La temporalidad campa por las universidades e incluso amenaza la propia viabilidad de alguna de ellas. El conjunto del sistema universitario español supera el máximo de contratos temporales permitidos por la ley (está en un 46% de media, cuando la norma marca el 40% como tope), circunstancia que aplica tanto a los centros públicos (47% de temporalidad) como a los privados, por poco (40,3%), según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU) sobre el grado de cumplimiento de las Universidades del nuevo Real Decreto sobre creación y requisitos que deben tener los campus para operar como tales.
Este hecho no es nuevo; la normativa que fijaba este porcentaje viene de 2007, pero sí incluye la novedad de que a partir de ahora aplicará a las universidades privadas. También se espera que la administración haga más por cumplir estas exigencias, dado que hasta ahora incumplir la ley le ha salido gratis a universidades y comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. Así, en total hay 45 centros en España (de los 81 analizados por el OSU) que superan el máximo del 40% de temporalidad permitido por la ley. De ellos, 32 son públicos (dos de cada tres centros del Estado) y 13 privados (un 39,4%). El proyecto de reforma del Ministerio de Universidades especifica que los centros que en el plazo de cinco años no cumplan con los mínimos perderán su condición de Universidad.
La temporalidad en las plantillas es en este momento el principal escollo que deben superar las universidades públicas para ajustarse a este nuevo Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios que está tramitando el ministerio de Manuel Castells. El proyecto actualizará la normativa vigente, firmada por José Ignacio Wert, y supone en general un endurecimiento de los requisitos que deben cumplir las universidades.
Vera Sacristán, presidenta del OSU y exprofesora de la Universidad Politècnica de Catalunya, sostiene que dado que “el grueso de las universidades incumplen”, esto se explica como “una cuestión de presupuesto y de voluntad política de las comunidades [que tienen las competencias]. Hay diferencias muy notables en ese tema entre las diversas comunidades, lo que hace pensar que tiene que ver más con decisiones políticas y de personal”, explica.
Al analizar los incumplimientos en esta materia bajo esta óptica fijándose en las autonomías que tienen varios centros públicos (para detectar un patrón que vaya más allá de una universidad concreta), se observan las diferencias que señala Sacristán. En el lado negativo, en Catalunya ni una sola de las siete universidades públicas respeta ese 40% de temporales que exige la ley (y no por poco, solo una está por debajo del 60%); en Madrid es solo una de las seis públicas (la Politécnica) y también se excede el tope por bastante, y lo mismo sucede en Valencia, donde solo una de cinco públicas está por debajo del 50% de temporales. En algún punto intermedio está Castilla y León, donde es cierto que tres de sus cuatro centros públicos exceden el límite de temporales, pero también que los tres están cerca de cumplir, todos por debajo de la mitad. En el lado positivo destaca Andalucía, donde cinco de los nueve centros públicos cumplen y de los cuatro que no, tres están cerca (por debajo del 50%). Y también Galicia, con pleno de cumplimientos en sus tres centros.
Fuera de estas comunidades, y siempre dentro de las públicas, las que más personal temporal tienen son la Universitat de les Illes Balears (62,4%), la Universidad de Navarra (57%) y la Universidad de Murcia (56,3%). Entre las privadas destacan la Universidad del Atlántico Medio (Canarias), con un 98,4%, IE Universidad (castellanoleonesa, tiene un 88% de temporales) y la Universidad Fernando Pessoa, también canaria (71%). Aquí puedes consultar el dato de todas las universidades analizadas.
“Ahora se aprecian los recortes”
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha valorado a través de una nota que “las 76 universidades que forman parte de CRUE comparten la filosofía del proyecto de Real Decreto” del Ministerio, y recuerdan que los centros tienen cinco años para adaptarse a él. En relación a la temporalidad en los campus, la CRUE explica que “se aprecian ahora, y en toda su crudeza, las graves consecuencias que supusieron las políticas de recortes impuestas en la pasada crisis económica”, que no se han revertido en su totalidad.
