Los profesionales de la educación amenazan con rebelarse. Profesores, personal de servicios, inspectores y algunas asociaciones familiares se están revolviendo estas semanas ante lo que, a día de hoy, se prevé como una vuelta a clase casi normal en medio de una pandemia. “En Murcia nos dicen que no haya reuniones de más de 15 personas, pero planean una vuelta a clase con 35 alumnos en 50 metros cuadrados”, resume en 26 palabras Raimundo de los Reyes, director de un instituto murciano y presidente de Fedadi, la mayor asociación de directores de centros de Secundaria de España. Es un sentir creciente entre el profesorado de casi toda España: las administraciones están planificando una reapertura de los centros educativos sin las medidas de seguridad mínimas exigibles y los docentes amenazan con plantarse. De momento no suenan tambores de huelga, pero el run run de fondo va in crescendo.
Las denuncias se suceden estas semanas en las que colegios e institutos ya van a echar el cierre con todas las supuestas medidas adoptadas de cara a septiembre, porque pese al mito son muchos los profesionales de la educación que han estado trabajando este mes de julio. No hay jornada que algún colectivo de algún rincón de España no levante la voz o emita un comunicado ante lo que ya parece una realidad: las contrataciones de profesores van a ser escasas siendo generosos (aunque hay excepciones, como la Comunitat Valenciana), la posibilidad de aumentar espacios en unos centros que ya sobrepasan su capacidad inicial nunca fue una alternativa real y, por tanto, la idea inicial del Ministerio de Educación de que las aulas tuvieran 15 alumnos parece ya una propuesta inalcanzable.
La principal medida de seguridad en los colegios será calzarse bien la mascarilla y a clase. 30 o 35 alumnos en 40 o 50 metros cuadrados. De propina, los directores tendrán que nombrar un responsable COVID que establezca un protocolo sanitario en los centros y estar atentos por si algún alumno desarrolla síntomas compatibles con la enfermedad. Cómo los van a diferenciar de, por ejemplo, una gripe común es algo que, se supone, tendrán que aprender sobre la marcha. “No somos sanitarios, no tenemos esa formación”, recuerdan los profesores, que rechazan esa responsabilidad.
En Galicia se vienen celebrando protestas desde el pasado miércoles, bajo el argumento de que el Gobierno de Núñez Feijóo “solo tiene en cuenta el criterio del coste cero”. Tras meses de pandemia, las instrucciones para septiembre llegaron hace una semana. En Aragón, comunidad especialmente sensible estos días por el aumento de los casos, cuatro sindicatos exigen al Ejecutivo regional que se siente a negociar. En Andalucía, 150 centros han enviado una carta a la Consejería de Educación rechazando que les hayan cargado con la responsabilidad de redactar un protocolo y explicando que no pueden abrir sus puertas en las condiciones actuales y con los medios disponibles. Madrid arde desde hace semanas, y el anuncio de la Consejería de que hay 6.000 docentes “disponibles” (pero no contratados) no ha ayudado a apaciguar los ánimos.
En Castilla y León, la Junta de Personal Docente de León y la Federación Leonesa de Ampas (Felampa) consideran que la Consejería de Educación “se está lavando las manos” y “volcando las responsabilidades en los centros”. En Castilla La Mancha, los sindicatos también denuncian que las medidas tomadas son “insuficientes”. En Euskadi, la consejera ha explicado que empezarán con su primer escenario, “que es de una situación prácticamente normalizada (...) que no prevé la contratación de un mayor número de profesores”. Son solo algunos ejemplos.
Las buenas prácticas: Valencia y Ceuta
Sin embargo, no todos son malos. Desde otras comunidades se mira con cierta envidia la situación en la Comunitat Valenciana que, si bien no es la ideal, concede Toni González Picornell, presidente de la Asociación de Directores de Instituto del País Valenciano ADIES-PV, al menos sí ha atendido algunas reivindicaciones de los profesionales. En esta autonomía, que ha contratado más de tres mil profesores para Infantil y Primaria y otros mil para Secundaria, la propuesta sí pasa por desdoblar los grupos, garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros y alternar su asistencia a clase, una mitad cada día (grosso modo), explica González. Se primará la asistencia de los alumnos más pequeños (100% presencial hasta 1º de ESO) y hasta donde se pueda llegar, favoreciendo a los niveles más complicados: los grupos de refuerzo, la FP Básica (que acoge a alumnos con problemas para seguir el ritmo en Secundaria) y 2º de Bachillerato, preparatorio de la EBAU, la antigua Selectividad.
“Es cierto que hay más profesorado, pero hemos tenido que renunciar a algunas cosas también”, explica González. Por ejemplo, los refuerzos en determinados niveles. También les siguen quedando dudas: “Según vayan apareciendo brotes, ¿hay que usar la mascarilla en clase? [cuando se dictaron las instrucciones, las mascarillas no eran obligatorias si se cumplía la distancia de seguridad] ¿Aumentarán el servicio de transporte para garantizar también ahí la distancia y poder gestionar las entradas escalonadas? ¿Nos permitirán que no tengamos barreras a la hora de confeccionar estos horarios escalonados en la asistencia al centro?”, se pregunta este director. Dudas de un directivo valenciano extensibles a todo el territorio.
Estos días también se ha hablado para bien de la propuesta para Ceuta, realizada por el Ministerio de Educación al ser un territorio bajo su competencia, el único, de hecho, sobre el que tiene competencia directa el Gobierno central. En la ciudad autónoma, a diferencia de todas las Consejerías regionales, que enfocan la situación como un problema de cada centro, Educación “aborda el problema de la COVID como un problema de ciudad y parte de la colaboración interinstitucional como única vía para dar respuesta” a los problemas que se puedan generar, explica el profesor de la Universidad de Granada Fernando Trujillo.
