Es casi el peor momento para llegar al Ministerio de Sanidad. La marcha de Salvador Illa para ser candidato a la presidencia de Catalunya, anunciada el 30 de diciembre, se hace efectiva este martes. El mes que ha transcurrido desde entonces ha servido para hacer realidad los peores vaticinios de fin de año sobre la evolución de la pandemia y salpicar el plan de vacunación contra la COVID-19 de problemas. Quien sea la elección del presidente Pedro Sánchez para asumir el cargo –todo apunta a la actual ministra de Política Territorial, Carolina Darias– no tendrá casi tiempo para aclimatarse. Mucho menos 100 días de gracia.
La ola que va a hacia 'tsunami' pandémico
El día que se supo que Salvador Illa se presentaría como cabeza de lista del PSC, España tenía una incidencia acumulada de 265 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas. “No podemos estar tranquilos con esta IA”, decía entonces Illa, quien no descartaba “una tercera ola”. Este lunes, ese indicador fue tres veces superior: 884 casos. La curva de contagios se ha convertido en una línea casi perpendicular una vez pasado el plan especial de Navidad.
Este nivel de transmisión de la COVID asegura un arranque difícil para el nuevo ministro o ministra. Mientras la curva de contagios escala, está todavía por ver el efecto que el volumen de pacientes ocasionado por esta tercera ola va a tener en la presión asistencial. Es decir, la saturación en los hospitales tanto en camas ordinarias como unidades de cuidados intensivos.
En este sentido, estos casi treinta días de despedida de Salvador Illa han evidenciado una evolución muy negativa. El 30 de diciembre de 2020 se registraba una ocupación del 9,8% de camas generales dedicadas a la COVID-19 y un 21,4% en las UCI. Ahora, un mes más tarde, el 24% de las plazas hospitalarias están dedicadas a la pandemia. Las plazas de cuidados intensivos han saltado al 40%. Y aún están por llegar a los hospitales los pacientes graves y críticos que causarán en las próximas dos semanas las infecciones de estos días. Esperan “meses muy duros”, insistía Illa durante la última semana del año pasado. La pandemia lo confirma.
La difícil cogobernanza con las comunidades autónomas
La cuestión es que, gracias a la relajación de restricciones en el mes de diciembre y las celebraciones navideñas, la COVID-19 halló nuevas cadenas de contagio. La transmisión se ha acelerado. Ahora, las comunidades autónomas han entrado en una nueva fase de endurecimiento de medidas ante el panorama que ha tomado la pandemia. Los anuncios de los gobiernos autonómicos se suceden, a veces, con días de diferencia: cierre de comercios, limitación de reuniones y toque de queda más temprano. Sin ir más lejos, Castilla y León decretó la hora de cierre en los hogares a la 20.00 horas, pero el propio Gobierno central recurrió la decisión por no estar contemplada en el decreto que permite confinar durante algunas horas a la población.
A quien reciba la cartera de Sanidad le tocará acomodar las peticiones de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. De hecho, en la última sesión a la que asistió Salvador Illa, el 20 de enero, un grupo amplio de comunidades querían que se modificara el decreto de Estado de Alarma para adelantar el toque de queda. Euskadi, Galicia, Andalucía, Asturias, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares y Castilla y León pretendían poder marcarlo antes de las 22.00.
A pesar de que, finalmente, no se adoptó esa medida, la nueva dirección del Ministerio volverá a tener encima de su mesa movimientos similares si la evolución de la enfermedad continúa en cifras tan altas como las actuales.
Cumplir el plan de vacunación a pesar de los problemas con las dosis
España comenzó su plan de vacunación con lentitud. Sin embargo, ha acelerado. Es el segundo país de la Unión Europea con mayor despliegue de vacunas. Salvador Illa se ha despedido asegurando que el objetivo es el mismo que cuando se trazó la estrategia: un 70% de la población inmunizada en junio de 2021.
El nuevo o nueva titular tendrá que lidiar con las recientes dificultades que ya se dibujan en el horizonte. Por un lado, la incapacidad de algunas farmacéuticas para cumplir con los compromisos adquiridos. Pfizer, de momento el proveedor más cuantioso de sueros, decidió hace dos semanas rebajar los volúmenes de envíos para “reajustar” su cadena de producción. Se hacía, adujo la compañía, para conseguir incrementar la fabricación de su producto.
Además, la Unión Europea ha accedido a contabilizar oficialmente el extra de suero que contienen los viales de Pfizer como una dosis más por lo que cada frasco comprometido que llegue a España, tiene a partir de este lunes seis inyecciones en lugar de cinco. Pero ese extra precisa de unas jeringas específicas de las que no todas las comunidades autónomas han hecho acopio suficiente.
A este problema se le ha unido, además, la declaración de la farmacéutica AstraZeneca de que no va a poder producir las cantidades de vacunas comprometidas con la Unión Europea para su entrega tras la aprobación de la Agencia del Medicamento prevista para esta semana. El producto de la compañía británica (desarrollado con la Universidad de Oxford) tiene un papel importante en la estrategia de vacunación, ya que es mucho más barata que los sueros de Pfizer y Moderna y no tiene unas exigencias de mantenimiento tan fuertes. Puede trasladarse y almacenarse con más facilidad.
Y para completar el panorama, todo el plan se está viendo lastrado por los casos de vacunaciones fuera de protocolo por parte de algunos cargos públicos (desde consejeros autonómicos a alcaldes) o grupos no considerados prioritarios como personal jubilado de algún hospital madrileño o personal no sanitario de otros centros. Hasta el momento, la respuesta siempre esgrimida por Illa ha sido que “todo el mundo sabe a quién hay que vacunar”.
Lo que la pandemia ha relegado
Hasta el momento, la pandemia de COVID-19 ha hecho que un Ministerio con pocas competencias y poco personal, como el de Sanidad, se haya convertido en un puesto clave para el Gobierno de coalición. Pero, al mismo tiempo, ha impedido el desarrollo de algunos programas que deberán volver en algún momento incluso reforzados por las lecciones que ha impuesto la enfermedad.
Así, queda pendiente el plan para reforzar la Atención Primaria, ya redactado y que el coronavirus ha evidenciado como vital para el sistema sanitario. De igual manera, el golpe de esta patología infecciosa y global ha convertido en protagonista a la Salud Pública cuya ley general está pendiente de desarrollar y cuyos recursos han sido los olvidados habituales en los presupuestos generales y autonómicos ejercicio tras ejercicio.