PP y Vox rechazan que denegar un aborto sea considerado un delito en la Unión Europea

La Unión Europea avanza en el objetivo de contar con un instrumento común contra la violencia machista. Tras la presentación hace más de un año por parte de la Comisión Europea de la directiva contra la violencia de género y doméstica, el Parlamento Europeo negocia ahora el texto en base a las más de 1.800 enmiendas presentadas. Aún le queda un largo camino por delante y el contenido puede cambiar, pero de momento la denegación del aborto no será incluida en la directiva como delito ni considerada una forma de violencia de género, algo que reclamaban algunas enmiendas y a lo que el Partido Popular y Vox se oponen.

Así lo han avanzado varias eurodiputadas españolas este lunes en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid. La eurodiputada popular Rosa Estaràs ha justificado su negativa aduciendo que se trata de una propuesta que “carece de base jurídica” y es un tema en el que hay “mucha división”. “Yo no entro en el debate del aborto, pero para regularlo como eurodelito no tiene base jurídica y la prueba es que ha salido de la directiva”, ha afirmado Estaràs. Preguntada sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ha opinado que es “un derecho que te puede dar o quitar una ley” pero no “un derecho humano”.

“Afortunadamente se ha excluido. Nos opusimos porque no era clara la base legal y pondría muy difícil la objeción de conciencia”, ha celebrado la representante de Vox en Europa Margarita de la Pisa, también miembro de la comisión de derechos de las mujeres en el Parlamento Europeo. Ya en junio de 2021, las derechas se opusieron a una resolución de la Eurocámara para pedir a los Gobiernos garantizar los derechos sexuales y reproductivos, aunque en ese caso la petición sí salió adelante.

Por su parte, la eurodiputada socialista Lina Gálvez, cuyo grupo sí apoyaba su inclusión, ha cuestionado el argumento asegurando que “no hay base jurídica hasta que se encuentra” y ha defendido el “carácter transfronterizo” del aborto. “Que se lo digan a todas las polacas que tienen que cruzar la frontera para poder abortar incluso cuando está en riesgo su propia vida”, ha afirmado. Además, ha adelantado que su grupo intentará que la directiva, si no habla de interrupción voluntaria del embarazo, incorpore el concepto de maternidad forzosa en los casos en los que las mujeres no tienen acceso al aborto.

Junto a este, la prostitución o la gestación subrogada son dos de los temas que también han quedado fuera, de momento, de las propuestas de directiva que está negociando el Parlamento Europeo. “No se han considerado a los vientres de alquiler violencia de género porque no hay suficiente consenso dentro de los grupos. Sí se ha avanzado bastante en lo relativo a las custodias compartidas, que no se considere automáticamente que es lo mejor y que no se utilicen síndromes no acreditados, como el Síndrome de Alienación Parental para acusar a las madres. Esto está en discusión”, ha explicado Gálvez.

El “escollo” de la violación

De momento pocas cosas son definitivas. A la directiva, que tiene por objetivo establecer unos mínimos para combatir la violencia machista en todos los estados miembro, le queda aún un largo camino por delante. Y su aprobación no será fácil. Hay países que ni siquiera reconocen la especificidad de la violencia de género. Una vez llegado a un acuerdo en el seno del Parlamento Europeo, el texto tendrá que negociarse con el Consejo Europeo, un procedimiento que puede alargarse. Una vez llegada a una legislación definitiva, los estados tendrían dos años para trasponerla.

Tanto el PP como el PSOE celebran que la directiva esté dando pasos adelante y pueda llegar a convertirse en un marco común en toda la UE, mientras que Vox reconoce su oposición al considerar que “no existe” el carácter transfronterizo de algunos delitos como el de violación. Además, a la extrema derecha le “preocupa” que se incorpore el concepto de violencia de género porque “es una forma de interpretar la violencia sobre la mujer desde el punto de vista ideológico” y “un pretexto” para incluir modificaciones en las leyes “que pueden resultar en asimetría de derechos entre mujeres y hombres”, ha afirmado de la Pisa.

En el aire hay todavía varias cuestiones. Está por ver si el texto acaba por considerar la violencia de género un eurodelito y qué ocurre con la definición de violación, basada en la falta de consentimiento –solo sí es sí– y los mínimos penales que contempla (ningún estado miembro podría penar una violación por debajo de los ocho años). Es “el principal escollo” en el Consejo, reconocen desde el Parlamento Europeo.

Aunque Estaràs se muestra optimista y confía en que salga adelante, reconoce que hay cuestiones incluidas durante las negociaciones, como la esterilización forzosa, que son “difíciles”. Por su parte, Gálvez cree que el delito de violación, que bebe de la regulación hecha en el Convenio de Estambul, es de los aspectos que más peligro corren. “Yo creo que la propuesta va a descafeinarse, pero todo lo que podamos conseguir bienvenido sea porque lo necesitamos. Hay que tener en cuenta que hay países que a día de hoy no tienen ni siquiera tipificados según que delitos”, ha concluido la socialista.