Resumido con trazo grueso, el plan ceutí contempla la docencia presencial al 100% para Infantil y Primaria, con clases desdobladas de 15 alumnos como máximo –al menos el Ministerio sí cumple sus propias recomendaciones– que acudirán en dos franjas horarias distintas. La idea es extender esta presencialidad del 100% hasta los 14 años. El resto del alumnado de ESO, Bachillerato y FP trabajará con un modelo mixto: grupos divididos por la mitad y los viernes, teleenseñanza para todos.
Y si van a mandar alumnos a casa, ¿qué pasa con la conciliación? Se crearán aulas de conciliación familiar asistidas por personal contratado por el Ayuntamiento para el alumnado cuyos progenitores acrediten que tienen que acudir a sus puestos de trabajo fuera del domicilio. El plan también contempla habilitar espacios municipales para estos desdobles o los programas de conciliación (bibliotecas, aulas del campus de la UGR en la ciudad, pabellones deportivos...) y contratar unos 400 profesores si fuera necesario.
No es solo protestar
Los docentes no solo protestan, tienen bastante claras sus propuestas, que puede resumirse en dos que en realidad son la misma: más contrataciones de profesores para tener ratios más bajas (menos alumnos en cada clase), de manera que se pueda mantener la distancia de seguridad y trabajar mejor. Pero son pocas las administraciones que han abrazado ese camino, y menos las que lo han hecho de manera que tenga un cierto impacto.
Andalucía, por ejemplo, va a contratar unos 6.000 docentes, una cifra que no llega a suponer un profesor más por colegio. Catalunya se maneja en términos similares: unos 5.000 profesionales más para 4.600 centros. Castilla La Mancha va a duplicar esas cifras: 3.000 nuevas contrataciones para 1.500 centros, unas cuentan que incluyen a los privados. Madrid va a firmar a 600 profesores más y solo ampliará la cifra si hay un cambio de escenario hacia la teledocencia. La Comunitat Valenciana, una de las más alabadas por su respuesta a la crisis educativa, va a incorporar a algo menos de 4.500 profesores para sus 1.847 centros, algo más de dos por colegio. CCOO calcula que para cumplir aquella idea inicial de los 15 alumnos por clase harían falta unos 166.000 docentes extra. Las cuentas, estas cuentas al menos, no salen.
Estas protestas de directores y profesores están teniendo también un efecto secundario difícil de medir en cuanto a su impacto, pero existente: choques entre familias y docentes porque aquellas dicen que estos se han acomodado y quieren seguir con la docencia online. En las respuestas a este hilo de Twitter de una maestra, que ha corrido como la pólvora estos días y que expone por qué no cree seguro volver a clase en septiembre en estas condiciones, se observa este fenómeno. Las familias están preocupadas por la conciliación y por lo que harán con sus hijos tras la vuelta al cole si hay escenarios de enseñanza parcial a distancia o incluso de cierre de colegios ante posibles brotes.
“Quien opine que nos ha gustado lo que ha pasado no se acerca ni de lejos a la realidad. La inmensa mayoría del profesorado ha hecho un sobreesfuerzo, la no presencialidad implica más trabajo. Es un sobreesfuerzo por la reprogramación, el cambio de método, el seguimiento de los alumnos...”, replica De los Reyes, el director de un instituto murciano. “Los problemas de conciliación también los entendemos, pero si hay que garantizar que a los menores de 14 años haya que 'depositarlos' en algún sitio, ese sitio no tiene por qué ser la escuela”, añade, ahondando en un concepto que los profesores repiten estos días: ellos son profesionales de la educación, no de los cuidados de menores, y solventar los problemas de conciliación es una cuestión de la administración en su conjunto o, en su caso, de las empresas de los padres.
Las familias, o al menos Ceapa, el órgano con más representatividad en la escuela pública, tampoco están especialmente contentas. Esta federación, que agrupa a 12.000 AMPAS de todo el Estado, lamenta que no se haya tenido en cuenta su opinión ante la vuelta a las aulas y exige que a partir de septiembre el curso sea “100% presencial como garante de la igualdad de oportunidades del alumnado”. Todo apunta a que la organización puede estar tranquila: a no ser que la evolución de la pandemia lleve a un cierre más o menos ordenado, las Consejerías de Educación están en eso con carácter general. Todos a clase como plan A y si llegan rebrotes se pasa al plan B de semi presencialidad (partir los grupos por la mitad y dar clases presenciales en días alternos) o volver a la enseñanza a distancia en el peor escenario.
Menos suerte parece que va a tener Ceapa con otras de sus reivindicaciones, compartidas con los maestros: la bajada de ratios y el diseño de planes de conciliación familiar y laboral. El descenso del número de alumnos por aulas ni está ni se espera, salvo excepciones como Valencia; de la conciliación se puede decir lo mismo.
Sea como sea, es final de julio y poco margen de maniobra queda ya. Excepto algunos, que aún seguirán reuniéndose y buscando soluciones los primeros días de agosto, los centros educativos cierran y lo siguiente que les espera es recibir la avalancha de estudiantes a partir de la segunda semana de septiembre. “Se ha perdido demasiado tiempo en elaborar instrucciones que en la mayoría de los casos no sirven de gran cosa a los centros educativos (...) y ahora todo se para. ¿Es demasiado tarde para una actuación global-local adecuada? Puede que sí, siento decirlo”, cierra el profesor Trujillo.
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*Esta pieza ha sido editada a las 17.14 para corregir el número de colegios en la Comunidad Valenciana. Se indicaba por error que hay 3.690 cuando en realidad son 1.847, de manera que contarán de media con más de dos nuevos profesores por centro.