Precariedad en las universidades españolas. La crisis que empezó en 2008 –o más concretamente las decisiones políticas que se tomaron– menguó las plantillas de profesorado universitario hasta llevarlas directamente a la ilegalidad. El estudio Profesorado asociado: ¿experiencia profesional o precarización?, del Observatorio del Sistema Universitario catalán (OSU), calcula que en el conjunto de los campus hay un 47% de profesorado con un contrato temporal, cuando la LOMLOU estableció en 2015 que el personal docente e investigador (PDI) con una vinculación no permanente no puede superar el 40%.
En concreto, 32 de las 48 universidades públicas españolas (el 66%) superaban en el curso 2018-2019 este límite legal. Desde el OSU explican que para llegar a esta situación ha influido mucho, entre otras razones, “el elevado número de efectivos de profesorado asociado y su crecimiento reciente”. La figura del profesor asociado se incluyó en la ley pensando en un experto en alguna materia concreta, con un trabajo propio que, con carácter puntual, ofreciera su conocimiento en la universidad. Por eso contempla pocas horas de docencia (tres de clase más tres de tutorías semanales o seis y seis) y poco sueldo (300 o 600 euros al mes, respectivamente): no estaba concebida para ser el modo de subsistencia de nadie.
Sin embargo, con la recesión el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prohibió de facto a las universidades realizar concursos para contratar profesores titulares limitando la tasa de reposición del personal. Mariano Rajoy completó la maniobra recortando la financiación de los campus hasta un 25%. Pero las universidades tenían que seguir dando clases, necesitaban reponer sus bajas y cubrir necesidades. Y encontraron en esta figura, la del asociado, la válvula de escape (algunas con más entusiasmo que otras). Catalunya es el ejemplo paradigmático de esta situación: fue la comunidad autónoma que más recortó la financiación de las universidades (un 34%) y ahora es la que más profesores asociados tiene (la hora de docencia del profesorado asociado es sensiblemente más barata que la de cualquier otra figura).
Se creó de esta manera todo un cuerpo de profesionales precarios, dando clase a cinco euros la hora como único sustento. Hoy en día hay 25.081 profesores asociados (no todos son falsos asociados, como se conoce a estos docentes), uno de cada cuatro docentes en los campus.
“Se está utilizando la figura para fines para los que no estaba pensada. Se están usando para cubrir necesidades docentes ordinarias, imparten asignaturas troncales. La expansión del profesorado asociado supone una precarización del profesorado español”, ha valorado Alfonso Herranz, uno de los autores del informe junto a Vera Sacristán y con la colaboración de Albert Corominas y Albert Sánchez-Gelabert, todos ellos miembros del OSU.
El actual ministro de Universidades, Manuel Castells, es consciente del problema. El primer día que compareció en el Congreso afirmó que “la precariedad en la universidad española es un escándalo” y prometió que eliminaría la figura del asociado. Para ello pretende realizar un estatuto del PDI, texto que está en su fase incipiente y será presentado en septiembre.
Diferencias entre regiones, universidades y áreas de conocimiento
La situación no ha sido siempre así, explican desde el OSU. De hecho, en el curso 2009-2010, fecha de inicio del estudio, el porcentaje era ligeramente inferior al actual. Había entonces poco más de un 23% de asociados. Pero cuando llegó la crisis, como buenos precarios fueron los primeros en caer. “Los efectos de la crisis se hicieron notar con mucha mayor dureza sobre este colectivo, debido a la mayor facilidad para rescindir sus contratos”, reza el informe. Cayeron hasta el 20,9% en el curso 2012-13.
Y con las mismas volvieron. A partir de ese año, su número empezó a repuntar de manera estable, hasta alcanzar el actual 25,2% de las plantillas. “La recuperación de la contratación de profesorado en las universidades públicas españolas entre 2014-15 y 2018-19 ha tenido lugar, en buena medida, a través de la contratación de profesorado asociado, mientras el resto del profesorado se mantenía prácticamente estancado”, afirman los autores del estudio. Dicho de otra manera: el proceso “sería indicativo de un proceso gradual de sustitución de profesorado permanente a tiempo completo por profesorado asociado, con contrato temporal a tiempo parcial”.
