es precisamente ahí donde está la fórmula para contener los posibles repuntes de la enfermedad y evitar la explosión de un brote. Por eso, las exigencias a las comunidades autónomas para pasar de fase de la desescalada pasan por contar con un robusto sistema que permita detectar positivos de forma precoz.

La directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, ha destacado la “gran variabilidad geográfica” que ha presentado este estudio, que “en grandes números, se puede extrapolar” al conjunto de la población. Hay zonas con más de un 10% de su población que han tenido contacto con el SARS-Cov2 y otras con apenas un 1%. No hay diferencias sustanciales entre hombres y mujeres, aunque sí se ha observado una prevalencia menor (entre el 1% y el 3%) en niños de entre 0 y 9 años. Las provincias donde más población ha pasado la enfermedad son Madrid, Guadalajara, Segovia, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Soria que se mueven entre el 10% y el 15%. De hecho, Soria lidera el porcentaje con un 14,2%.



En una segunda banda, entre el 5% y el 10% de su población afectada, se sitúan León, Palencia, Zamora, Burgos, Salamanca, Ávila, Valladolid, Toledo, Álava, Zaragoza, Navarra y Barcelona. Ya por debajo de la media nacional están Cáceres, Huesca, Teruel, Bizkaia, La Rioja, Lleida, Málaga y Jaén. El resto se mueven entre el 0% y el 3% de su población que presentan anticuerpos de inmunoglobulina G tras superar la COVID-19.

Sin protección de grupo hasta la vacuna

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha querido transmitir la idea durante la presentación de los resultados de que esta baja prevalencia de la enfermedad en España era la hipótesis con la que han trabajado a la hora de diseñar el plan de desescalada en el que están inmersas, en diferentes fases, las comunidades autónomas. Es decir, ese 5% solo constata la premisa de que pretenden actuar “con mucha prudencia” en la planificación de la desescalada.

La idea de conseguir una inmunidad de grupo que protegiese de manera natural a toda la población no era algo que la comunidad científica esperase. Los estudios más optimistas en este sentido, como el del Imperial College de Londres, situaban el porcentaje de población española infectada por debajo de 20%. Para una infección como la que provoca el SARS-CoV-2 haría falta, como mínimo, un 60%. De manera natural, no se ha conseguido con ninguna enfermedad a lo largo de la historia en un corto periodo de tiempo. De hecho, en su primera ola, como la actual de la COVID-19, “ninguna enfermedad ha pasado de un 30% de inmunidad de la población”, apuntan desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH).



La estrategia para enfrentar al coronavirus ha de ser, como hasta ahora, la prevención y la búsqueda de una vacuna, que es la manera de conseguir una inmunidad de rebaño de forma artificial. La viróloga Margarita del Val, coordinadora de la plataforma que reúne a los científicos que investigan la COVID-19 en el CSIC, explicaba que de otra manera la lucha podría durar “quizá 20 años, que afectarían mucho a lo sanitario, lo económico y lo social. La gripe ya pone al límite cada año a nuestro sistema sanitario. En Suecia, por mucho que se digan, no lo están consiguiendo. Ningún país occidental está buscando la inmunidad así, y algunos dirigentes populistas que han ignorado esto al final se han dado cuenta de la realidad”. Uno de los problemas del coronavirus es “la gran cantidad de gente que lo pasa de manera asintomática” y la mejor manera de luchar contra todo eso “es la vacuna” . Y hasta entonces, confinamientos y prevención.

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