Las primeras bajas de profesores por COVID-19 ponen al descubierto un sistema precario e inseguro de sustituciones

Lo advirtieron los sindicatos y lo terminaron reconociendo los políticos: la vuelta al colegio en esta segunda ola de coronavirus, sin los recursos materiales o profesionales necesarios, elevaba las probabilidades de contagio. Y así ha ocurrido. En Pontevedra, Málaga, Palma o Madrid, las plantillas de docentes se han visto resentidas por los primeros casos positivos en COVID-19 sin que exista un plan seguro y eficiente de sustituciones.

De los 53 centros afectados según el Gobierno el jueves −según los datos recopilados por este periódico, entre los notificados ese día y el viernes las incidencias ya son más de un centenar−, algunos no tienen más remedio que echar el cierre, como ha ocurrido en la provincia gallega donde siete docentes guardan cuarentena, y otros hacen malabares con la nómina restante a costa de hacer estallar los grupos burbuja.

España ha contratado a casi 40.000 maestros extra a partir del Fondo del Coronavirus para reducir las ratios de niños, desdoblar las clases, garantizar la suplencia de las bajas y crear nuevos puestos como los “coordinadores COVID-19” o más profesores de adaptación intensiva para alumnos con necesidades especiales y en riesgo de exclusión. Cabe pensar que las bajas por contagio, por lo tanto, podrían cubrirse de inmediato gracias a esa bolsa de trabajo. La realidad es más complicada.

José María Ruíz, portavoz de Educación de CCOO, cree que la prioridad debe ser agilizar la incorporación de estas personas a los centros, “que tarda en torno a 10 o 15 días”. En ese tiempo, el claustro del colegio debe hacerse cargo de las clases sin profesora o profesor al frente. ¿La consecuencia? “La movilidad rompe cualquier atisbo de grupo burbuja, lo que se ha vendido como la gran medida de seguridad para la vuelta al cole”, expone el representante sindical. “La otra son las ratios por aula, que ya se sabe que no se están cumpliendo en muchos colegios”, indica.

Ruíz se refiere a la promesa de reducir los estudiantes para asegurar el metro y medio de distancia. El Ministerio de Educación sitúa en 15 el número ideal de niños para Infantil y Primaria, pero los primeros días de clase han puesto de manifiesto que las cifras bailan de comunidad a comunidad y que, en muchos casos, las exceden.

No es lo único en lo que difieren las consejerías de Educación. El mapa de la vuelta al cole es desigual debido a “diez años de recortes” y, para CCOO, “sería imprescindible regularlo con una resolución” a nivel estatal. Ratios, distancias, condiciones de la toma de posesión de la plaza de maestro y contrataciones automáticas para suplir las bajas, que este año más que nunca se prevén en aumento. Sobre todo “tras el despropósito en ciertas regiones como Murcia, Andalucía y la Comunidad de Madrid”, diferencia.

Hace una semana, la imagen de cientos de profesores madrileños hacinados a la espera de hacerse un test serológico saltaba a la palestra con la consiguiente noticia de que 3.000 de ellos daban positivo. Más tarde, se supo que solo 18 estaban contagiados, pero según la secretaria general de Educación de CCOO en Madrid, Isabel Galvín, lo más grave fue que “el estudio se hizo sin tener previsto un protocolo para que los positivos se quedaran en casa y pudieran ser sustituidos de forma inmediata”. 

Durante los cinco días que duró la comprobación, “hubo una neurosis generalizada porque el profesorado estaba desbordado y con las cuarentenas preventivas se vio que faltaba personal”, dice la portavoz sindical. Muchas escuelas de la capital estaban forzadas a abrir sin tan siquiera tener un profesor para cada grupo y con una incertidumbre absoluta sobre el ritmo de sustituciones de la Comunidad.

