El Congreso aprueba la ley para disolver asociaciones que enaltezcan el franquismo sin el apoyo del PP y Vox

El Congreso ha dado luz verde este jueves la reforma de la ley de asociaciones para poder disolver aquellas que enaltezcan el franquismo. Lo ha hecho con los votos a favor (179) de los socios del Gobierno, la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Vox. Lo que hace la norma, que tiene aún que ir al Senado, es incorporar una nueva causa de disolución: la realización de actividades que constituyan apología de la dictadura o sus dirigentes. La decisión final en estos casos la tomarán los jueces.

El texto, presentado por el PSOE el pasado octubre, afecta solo a las asociaciones, ya que la extinción de fundaciones como la Francisco Franco sigue otra vía y depende del Ministerio de Cultura, que inició los trámites previos el pasado mes de junio. Tanto la ilegalización de fundaciones como la disolución de asociaciones son mandatos dispuestos en la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en 2022 y que se daba el plazo de un año para incluir la nueva causa de extinción de las segundas.

Tanto el Partido Popular como la Unión del Pueblo Navarro han justificado su voto criticando que la reforma no sea “más inclusiva” e incluya la apología de “todos los regímenes totalitarios” como “los comunistas, socialistas y facistas” que “desprecian a las víctimas” y, específicamente, a las del terrorismo de ETA, ha argumentado el popular Pedro Fui. “¿Por qué se persigue el enlatecimiento del franquismo y no del terrorismo de ETA? Como si la lucha contra el terrorismo en nuestro país no fuese memoria democrática...”, ha cuestionado el representante de UPN Albeto Catalán.

Por su parte, Vox ha calificado el texto de “coartada para justificar un atropello intolerable a las libertades más básicas” y ha acusado al Gobierno de “perseguir el control del pensamiento y la imposición de un único relato oficial”. Lo ha afirmado el diputado Juan José Aizcorbe, que ha augurado que la reforma “convertirá a miles de jóvenes inquietos en simpatizantes del franquismo”. “¿Y qué será apología del franquismo?”, se ha preguntado para responderse a sí mismo: “¿Será apología no condenarlo con la vehemencia exigida? ¿Evitar recordar la construcción de pantanos por si la nostalgia hidráulica resulta subversiva? ¿Reconocer que en este periodo histórico se forjó una gran clase media hoy desaparecida?”, ha dicho ante aplausos de su bancada.

“La apología del franquismo no puede excusarse en la libertad de expresión ni de manifestación. Todas estas libertades tienen límites”, ha destacado en su turno el socialista Artemi Rallo, que ha definido la extinción de asociaciones franquistas como “una exigencia democrática ineludible” para respetar “la dignidad de las víctimas” y hacer “pedagogía social”.

Darán igual los estatutos

A la luz de la reforma, las asociaciones podrán ser disueltas si enaltecen el franquismo, el golpe de Estado de 1936 o la dicutadura posterior “cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas” o inciten “directa o indirectamente” al odio o violencia contra las mismas por su condición. Este nuevo motivo de disolución se aplicará “con independencia” de los fines y actividades que recogan las organizaciones en los estatutos y será un juez quien acuerde la medida.

“El orden jurisdiccional civil será competente”, estipula la reforma, que reserva al Ministerio Fiscal el “ejercicio de la acción” en este tipo de procesos, además reconoce “legitimación activa” a las entidades memorialistas y de víctimas de la dictadura. La Fiscalía podrá también valorar si inicia acciones por posibles comisiones de delitos como el de asociación ilícita, entre las que se encuentran aquellas que incitan al odio o la violencia, según el Código Penal.

Durante el debate, el grupo parlamentario popular ha acusado al Gobierno de “hacer política de polarización” y de “mirar al pasado desde el presente para polarizar el futuro” mientras ha criticado el intento del PSOE de pactar una enmienda transacional con Podemos en la fase de ponencia para evitar los juicios rápidos en casos de ocupación de viviendas, una posibilidad que ha sido vetada por los populares. Martina Velarde, de Podemos, ha lamentado “el bloqueo” de la iniciativa y, aunque ha apoyado la reforma de la ley de asociaciones, ha advertido de que “no son suficientes” medidas “cosméticas” para acabar “con la herencia franquista” en España.

Todos los socios del Gobierno han pulsado el botón verde a la hora de votar la norma. Jon Iñarritu, de Bildu, ha destacado que es “un paso en la buena dirección” aunque “llega tarde” debido a una Transición “muy elogiada” pero que “toleró que muchos gerifaltes del franquismo se insertaran en las instituciones”. Iñarritu ha calificado de “necesidad” perseguir a las asociaciones franquistas porque son “una anomalía democrática” y ha hecho referencia al “fenómeno actual” en el que “está surgiendo una nueva generación de jóvenes nostálgicos” del franquismo.

Desde ERC, Francesc Marc Álvaro Vidal también ha nombrado recientes actos de exaltación franquista como el del manifiesto que “honra” a Franco impulsado por la Plataforma 2025, a la que el Gobierno ha llevado a la Fiscalía junto a las declaraciones de un diputado de Vox del Parlament balear, Sergio Rodríguez, que deseó “un feliz día de la victoria”, en alusión al triunfo franquista en la Guerra Civil. “Hemos pasado de una cosa que se llamaba el franquismo tuvo sus cosas buenas y malas a decir ahora, como ha dicho Vox en esta cámara, que fue una etapa de reconstrucción y progreso”, ha recordado Vidal.

Por su parte, el PNV también ha votado a favor de la iniciativa y ha justificado su decisión apuntando a que la reforma “es especialmente cuidadosa de no caer en la instrumentalización ideológica de la memoria”: “Frente a las vulneraciones a la dignidad de las victimas de la Guerra Civil y la dictadura no cabe neutralidad institucional, sino deber colectivo de memoria”, ha sostenido el diputado Mikel Legarda.