Respecto a la temporalidad, la conferencia de rectores señala “la imposición de una tasa de reposición extremadamente restrictiva” (Zapatero primero y luego Rajoy prohibieron el reemplazo de los funcionarios que se jubilaban durante la anterior crisis) como “uno de los principales motivos por los que ahora hay universidades públicas que no cumplirían ese requisito relativo a la plantilla de PDI (personal docente e investigador)”.
La dificultad para reponer jubilaciones, unida a una caída de los presupuestos por los recortes que rozó el 25%, llevó a las universidades a tirar de la figura del profesor asociado, que se puede contratar casi a discreción y que resulta sensiblemente más barata que cualquier otra forma de docencia. Esta figura se incluyó en la ley pensando en un experto en alguna materia concreta, con un trabajo propio que, con carácter puntual, ofreciera su conocimiento en la universidad. Por eso contempla pocas horas de docencia (tres de clase más tres de tutorías semanales o seis y seis) y poco sueldo (300 o 600 euros al mes, respectivamente): no estaba concebida para ser el modo de subsistencia de nadie. Sin embargo, ahora suponen uno de cada cuatro profesores universitarios y en algunos campus están sosteniendo la docencia.
El nuevo texto legal, que está tramitando el Gobierno, endurece con carácter general los mínimos que las universidades deberán cumplir cuando se apruebe. Los requisitos que se exigirán abarcan cuatro grandes aspectos de la Universidad: la oferta docente; la actividad investigadora; plantilla del Personal Docente Investigador; y una serie de requisitos relativos a los centros adscritos a las universidades que la mayoría incumple o sobre los que no ofrece información. Estos centros adscritos normalmente son escuelas o entidades similares, casi todos privados, que se unen a una pública para ofrecer sus títulos oficiales bajo ese paraguas.
Respecto a la oferta docente, las universidades deberán ofrecer al menos diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas oficiales de doctorado de tres de las cinco grandes ramas del conocimiento; también contar con al menos un 50% de su alumnado en grados y dobles grados y los matriculados en formación continua no podrán ser el doble o más de los que estudian títulos oficiales. En este apartado se defienden especialmente bien las universidades públicas. Todas cumplen. Las de iniciativa particular tienen más problemas, especialmente por el lado de la variedad de oferta y por la falta de programas de doctorado.
Para cumplir con los mínimos en investigación, las Universidades deberán tener cinco proyectos de investigación concedidos, un 60% de profesores con sexenios aprobados entre los profesores doctores y dedicar al menos el 5% de su presupuesto a la I+D+i. Este es el área que peor llevan las universidades privadas, según el OSU. Hasta 19 de las privadas no alcanzan el mínimo de proyectos de investigación concedidos: 14 de ellas no tienen uno solo. En porcentaje de profesores investigadores con sexenios también fallan: solo cumplen la Universidad de Loyola, La Universidad de Navarra y la Universidad de La Rioja, mientras las 48 públicas cumplen, excepto La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Burgos.
Cuando todos estos criterios apliquen, una vez aprobado el RD que se tramita, solo 12 de las 81 universidades analizadas por el OSU cumplirán todos y cada uno de ellos. Son la Universidad de Almería, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Granada, la Universidad de La Laguna, la Universidad de León, la Universidad de Oviedo, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universitat Politècnica de València, la Universidade de Santiago de Compostela, la Universidad de Sevilla, la Universidade de Vigo. Todas ellas públicas. Hasta que eso pase, a estas 12 universidades se unen otras seis, algunas privadas incluidas: la Universidade de A Coruña, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Jaén, la Universidad de Deusto, la Universidad de Loyola de Andalucía y la Universidad Pontificia de Salamanca.
[[Aquí puedes consultar al detalle el informe del OSU ¿A qué puede llamarse universidad? y los gráficos elaborados por el Observatorio]]