De hecho, es un temor que se ha hecho realidad en algunos centros públicos como el Miguel Hernández, situado en el sur de Madrid. Allí, el director tuvo que acudir el primer día de colegio solo para que le lanzaran el portátil y los apuntes desde la ventana puesto que él guarda cuarentena desde que su hija pequeña comenzó con síntomas compatibles con la COVID-19. “En mi escuela hay otras dos profesoras esperando su PCR y aisladas en casa”, cuenta Rubén Rodríguez. “En caso de que sea positiva alguna hay que empezar a tirar del hilo porque han estado en el centro y en contacto con otros compañeros”, reconoce preocupado.

Contratos de sustitución frágiles

“Los colegios pequeños tenemos prioridad para que nos cubran las bajas a los 15 días”, explica. ¿Y mientras tanto? Es un escenario “horrible” en el que prefiere no pensar porque implicaría “tirar todas estas semanas de planificación y empezar de nuevo a organizar a los profesores, además de la responsabilidad personal por la salud de las docentes y de los niños”, describe Rodríguez. 

El director admite que les ha sido imposible cumplir con las ratios de 20 niños por aula y con el metro y medio de distancia a pesar de “haber reconvertido la biblioteca, la clase de música y otros espacios” y de los cinco nuevos maestros que les ha prometido la Comunidad de Madrid, “aunque habíamos pedido seis para garantizar los grupos de desdoble”. 

También les corresponde “medio profesor de refuerzo extra” que solo estará hasta finales de diciembre. Son logopedas o profesionales destinados a niños con desfase curricular en algunas de las áreas o en riesgo de exclusión social, es decir, “recursos muy valiosos y que lastimosamente siempre tenemos de menos”. Rubén Rodríguez define esta incorporación temporal como “un desastre” para los planes sanitarios del colegio -ya que los maestros deben pendular entre dos centros-, para las condiciones laborales de los profesores nuevos y para el ritmo de aprendizaje de los niños.

Aunque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció 10.610 contratos “extra” de maestros para paliar la situación COVID-19, solo 350 se han incorporado de momento y cientos de ellos han renunciado a la plaza ante las dudas por la duración y las condiciones de las mismas, como anunció CCOO. Esto, unido a que las 1.117 personas de refuerzo solo permanecerán hasta navidades, es otra muestra de “la precariedad que produce ir por la vía de la sustitución”, se lamenta Galvín. “Puede suponer que Madrid no consiga atraer ni mantener al profesorado necesario para poner en marcha una vuelta al colegio segura”, sentencia.

En el caso de la capital, la Consejería ha prometido que los contratos trimestrales solo afectarán a las plazas de refuerzo, pero que los 6.000 docentes destinados a las vacantes de la educación pública “pueden estar tranquilos”. Algo que no ocurre en otras comunidades como Andalucía y Murcia, donde todos estos contratos durarán en principio hasta finales de año. En Catalunya, Aragón, La Rioja, Extremadura, Canarias, Galicia y País Vasco y Valencia, en cambio, las nuevas incorporaciones se mantendrán todo el curso lectivo. 

En Catalunya tienen otros frentes abiertos, como el medio centenar de interinos que denunciaron que la Generalitat les dejó sin la plaza al causar baja por coronavirus antes de empezar. “Estaba emocionada, llevaba tres años esperando para una vacante para todo el curso”, explicaba Marta (nombre ficticio) a elDiario.es, que había sido aceptada para un colegio en Barcelona, pero el fin de semana previo al regreso a las aulas tuvo síntomas y acudió a hacerse una PCR. “Me dijeron que podía empezar de forma telemática”, aseguraba.

Al no tomar posesión de forma presencial, sin embargo, le comunicaron que con la baja –al final dio positivo– le quitaban la plaza. “No me parece una norma coherente, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Ir al colegio el lunes a ocupar mi puesto de trabajo para conservarlo y arriesgarme a crear un brote?”, se preguntaba esta docente. Según CGT y CCOO, Catalunya ha dado marcha atrás en algunos de los casos después de que estos saliesen a la luz en los medios.

Mientras, los profesores de Galicia, Murcia, Baleares, País Vasco y Madrid se preparan para una huelga hasta finales de mes. Reclaman un aumento de personal docente, la disminución de ratios y, sobre todo, más diálogo con las autonomías para “no cargar sobre sus hombros” con una “vuelta a clase segura”.