Todo esto ha sucedido en paralelo a la implantación en las universidades españolas del conocido como Plan Bolonia, la creación de un espacio europeo de educación superior que desembarcó en el Gobierno firmó en 2007 y que desembarcó en los campus en el curso 2008-09 entre protestas de los estudiantes por la mercantilización de la Universidad que le achacaban a Bolonia.
El OSU especifica que la situación difiere mucho entre comunidades, entre campus y entre áreas de conocimiento incluso. Con carácter general, aunque hay excepciones, las autonomías que más temporalidad tienen y por tanto más asociados contratan son las más ricas. Así, Catalunya (con un 44,2% de asociados en sus plantillas), Navarra (41,4%) e Illes Baleares (35,6%) lideran la clasificación de comunidades con más profesores de este tipo contratado. No están solas, otras nueve comunidades (Aragón, Cantabria, las dos Castillas, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Euskadi) también incumplían el límite de profesorado temporal.
En el otro extremo, Extremadura, Andalucía y Galicia destacan por el bajo coste de esta figura. Solo estas tres, junto a Canarias y Asturias, cumplen y tienen menos de cuatro temporales por cada diez empleados docentes. Mención especial merece el País Vasco, que pese a incumplir la normativa respecto a los temporales, no lo hace por haber contratado muchos asociados: apenas cuenta con un 8,5% de ellos.
Por centros, el comportamiento ha sido bastante desigual. Mientras algunas universidades han incrementado notablemente sus asociados, otras los han disminuido también en gran proporción. Así, en el curso 2018-2019 las que más asociados tenían eran la Rovira i Virgili (58,7% de asociados, casi seis de cada diez), la Pompeu Fabra (49,5%), la Jaume I de Castellón (47,5%), la de Lleida (43,9%) y la Universidad de Barcelona (43,9%).
Enfrente, la Universidad de Jaén (5,5%), la UNED (8,4%), la Universidad del País Vasco/EHU (7,3%), la de Cádiz (8,8%) y la de Almería (9,3%) son las que menos asociados tienen, y además cuatro de ellas, excepto la del País Vasco, redujeron su número durante la casi década que duró la crisis. Entre las cinco que más asociados tienen en sus plantillas, solo la Pompeu siguió este mismo camino: el resto incrementaron sus temporales en porcentajes de dos dígitos.
Por último, explican desde el OSU, la presencia de asociados se da mayoritariamente en las ciencias sociales y jurídicas, donde suponen un 32% del total de profesores. En otras áreas, como Ciencias o Ciencias de la Salud, está en el 9% y el 20%, respectivamente. La situación, explica Herranz, es tal que en algunos departamentos de algunas universidades –que no ha citado, pero ha hablado de las facultades de Educación– alcanza hasta el 80% del profesorado. “Es difícil justificar que el 80% de las necesidades de fuerza docente de un departamento se tenga que cubrir con este profesorado tan especial”, sostiene.
Las consecuencias
Desde el OSU explican además que la situación ha derivado hasta tal punto que actualmente la figura del asociado se ha convertido en una puerta de acceso a la Universidad, desvirtuando completamente su espíritu. “La estructura por edades del profesorado asociado, mucho más joven que la del resto, indicaría que esta figura no se está utilizando para contratar especialistas de reconocida competencia para que aporten sus conocimientos y experiencias profesionales, sino que se ha convertido en muchos casos en una etapa temprana y precaria de la carrera académica ordinaria”.
Además, recurrir a estos profesores ha tenido consecuencias también para la Universidad, no solo para ellos individualmente en forma de precariedad. Herranz explica, basándose en estudios internacionales previos, que los asociados no investigan –no tienen horas dedicadas para ello, como sí tienen los permanentes–, de manera que “se reduce la capacidad investigadora de las universidades y, con ella, su capacidad de transferencia de conocimiento al conjunto de la sociedad”. También “se debilita el vínculo del PID con la institución, lo que puede empeorar la gobernanza universitaria” y “se pone en peligro la libertad académica del profesorado al aumentar su vulnerabilidad laboral” y se “empeora el aprendizaje del estudiantado”.